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PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA SOCIAL

Franco 15 dice que los principios orientadores de la política social tienen que ver con la definición de su población-meta (universalización), la consecución del objetivo buscado (impacto) y la utilización de los medios asignados a alcanzarlo (eficiencia).

a) El universalismo ha sido parte del discurso social tradicional, aunque en general se lo ha interpretado como el esfuerzo por generalizar una oferta de bienes y servicios igual para todos aduciendo, entre otras cosas, que ello contribuiría a elevar la cohesión social. Pero la práctica latinoamericana siempre mostró desigualdades notorias en esa provisión, por lo cual se ha hablado de universalismo excluyente, en unos casos, y estratificado, en otros. La primera acepción pone énfasis en los que quedan al margen de cualquier protección; la segunda, si bien acepta que muchos son atendidos, destaca que reciben prestaciones que varían en monto y calidad y enfatiza que esas diferencias no tienen que ver con las necesidades, mayores o menores, de cada cual sino con el status de los beneficiarios. Quienes reciben las mejores atenciones pertenecen a los sectores más instruidos, más informados, más organizados, o viven en áreas mejor dotadas de servicios, y disponen de un mínimo de recursos para hacer frente a los costos en los que debe incurrirse para obtener los bienes o servicios que implica la prestación (transporte y tiempo, como mínimo; a veces pago de una tarifa). El acceso a esa oferta ha sido siempre difícil para quienes, aún teniendo mayores necesidades, carecen de las características enunciadas.

Las políticas universalistas así entendidas tienen alto costo y bajo impacto. Una oferta que quiera igualar por arriba y llegar a todos resultará muy cara. Para ajustarla a los recursos disponibles “manteniendo” el principio, suele disminuirse la calidad de las prestaciones y, por tanto, se deteriora casi seguramente el impacto del programa sobre los beneficiarios, o bien se recorta la "universalidad" por criterios no transparentes que orientan los servicios hacia un grupo restringido que tiene el poder suficiente para imponer su interés. No es baladí recordar que el corporativismo suele ser un rasgo característico de los sistemas políticos de la región.

Por ello, hay que entender la universalización de otra manera. Se trata, en verdad, de perseguir la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. Algunas podrán solventarlas con sus propios ingresos, mientras que eso sería imposible para otras, en diferente proporción y será responsabilidad del Estado el facilitar esos satisfactores.

b) El elemento clave en los programas sociales es el impacto, esto es, la medida en que un proyecto, en función de sus objetivos, transforma alguna parcela de la realidad. Pero hay factores no relacionados con la eficiencia operacional que pueden dificultar y hasta impedir que muchos proyectos sociales alcancen los fines que persiguen. La evaluación de impacto calcula los efectos netos del proyecto, eliminando los cambios derivados del contexto. Determina, en fin, en qué medida el proyecto ha alcanzado sus objetivos, qué cambios ha producido en la población beneficiaria, y cuáles fueron sus efectos secundarios (previstos y no previstos).

c) La eficiencia, mide la relación que existe entre los productos (bienes o servicios) que se entregan a través de la política social y los costos de los insumos y las actividades que se llevan a cabo para obtenerlos. Como los recursos siempre son escasos frente a necesidades crecientes, la eficiencia es muy importante también en la política social, aunque erróneamente algunos tiendan a pensar que es propia de un enfoque economicista. También debe tenerse presente que los productos, en los programas sociales, son necesarios para lograr el fin, pero no son el fin. Cabe sostener que al descentralizar, puede mejorarse el diagnóstico, por cuanto es posible suponer que en el nivel local resulta más fácil identificar necesidades, conocer en profundidad los problemas a enfrentar y, por tanto, también postular soluciones más pertinentes, dado el tamaño más pequeño tanto del territorio como de las personas implicadas, lo que permitía realizar un mejor cálculo de las ventajas e inconvenientes de las acciones a implementar, y llevarlas a cabo de manera más directa y rápida. Todo lo anterior puede ser cierto siempre que el cuerpo técnico encargado de realizar el diagnóstico y plantear soluciones tenga la suficiente formación técnica y conocimiento de las soluciones que se están llevando a cabo en otros lugares del país, de la región y del mundo. En caso contrario se corre el riesgo, común por cierto, de no aprovechar la acumulación de experiencias producidas fuera de su limitado terruño.

15 Rolando Franco: Descentralización, participación y competencia en la gestión social, VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003, pp. 4-5