CUBA: UNA EXPERIENCIA DE DESARROLLO RURAL

El tema acerca de la experiencia cubana en la esfera del desarrollo rural formó parte de una ponencia presentada a la conferencia internacional sobre “Relaciones Agrarias y Desarrollo Rural en los Países en Desarrollo” que se celebrara en Calcuta en los primeros días de enero del 2002. La importancia del desarrollo rural para los países que conformamos el llamado Tercer Mundo difícilmente pueda exagerarse. La pobreza extrema, el hambre, el desempleo y la marginalización de la agricultura y la subvaloración del desarrollo rural son realidades que afectan a centenares de millones de personas, y además de impedir el despegue industrial de nuestros países, recrea el círculo vicioso de la dependencia centro-periferia.

En este trabajo se pretende bosquejar apretadamente la experiencia cubana en cuanto al desarrollo rural con sus lados positivos, sus contradicciones y expectativas de cara a la presente y bien difícil centuria.

A modo de exergo cabría enunciar los hitos históricos más importantes del desarrollo rural en Cuba desde el triunfo revolucionario en 1959 a la fecha: la conversión del fondo de tierra nacional en propiedad de la nación, de los trabajadores, cooperativistas y campesinos; el desarrollo de procesos de cooperativización bajo el principio de la voluntariedad; el reconocimiento del modelo campesino como compatible con el proyecto social; la ampliación del fondo de tierra cultivable y la diversificación productiva sin renunciar a la producción especializada acorde a la división mundial del trabajo, el proceso de modernización de la base material y técnica de la agricultura y su articulación con la ciencia nacional, orientado a la elevación de los rendimientos agrícolas, la conservación del equilibrio ecológico, la humanización del trabajo agrícola y la promoción del desarrollo humano en el campo: empleo pleno, vivienda, educación, salud, deporte, cultura y seguridad social.

Cuba hasta 1959 pertenecía a esa constelación de países capitalistas neocoloniales, llamados subdesarrollados,[2] con la agravante de ser un país además pequeño y periférico, y el primer modelo neocolonial en la era del capitalismo monopolista desde la intervención de los EEUU en la Guerra Hispano-Cubano-Americana en 1898. La neocolonia frustró la aspiración de los cubanos y de su guía máximo, José Martí, a la independencia nacional luego de una lucha que durara más de 30 años frente al colonialismo español.

El régimen capitalista en Cuba emerge como modo de producción dominante al liquidarse el régimen esclavista en 1886 y se generaliza el trabajo asalariado en la agroindustria azucarera, eje central de la matriz económica nacional. La invasión de la oligarquía financiera norteamericana en el primer cuarto del siglo XX impuso el dominio ilimitado del capital monopolista sobre los nudos principales de la economía y la satelización política de la Isla de modo tal que durante casi 60 años se consolidaron los patrones de la acumulación Centro-Periferia que terminaron de deformar la economía, convirtiéndola en un mercado cautivo de los Estados Unidos. En este trayecto, se propagaron las relaciones capitalistas en extensión y profundidad, acompañadas de un incremento relativo de las fuerzas productivas y del predominio del proletariado en la sociedad.

La contradicción capital-trabajo caracterizará en lo fundamental a la economía cubana, y la relación Cuba-EEUU en el principal obstáculo a resolver para el lanzamiento del desarrollo económico y social independiente y soberano de la Isla; el capitalismo dependiente estaba genéticamente incapacitado para cumplir la gran misión histórica del capital toda vez que realmente se convirtió en lanzadera del subdesarrollo.

El complejo agroindustrial exportador azucarero fue el eslabón central y prácticamente único del crecimiento económico y de la inserción de Cuba a la división mundial del trabajo, al tiempo que definió su carácter monoproductor dependiente de un solo producto y un solo mercado: el azúcar de caña y los EEUU. Algunos autores y documentos califican de agraria a la economía cubana, pero el concepto que con mayor exactitud la define es de agroindustrial exportadora.

Las relaciones de dependencia neocolonial explican el porqué la burguesía cubana del siglo XX constituyó una elite subordinada al gran capital del Norte y su aliada incondicional a diferencia de sus congéneres del siglo XIX caracterizados por el independentismo nacionalista.

Los rasgos del subdesarrollo cubano, a pesar de su semejanza con los del resto del Tercer Mundo, reflejaban ciertas peculiaridades específicas. Esbocemos apretadamente los rasgos más conspicuos que caracterizaban a la Cuba de la década del cincuenta del siglo XX.

