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Universalidad de
la Política Social
Sobre la universalidad, son relevantes las siguientes ideas:
Machinea
anota que concepto de universalidad implica garantizar a todos los ciudadanos,
precisamente en virtud de tal condición, determinadas protecciones o beneficios
fundamentales que se consideran necesarios para que participen plenamente en la
sociedad en que viven. Como tal, dicho principio busca que todos los miembros
de la sociedad cuenten con la certeza de que ésta les asegura un nivel y una
calidad de bienestar considerados básicos, que deben ser los máximos que permita
el desarrollo económico en un momento dado. Esta universalidad es la que genera
cohesión social y pertenencia y, en última instancia, la gobernabilidad
indispensables para la construcción de un consenso social.
Señala que si bien el principio de universalidad apunta a asegurar la protección
para quien no pueda autónomamente acceder a ella en forma definitiva, parcial o
temporal, por razones involuntarias, ello no necesariamente significa que el
acceso a los servicios sociales se deba otorgar siempre de manera enteramente
gratuita o automática, sin que medie una contribución específica, el pago de
impuestos generales o una prueba de medios. Sin embargo, la universalidad no es
contraria a la posibilidad de establecer criterios de selectividad o
focalización.
Indica que puesto que la falta de universalidad afecta principalmente a los más
pobres, la selectividad o focalización debe entenderse como el instrumento, o
conjunto de instrumentos, que permiten orientar las acciones, particularmente la
asignación de subsidios, para que la población más carente acceda a los
servicios y garantías sociales básicas. Por ello, la focalización no debiera
ser el objetivo de la política social, sino una condición que, bien aplicada,
hace más eficaz la universalización de los programas sociales y por ello
constituye también parte integral de una política social de Estado.
Cordera
sostiene que la universalización de la política social debería buscar
materializar los derechos sociales constitucionales, en particular en el caso de
la educación, la salud, la vivienda, y la seguridad social. Aumentar con
solidez la calidad de vida de todos, y al mismo tiempo fortalecer la formación
de recursos humanos para el desarrollo y la cohesión social, debería ser un
propósito explícito que reforzará los mandatos constitucionales,
Anota
que el carácter universal de las políticas sociales, genera cohesión social y le
da vigencia y materialidad al concepto de ciudadanía. Garantizar a todos los
ciudadanos, en virtud de tal condición, determinadas protecciones y beneficios
aparece cada día con más claridad, como una condición fundamental para que sus
perceptores participen plenamente en la sociedad en que viven.
José Luis Machinea: Institucionalización de la política social
para la reducción de la pobreza, Conferencia, México, 28 de septiembre
de 2004, pp. 14-15