Las cifras son concluyentes, los países con altos niveles de desarrollo también registran elevados niveles de gasto en investigación y desarrollo tecnológico¹. El reto, entonces, se relaciona con la búsqueda de formas posibles y realistas para mejorar la situación en nuestros países.

Desde un punto de vista puramente político estadístico es sencillo presentar cifras exitosas. Y pueden serlo. Sin embargo, la atención efectiva tiene que ver con que si esos niveles efectivamente nos están llevando hacia estadios superiores de desarrollo (Gráfico Nº 5).

En todos estos análisis debemos considerar una variedad de elementos: tasa sobre PIB, por cierto; tasa de crecimiento anual real en I+D; cadencia o velocidad de cambio de la situación local en ciencia y tecnología, producto del incremento en I+D, es decir, hallazgo de novedades científicas en el nivel local y, finalmente, incidencia en la solicitud de patentes, cobro de regalías e impacto en la dinámica del crecimiento.

Se debe preferir gastar en disciplinas que incidan específicamente en la calidad de vida de mañana y en las aspiraciones de desarrollo. Lo anterior implica, por cierto, iniciar un plan de gastos desde el presente, haciendo frente paulatina y crecientemente al cumplimiento de las metas, enmarcadas en un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo para las primeras tres décadas del siglo², en el caso de los estados, y de un Plan de Objetivos Comunes en Ciencia y Tecnología para América Latina. En este último caso se deben agotar esfuerzos en integración y cooperación que permitan articular organismos de I+D comunitarios, en el mismo horizonte de tiempo.

La meta típica del 1% del PIB no es suficiente. Si efectivamente estamos comprometidos con las generaciones venideras debemos realizar un colosal trabajo en esta materia. Estamos ante la gran decisión de elevar el gasto absoluto en I+D en beneficio no de la actual ciudadanía, sino de las generaciones que aún no nacen, que son las que, en definitiva, se verán favorecidas con los avances en los campos de la salud, alimentación, medio ambiente, configuración industrial y estructura económica.

Las metas o funciones objetivo de gasto en investigación y desarrollo deben adecuarse no sólo a las capacidades de los presupuestos nacionales actuales, resulta ineludible dar golpes de timón en este punto. Incluso, y es probable que así sea, se debiliten partidas presupuestarias en otras materias. Por cierto muchas áreas de los presupuestos podrían funcionar con menos recursos, en tanto se eliminen trabas burocráticas, amiguismos, corrupción, y se eleve las competencias de funcionarios públicos. El impacto de estas decisiones es tan trascendente, que la simple observación de la brecha entre nuestros países y las naciones industrializadas nos indica el tamaño de los esfuerzos a realizar.

Los informes de la ONU en este campo lo ilustran³. El Gráfico Nº 6 es elocuente, las sociedades líderes han logrado establecer equipos de investigadores activos por sobre los 2.500 hasta más de 4.500 científicos y tecnólogos⁴ dedicados a tareas de I+D. Los países latinoamericanos con mayor contingente de investigadores como Argentina, Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay y Brasil, se sitúan por debajo de los 500 investigadores⁵. Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Panamá no logran superar el centenar. Es decir, no se logra alcanzar ni remotamente un quinto respecto de las economías más desarrolladas. Así entonces, la producción de ciencia y tecnología latinoamericana es exigua, y ello explica el alto nivel de tecnología adoptada. Desde semillas hasta tractores, vacunas y tratamientos médicos, maquinaria industrial y sistemas expertos para la producción. Incluso, la gigantesca expansión de las telecomunicaciones emplea millones de teléfonos portátiles y equipos de computación provenientes del Hemisferio Norte y de las economías especializadas de Oriente.