Primero, la universalización del trabajo asalariado en amplitud y profundidad en todos los sectores y ramas de la economía y el dualismo funcional de la inmensa mayoría del campesinado.

Segundo, la latifundización y desnacionalización de la tenencia y explotación del fondo de tierra nacional lo que se complementaba con la marginación y minifundización del campesinado. Cuba no fue estrictamente hablando un país agrario tampoco campesino.

Tercero, Cuba no era un país industrial pero contaba con un importante aparato industrial integrado a la agricultura (agroindustria azucarera moderna y competitiva), además de otras ramas del Grupo II con un relativo desarrollo en algunos casos, más algunas fábricas del Grupo A. Relativamente baja participación de la industria en el ingreso nacional -24% en 1949 y 31,1% en 1960- y en la ocupación -en1953 el 17,5% de la mano de obra empleada. Las desproporciones entre la agricultura y la industria, las intraindustriales y territoriales imposibilitaban el crecimiento económico autosostenido e independiente de la nación.

Cuarto, las principales industrias, las mejores tierras y la gran economía de servicios – banca, electricidad, comunicaciones, comercio, turismo y otros– pertenecían casi por entero al capital monopolista norteamericano.

Quinto, el desempleo crónico y cíclico de carácter estacional. La tasa de desempleo rondaba el 16-25% de la PEA en los años cincuenta.

Sexto, el carácter excesivamente abierto de la economía, concentrada en el mercado, norteamericano impedía cualquier intento de diversificación del comercio exterior y el desarrollo industrial.

Séptimo, carácter cíclico y alta incertidumbre del crecimiento económico dependiente de un producto básico de origen agrícola y de la poli importación.

Octavo, dependencia alimentaria externa en virtud del clima subtropical y la especialización cañera que limitaba la diversificación agrícola.

Noveno, la falta de equidad y el atraso social eran males crónicos. La desigualdad extrema en la distribución del ingreso: el 20% de mayores ingresos percibía el 58% y el 20% más pobre solo el 2%; el fondo de vivienda inhabitable se calculaba en un 47%; el analfabetismo en 1958 abarcaba al 21% de la población y el 40% en las zonas rurales, el 45% de los niños de 6-14 años no asistía a la escuela, mientras miles de maestros estaban desocupados; la insalubridad y la desnutrición eran muy patentes en el campo; la mortalidad infantil superaba a 60 por cada mil nacidos vivos; ausencia de asistencia médica en las áreas rurales. Por último, la discriminación social y por sexo, más otras lacras como la prostitución, el juego y la corrupción, laceraban a la sociedad.

El modelo neocolonial si bien dio un impulso inicial al desarrollo de las fuerzas productivas, desde los años treinta entró en una crisis permanente, pues, se había agotado el crecimiento económico dependiente de la expansión azucarera. La lucha contra el modelo neocolonial cimentó el movimiento revolucionario cubano del siglo veinte, desde Mella hasta Fidel Castro. En la década del cincuenta, la crisis estructural se articuló a la crisis política y generó las premisas objetivas y subjetivas para el desarrollo de las fuerzas revolucionarias que triunfaran finalmente en enero de 1959, dando inicio a una nueva etapa histórica con su proyecto de liberación nacional, económica y social.

Ante la Revolución y el país se planteaban algunos problemas básicos: el rescate de los recursos naturales, la solución al problema agrario y campesino, la nacionalización de las industrias clave para el desarrollo y la industrialización del país apoyada por la sociedad civil y el Estado. Un proyecto social semejante resultaba una quimera sin alcanzar la liberación nacional y la independencia económica con un enfoque de equidad y justicia social.[3]

II. ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES AGRARIAS ANTERIOR A 1959

Las relaciones agrarias antes del triunfo revolucionario de 1959 formaban parte de la lógica del modelo neocolonial dependiente y subdesarrollado, sin embargo, lo singular del agro cubano radicaba en el predominio de las relaciones capitalistas de producción a pesar de que subsistiesen algunos rezagos feudales y que el dualismo funcional abarcase a la gran masa del campesinado.

En los años cincuenta el país contaba con 160 mil fincas y una superficie estimada en poco más de 9 millones de hectáreas, de ellas, unas 6.6 millones de área agrícola. La PEA rural alcanzaba a unas 819 mil personas para un 41.5% del empleo total del país y el sector agropecuario generaba el 25% del Ingreso Nacional.

