8.5.- UNIVERSALIDAD DE LA POLÍTICA SOCIAL

Sobre este tema, son relevantes las siguientes ideas: Machinea acota que la acepción de universalidad implica garantizar a todos los ciudadanos, precisamente en virtud de tal condición, determinadas protecciones o beneficios fundamentales que se consideran necesarios para que participen plenamente en la sociedad en que viven. Como tal, dicho principio busca que todos los miembros de la sociedad cuenten con la certeza de que ésta les asegura un nivel y una calidad de bienestar considerados básicos, que deben ser los máximos que permita el desarrollo económico en un momento dado. Esta universalidad es la que genera cohesión social y pertenencia y, en última instancia, la gobernabilidad indispensable para la construcción de un consenso social.

Señala que si bien el principio de universalidad apunta a asegurar la protección para quien no pueda autónomamente acceder a ella en forma definitiva, parcial o temporal, por razones involuntarias, ello no necesariamente significa que el acceso a los servicios sociales se deba otorgar siempre de manera enteramente gratuita o automática, sin que medie una contribución específica, el pago de impuestos generales o una prueba de medios. Sin embargo, la universalidad no es contraria a la posibilidad de establecer criterios de selectividad o focalización.

Indica que puesto que la falta de universalidad afecta principalmente a los más pobres, la selectividad o focalización debe entenderse como el instrumento, o conjunto de instrumentos, que permiten orientar las acciones, particularmente la asignación de subsidios, para que la población más carente acceda a los servicios y garantías sociales básicas.

Por ello, la focalización no debiera ser el objetivo de la política social, sino una condición que, bien aplicada, hace más eficaz la universalización de los programas sociales y por ello constituye también parte integral de una política social de Estado.

Cordera sustenta que la universalización de la política social debería buscar materializar los derechos sociales constitucionales, en particular en el caso de la educación, la salud, la vivienda, y la seguridad social. Aumentar con solidez la calidad de vida de todos, y al mismo tiempo fortalecer la formación de recursos humanos para el desarrollo y la cohesión social, debería ser un propósito explícito que reforzará los mandatos constitucionales, Apunta que el carácter universal de las políticas sociales, genera cohesión social y le da vigencia y materialidad al concepto de ciudadanía. Garantizar a todos los ciudadanos, en virtud de tal condición, determinadas protecciones y beneficios asoma a cada día con más claridad, como una condición fundamental para que sus perceptores participen plenamente en la sociedad en la que viven.