La dimensión de la representatividad. Uno de los grandes espacios históricos de conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo es el área presupuestaria. Por ello, uno de los mayores obstáculos al proceso participativo puede ubicarse, efectivamente, en las razones históricas de la construcción del propio proceso presupuestario.

La función básica del legislativo es mantener el equilibrio entre los poderes, limitando la exacerbación del ejercicio del poder por parte del ejecutivo, en el cumplimiento de su papel de fiscalizador y de mediador legítimo de los intereses de la sociedad.

La creación de una nueva instancia de representación y de intermediación entre sociedad y poder público en el proceso decisorio de asignación de recursos públicos, establece un cierto tipo de competencia entre los poderes que puede anular o desvirtuar el papel del canal político convencional - que es el legislativo. Puede, entonces, representar una distorsión de la fórmula tradicional de elaboración de los presupuestos públicos, en la medida en que la participación del legislativo quedaría opacada por la actuación de una nueva instancia de representación de los intereses sociales y comunitarios.

En definitiva, a pesar de su limitación política en cuanto a fragmentar el proceso decisorio, y en consecuencia, dificultar una intervención en el espacio urbano compuesta por acciones correlacionadas entre sí y que mantengan una visión coherente de la totalidad, el presupuesto participativo se constituye sin duda, en un instrumento que puede aumentar la eficacia de la acción pública. Entendiendo la eficacia como el arte de hacer las cosas ciertas, y el presupuesto participativo como una técnica de consulta a la población, se hace evidente su contribución a la eficacia de los gobiernos municipales.