Las fincas privadas constituían solo el 35% de las existentes; el resto se explotaba en régimen de arrendamiento (33%), aparcería (21.7%) y precarismo (8.6%) lo que revela la amplitud de la penetración de las relaciones rentísticas y de la fórmula capitalista en la agricultura; incluso la mayoría de las fincas aparceras contrataban mano de obra asalariada. Los jornaleros agrícolas constituían la clase social predominante en el medio rural (más del 70%), en segundo lugar los campesinos (23%) frente a un 3% de grandes y medianos tenedores. Lo dicho confirma que Cuba no era un país campesino.

El latifundio y el minifundio contrastaban en el medio rural. El 79% de las fincas disponían de menos de 27 Ha con un 15.5% del área nacional y un tamaño promedio de 11.2 Ha; por el contrario, las fincas mayores de 402 Ha representaban el 2.8 % del total y ocupaban el 58% de las tierras del país con una dimensión promedio de 1189 Ha.

La expansión del latifundio en la neocolonia estuvo vinculada a la desnacionalización del suelo bajo la influencia del negocio cañero-azucarero y la penetración de la oligarquía financiera norteamericana; el latifundismo nació en medio de un cruento e incruento proceso de expropiación de miles de campesinos y de parte de la tierra bajo propiedad estatal. El capital norteamericano concentró en sus manos un 25% de la tierra (un millón 173 mil Ha). Por ejemplo, la Cuban Atlantic Sugar Co poseía más de 284 mil Ha. El régimen latifundista explotaba la tierra mediante la asalarización lo que reflejó la orientación del capital hacia la agricultura y la transformación de los terratenientes en capitalistas agrarios.

En contraste, el campesinado ocupaba parcelas con menos de 67.1 hectáreas, equivalentes al 89% del total de fincas y al 24.6% del fondo de tierra nacional; de ellos, la inmensa mayoría se concentraba en parcelas con menos de 27 hectáreas que se consideraba en aquel entonces como el mínimo vital para una familia promedio del campo. La agricultura campesina estaba constituida por minifundios que, además, en un 58,8% de los casos eran explotados en tierras arrendadas o en aparcería o en precario.

De 1945 a 1958 se fortaleció la dicotomía latifundio-minifundio por la creciente concentración de la propiedad agraria: las grandes fincas, con más de 402 Ha, poseían en 1958 unas 6,2 millones de Ha, o sea, 995 mil hectáreas más que en 1945, reduciéndose el número de fincas en un 35% y su dimensión promedio creció en un 83%. Tal expansión latifundista se produjo a costa de los medianos y pequeños propietarios; también se multiplicó el régimen de arrendamiento.

La agricultura nacional se caracterizaba por el atraso de las fuerzas productivas y los bajos rendimientos agrícolas. El empleo extensivo de una abundante mano de obra con salarios de miseria se combinaba con el primitivismo tecnológico: escasa mecanización, quimización, riego y drenaje, a lo que se agregaba la ausencia de sistemas de rotación de cosechas y conservación de los suelos. Todo ello explica que se cultivase apenas un 23% del fondo agrícola, en lo que influía además de la propia institución del latifundio, el carácter especulativo del negocio agrícola cañero y ganadero. El atraso agrícola reforzaba la falta de interés en promover la industrialización del país.

El complejo agroindustrial azucarero exportador se configuró como el eje fundamental de la acumulación nacional lo que demuestra que Cuba no calificaba como un país agrario sino agroindustrial exportador. Alrededor del 70-80% de los ingresos en divisas del país provenían del negocio azucarero.

La función de producción agrícola nacional se caracterizaba por la alta especialización productiva en economías de gran escala, mientras que los pequeños productores combinaban la especialización en uno o dos rubros comerciales con la diversificación más abigarrada cuya finalidad fundamental era garantizar el autoconsumo familiar. La caña de azúcar se erigió en la reina de la agricultura, le seguía la ganadería, y después el tabaco y el café, más allá quedaba un segmento marginal de tierras dedicadas a la producción de viandas, hortalizas y granos. Esta estructura productiva dio al traste con la posibilidad de la autosustentabilidad alimentaria nacional. Cuba, en efecto, debía importar cerca de un tercio de los alimentos para cubrir el consumo nacional en los años cincuenta.

Los impactos económicos y sociales del régimen agrario se reflejaban necesariamente en las condiciones de vida en el campo. Más allá de los bajísimos salarios, de la alta renta del suelo en dinero o en especie, de la explotación de los intermediarios y de los tenderos, que en una buena parte de los casos coincidían con los empresarios agrícolas y agroindustriales, estaba el fantasma del desempleo abierto y el estacional en la llamada época de "tiempo muerto" (mayo-junio y agosto-octubre) con índices de desempleo promedio de 18 y 19%. [4] Una buena parte de los cerca de medio millón de desempleados del país se concentraba en el campo; se estimaba que el 25,1% de los trabajadores rurales tenían empleo solo 6 meses al año y un 52,4% durante 4 meses. El ingreso promedio general de los jornaleros se cifraba en unos de 180 pesos anuales a finales de los 50^ta.

Los datos sobre el nivel de vida de los obreros agrícolas y campesinos cubanos en 1957 confirman, en parte, la afirmación de Lowry Nelson en "Rural Cuba" en cuanto a que rivalizaba en pobreza con el de los más pobres países asiáticos. [5] Algunos datos lo confirman. El 60% de los obreros agrícolas vivían en bohíos de guano de palma y piso de tierra como los indígenas a la llegada de Colón; el 90% se alumbraba con luz brillante y el 30% vivía a oscuras totalmente; el 90.6% carecía de refrigerador o nevera; el 41% no asistió nunca a la escuela y el 43% era analfabeto; su dieta fundamental consistía en arroz, frijoles y viandas; un 11% tomaba leche, un 2% huevos y el pan era desconocido; finalmente, un 14% padeció o padecía tuberculosis, un 13 % enfermó de tifoidea y un 36 % estaba parasitado.

El estado de cosas en la agricultura y en el medio rural deprimía la demanda efectiva y el mercado interior, además obstaculizaba cualquier intento de despegue industrial y de desarrollo socioeconómico. La ubicación de la industria azucarera en el medio rural propició el desarrollo de una original alianza estratégica entre los obreros y los campesinos organizados en sindicados y organizaciones campesinas que crearon las bases subjetivas para revolucionar profundamente las relaciones agrarias, justa aspiración y fundamento para el desarrollo económico y social libre e independiente de la nación cubana.

A cinco meses de la Revolución triunfante, en mayo de 1959, se inició la revolución agraria que diera continuidad a la ley agraria de la Sierra Maestra por la cual los campesinos recibieron la tierra que trabajaban en los territorios liberados por el Ejército Rebelde. Este proceso se inscribe con razón como el cambio estructural más profundo y de más largo alcance realizado en esta etapa, pues abatió el régimen latifundista, el dominio del capital extranjero sobre las riquezas naturales y la tierra, liberó al campesinado de la explotación del sistema de renta, convirtiéndolo en propietario de la tierra que trabajaba, inauguró el cooperativismo y la propiedad estatal en la agricultura. La reforma de la tenencia de la tierra no se constriñó a la solución del problema de la tierra y campesino, sino que asumió un enfoque integral del desarrollo rural en sus múltiples correlaciones económico-financiero, técnico-científico, medioambiental, comunitario y cultural.

La revolución agraria en Cuba promovió desde 1959 el “desarrollo rural” con una visión integral e integradora que incluye: la transformación radical de las relaciones de propiedad sobre la tierra y distributivas a favor de los trabajadores rurales y del campesinado, el apoyo financiero, técnico material y comercial a los nuevos productores, la creación de industrias y servicios productivos, la modernización de la infraestructura productiva, el desarrollo científico-técnico y social en las esferas de la salud, educación y comunitaria, cuyos éxitos son reconocidos mundialmente, y sobre todo, la participación directa de los propios productores y familiares en el desenvolvimiento económico y social en el campo.[6]

La reforma agraria devino, junto a las expropiaciones de los enclaves agroindustriales y de otras industrias y servicios en manos del capital norteamericano, en una pieza esencial del modelo de desarrollo económico y social en la etapa nacional liberadora entre 1959 y finales de 1960.[7] La reforma agraria no tenía un contenido anticapitalista aunque lo limitaba objetivamente, más este ejercicio soberano sobre la tierra condujo al enfrentamiento abierto de los EE:UU a la Revolución Cubana, a su política de agresiones y de bloqueo económico que dura hasta los días de hoy.

Las transformaciones en el agro convirtieron al Estado Revolucionario en sujeto económico directo y en regulador de la economía, sin que ello negase el papel y lugar del capital nacional ni de la pequeña producción campesina en el desarrollo económico y social. Hay que subrayar que el modelo económico emergente entre 1959 y finales de 1960 constituía un peculiar Capitalismo de Estado popular, democrático y de liberación nacional que se trazó el objetivo de alcanzar la soberanía política y la independencia económica con justicia social para las grandes mayorías.

La reforma agraria dio solución al problema de la tierra y a la demanda campesina la “tierra para quien la trabaja”. El límite máximo de la propiedad rústica se fijó en 402 Ha y se prohibió el sistema de arrendamiento, la aparcería y el precarismo con lo que desaparecieron las relaciones de renta en la agricultura. Las tierras afectadas por la reforma agraria (4.4 mm ha) equivalían a un 45 % del fondo nacional. Las tierras expropiadas por la Ley fueron pagadas con bonos de la República, redimibles en un plazo de 20 años a una tasa de interés del 4,5 % anual.

La distribución de la tierra nacionalizada combinó el reparto campesino en propiedad privada con la fórmulas cooperativista y estatal. Este enfoque original concilió los intereses de la nación, de los jornaleros agrícolas y de los campesinos. A los campesinos no propietarios con menos de 67 hectáreas se les entregó en propiedad privada y gratuitamente la tierra que trabajaban hasta un límite de 26.8 Ha con la posibilidad de comprar la diferencia hasta un máximo de 67 Ha. El sector campesino se multiplicó con 101 mil 805 nuevos propietarios que recibieron gratuitamente 2 millones 725 mil 910 hectáreas de tierra; a mediados de 1961 había más de 150 mil agricultores privados con 3,5 millones de hectáreas. Llama la atención [8] poderosamente que Griffin haya olvidado el enfoque pro campesino que también tuvo la reforma agraria de 1959 en Cuba –por cierto a la única que hace referencia y peor todavía que desconozca empíricamente la existencia de un potente sector campesino en el medio rural cubano durante los últimos 43 años, y que felizmente ahora se multiplica. Por supuesto que preferimos el campesinado organizado bajo formas cooperativas porque representa un modo superior de producción y de vida.

La formación de cooperativas y la fórmula estatal estuvieron determinadas por la necesidad de conservar la gran producción cañera y ganadera, y por la visión colectivista y social del desarrollo rural y del papel que se le asignara a la agricultura en la industrialización del país. Así la reforma agraria convirtió al Estado de todo el pueblo en propietario-productor directo y en un eslabón clave para el desarrollo agropecuario nacional.[9]

A consecuencia de la reforma se formó una economía agraria mixta compuesta por cuatro formas sociales de tenencia y explotación del suelo -capitalista, estatal, cooperativa y campesina. En junio de 1961, el sector capitalista agrícola quedó reducido al 23,2% del fondo de tierra nacional, mientras el estatal disponía del 26,8 %, las cooperativas del 8,9% y el resto en propiedad campesina.

El sector estatal agropecuario se incrementó sucesivamente por las contramedidas tomadas a tenor de la lucha político-económica interna y externa, desde la recuperación de bienes malversados, a las expropiaciones de los que emigraron o se lanzaron a la contrarrevolución, hasta las nacionalizaciones del capital norteamericano en respuesta a las diversas medidas de bloqueo tomadas por los EE.UU, y, finalmente, producto de la nacionalización socialista del gran capital nacional el 13 de octubre de 1960.

El cooperativismo agrícola constituyó un aporte original de la Revolución Cubana; convirtió a los jornaleros agrícolas cañeros en propietarios colectivos y conservó la gran producción cañera. Estas entidades se formaron en el punto de inflexión histórica cuando la sociedad ya iniciaba el camino de la transición socialista, dejando atrás la etapa del Capitalismo de Estado. En 1962, se transformaron en granjas estatales por el consenso democrático de la membresía. La propiedad estatal concentró el 41% del fondo agrícola nacional. La corta vida de este experimento cooperativista no permitió comprobar todas sus posibilidades y potencialidades como forma colectiva y socialista de economía. En 1993 se retomaría este modelo.

Además de los cambios en la estructura de la propiedad agraria, se agregaron otros de corte socioceconómico y superestructural. Se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria para dirigir y administrar el proceso de reforma agraria, pero rebasó esos límites: se convirtió en un Estado dentro del orden establecido; las medidas abarcaron prácticamente todas las esferas y mecanismos de apoyo integral a la nueva agricultura y al desarrollo rural: financiamiento, crédito agrícola, suministros, planificación, comercialización, reorganización y administración de las industrias nacionalizadas por la propia ley, programas de mecanización, de riego, de vivienda y otros.

El desempleo en el campo sufrió un rotundo retroceso. Decenas de miles de campesinos y jornaleros encontraron empleo decoroso en la agricultura y en la infraestructura. El tiempo muerto comenzó a ser abatido y con él el desempleo estacional.

La miseria y penurias de los hombres del campo comenzaron a revertirse sustancialmente con el rápido crecimiento de la producción agropecuaria y el acceso del campesinado a bienes de consumo con la creación de una red de “tiendas del pueblo”. El crédito rural se expandió, preferentemente a los nuevos propietarios, anulando la usura. Los primeros médicos y los servicios de salud al fin llegaron al campo; asimismo sucedió con la educación. El desarrollo rural y humano en el campo se abrió paso así como la confianza de los campesinos y trabajadores en el nuevo poder.

El 13 de octubre de 1960 fue socializado el gran capital nacional y con este paso la Revolución entró a la etapa de transición al socialismo. La antigua propiedad estatal cambió simplemente de ropaje y de naturaleza económico-social. Así se inició el proceso de formación de la propiedad social socialista bajo la égida de la propiedad estatal y las cooperativas en el ámbito de la economía nacional.

En octubre de 1963 se dictó una nueva ley agraria por la cual se nacionalizaba a la burguesía rural que poseía fincas mayores a 67 Ha y menos de 402. Este acto marcó el fin del régimen del capital en el campo y en la economía nacional.

El sector capitalista agrícola hasta finales de 1963 disponía de 2,1 millones de hectáreas,[10] organizado en 11 mil 215 fincas y con un poder económico sensible en la caña de azúcar. [11] La Revolución los había invitado a cooperar por el beneficio del país, pero en el curso de la lucha política se aliaron a la contrarrevolución y a los intereses de EEUU. La Revolución obró en consecuencia [12] por necesidad política y las expropió lisa y llanamente. Las tierras y los medios de producción pasaron a propiedad estatal. En consecuencia se expandió bruscamente el sector estatal agrícola hasta alcanzar un 66% del fondo agrícola nacional al cierre de 1964. La estructura de las relaciones agrarias se redujo a la forma estatal y campesina.

En resumen, las dos reformas agrarias liberaron al país y a los trabajadores - jornaleros y campesinos- de la deformación estructural y de la explotación y de las desigualdades que cerraban el paso a la industrialización y al desarrollo agrícola y rural; abrieron el camino largo y difícil de organización, planificación y gestión bajo formas socialistas para alcanzar mayores niveles de eficiencia y de bienestar. Mientras tanto se preparaban las condiciones para promover el tránsito del sector campesino a formas socialistas de convivencia.

La Revolución había sostenido el respeto irrestricto a la voluntad del campesino con relación a su modo de producción, pero no renunciaba a su transformación socialista. El problema central radicaba en la vía más apropiada para su realización. Entre 1959 y 1966 se organizó a los campesinos pequeños y medios en asociaciones campesinas que más tarde dieron paso a la formación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), de cooperativas de crédito y servicios (CCS) y a formas incipientes de cooperación laboral y productiva. Las Sociedades Agropecuarias fueron la forma cooperativa de mayor desarrollo, pero las condiciones objetivas y subjetivas limitaron su desarrollo: en realidad los campesinos no fueron propensos a esta fórmula.

Un conjunto complejo de factores y visiones darían a luz en 1966 a la tesis de la estatización de la economía campesina para formar grandes planes de desarrollo agropecuario y comunitario. [13] Esta fórmula representaba una acumulación originaria socialista dirigida a articular la modernización agrícola con la expropiación voluntaria de la economía campesina mediante la organización estatal, esto es, se propuso un salto socioeconómico y psicológico de los campesinos para convertirlos en granjeros estatales con conciencia de propietarios sociales. La ANAP y otras organizaciones encabezaron aquel proceso complejísimo de convencer a los campesinos del arrendamiento o venta de sus tierras al Estado.[14]

El programa de estatización incluía: el arrendamiento o compra de las fincas, la oferta de trabajo en los planes, la entrega gratuita de la vivienda y otros medios del hogar en modernas comunidades, el derecho a recibir una parte de los ingresos generados en su antigua finca y la entrega de 2-3 hectáreas en usufructo para cubrir el autoconsumo familiar.

A partir de 1967 se organizaron diversos tipos de planes agrícolas[15] con cerca del 12% del área agrícola campesina integrada a los planes estatales y se edificaron decenas de comunidades modernas con condiciones semejantes a la ciudad. Todo ello sin que se violase el principio de voluntariedad.

Sin embargo, esta vía se agotó rápidamente en lo que intervinieron diversos factores: la crisis económica de 1969-70, la incapacidad financiera y material del país para su generalización, pero lo decisivo consistió en que superaba las posibilidades de asimilación por los campesinos y su resistencia al cambio fue la prueba definitiva de la inviabilidad de este método. [16] Una buena parte de los campesinos afectados no engrosaron las filas de los trabajadores estatales y prefirieron ser “parceleros” o emigraron del campo a la ciudad. El 17 de mayo de 1974 se corrigió el rumbo y se adoptó la vía de la cooperativización voluntaria

La fundación del cooperativismo agrario en Cuba es un producto genuino de la Revolución. No se contaba con una herencia cooperativista en la etapa neocolonial, aunque no faltaron voces que apoyaran esta vía de organización de la producción. Hasta 1974 se sucedieron variados experimentos en esta esfera, y no es sino a partir de 1975 que se asume el cooperativismo productivo como un movimiento masivo por la transformación del campesinado que se materializará desde 1976-77.

El lanzamiento del movimiento cooperativo en la segunda mitad de los setenta asumió un modelo altamente socializado, las llamadas Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) y fue promocionado desde las CCS. El discurso a su favor subrayaba el respeto al principio de voluntariedad, la meta de la tecnificación y humanización del trabajo agrícola y la construcción de modernas comunidades electrificadas. Esta visión civilizadora captó al campesinado y a las campesinas - sus promotoras más entusiastas. El I Congreso del PCC en 1975 y el V Congreso de la ANAP en 1977 [17] aprobaron y promocionaron la vía cooperativa.

El modelo CPA se caracteriza por ser una entidad colectiva que socializa todos los factores de la producción sin transiciones graduales, la alta especialización y articulación mercantil con entidades estatales de suministro y acopio, la colectivización del autoconsumo y la autonomía restringida. [18] En otro plano es una economía y comunidad que se guía por la democracia participativa y el desarrollo comunitario. La comunidad moderna forma parte de su concepción del desarrollo. Entonces estas cooperativas equivalían al paso de la pequeña producción campesina dispersa espacialmente a la gran producción con medios técnicos y productivos modernos; el salto del trabajo individual al cooperado y combinado, a la superación del bohío tradicional y el aislamiento espacial de la finca y la vivienda por la urbanización comunitaria; en fin a un proceso civilizatorio, una profunda revolución cultural en el modo de vida campesino.[19]

El país disponía de condiciones favorables y necesidades urgentes para el lanzamiento del movimiento cooperativo en los setenta: primero, el equilibrio macroeconómico alcanzado en los años 1971-1974; segundo, las demandas y posibilidades de la estrategia de industrialización acelerada de 1975 a 1985 y, tercero, el letargo en que se sumió la finca campesina por la falta de brazos y de recursos para explotar al 30% de las mejores tierras del país. Ahora debía potenciarse su explotación para que aportara fuerza de trabajo y materias primas a la industria y alimentos a los trabajadores. [20] El régimen cooperativo constituía un puente para avanzar en la tecnificación agrícola, mejorar y ampliar la infraestructura productiva y social en el campo. Las barreras sicosociológicas y la anticultura cooperativa eran el gran obstáculo a vencer.

Este movimiento se inicia realmente en 1977 y muy rápidamente se convirtió en un sector económico, productivo y social común a todo el país y ramas de la agricultura que agrupaba en 1987 a más 44 mil fincas, el 31% del total, con un área superior al millón 49 mil hectáreas (51,3% del área de tierra campesina de 1978). Centenares de nuevas comunidades emergieron convirtiendo a los bohíos en simples imágenes de museo. En 1989, el monto relativo de siembra y ventas al Estado de productos fundamentales del sector cooperativo superaba con creces su nivel de participación en el fondo de tierra, con lo que superaba al sector no estatal en su conjunto y a la agricultura global del país, salvo en los cítricos y la caña de azúcar. [21]

La evolución del movimiento cooperativo CPA permite dar una rápida mirada global a este proceso hasta la fecha en estrecha articulación con el comportamiento de la economía nacional. [22]

Cuadro 1. Evolución del sector cooperativo CPA de 1978 al 2000. (Años seleccionados)

Calculado de diversas fuentes. Informe de los sectores cooperativo y campesino. CEF, Mayo, 1993. Tierras estatales asignadas en usufructo a las CPA: 89 mil 012 hectáreas en 1987 y 57 mil 152 en 1992. (MINAZ -8 657,2 y MINAGRI - 48 494,5 ha). A. Estadístico de Cuba, 2000.

Primera etapa, de 1977 a 1983, se caracterizó por la multiplicación acelerada del número de cooperativas y de campesinos integrados en correspondencia con la aceleración del crecimiento económico nacional; el predominio de la pequeña empresa cooperativa y la alta eficiencia en la gestión económica; fuertes flujos financieros y técnicos, la tecnificación en masa y la construcción de nuevas comunidades electrificadas.

Segunda etapa, de 1984 a 1987: contracción creciente del acceso de la masa campesina a las cooperativas; amplificación del gigantismo por fusiones inducidas, debilitamiento de los flujos de recursos, la influencia de la apertura y posterior cierre del mercado libre campesino; caída de la rentabilidad al final de esta etapa luego de alcanzar altos niveles. Esta secuencia reprodujo la parábola de la economía nacional en su conjunto.

Tercera etapa, de 1986-1987 hasta 1993: agotamiento del movimiento entre los campesinos hasta su parálisis final, reducción en número y área del sector a causa de la recesión (1986-89) y la crisis económica (91-93). Los recursos se concentraron en las cooperativas existentes y no en la ampliación del movimiento. Sin embargo, el sector cooperativo soportó la crisis en mejores condiciones que el estatal, poniendo de relieve las ventajas de la economía colectiva lo que la convirtió en referente de la reforma agraria de 1993.

Etapa de 1994 hasta el presente: proceso de recuperación económica y de la eficiencia y rentabilidad a pesar de la drástica reducción de recursos financieros y materiales con que cuenta el país y su débil acceso a los mercados liberados. En las nuevas condiciones creadas por la reforma económica, que ha multiplicado los agentes económicos de diversos tipos en el campo, está obligada a competir por la reducción de los costos, la calidad y la eficiencia. Continúa paralizado lógicamente el relanzamiento del cooperativismo entre los campesinos.

La importancia relativa de las CPA y de la economía campesina dan fe: su nivel de participación en la oferta agrícola en 1993, año tremendo y difícil cuando el país estaba en el foso de la crisis:

Viandas y vegetales	39%
Hortalizas	62%
Caña de azúcar	19,5%
Tabaco	75%
Café	45%
Cacao	62%
Leche fresca	16%
Arroz	13%
Cítricos	14%

Fuente: Conferencia del Presidente de la ANAP. La Habana, 13 /12/ 1993. Los datos no reflejan el total producido por el sector cooperativo y campesino.

En resumen, el sector cooperativo logró recuperarse económicamente de modo exitoso a pesar de la contracción y posterior crisis económica y de las limitaciones de autonomía y otros factores negativos. La racionalidad cooperativa tendió a su redimensionamiento y racionalización, al fortalecimiento del autoconsumo y la construcción de viviendas de bajo costo; mejoró el aparato económico y la mayoría de las CPA liquidó sus deudas con el banco y sanearon sus finanzas internas. La fórmula cooperativa demostró sus ventajas como modelo económico y social para el desarrollo rural sustentable: ese es su gran mérito histórico.

La revolución agraria y social en el campo ha beneficiado al 100 x 100 de la población rural. Los campesinos recibieron la propiedad sobre la tierra y la garantía de su régimen de producción según su voluntad, creación de condiciones para el aumento del ingreso familiar, el flujo ininterrumpido de ayuda material y financiera a bajo precio, un mercado seguro, estable a precios justos y el desarrollo humano en el medio rural: comunidades, electrificación, educación, salud y cultura para todos. El campesinado ha sido el gran beneficiario de la Revolución, a la vez que un componente insustituible del proyecto social. A continuación se resumirán los rasgos que tipifican a la economía campesina cubana en los tiempos de construcción socialista.

Este sector privado agrícola se compone de dos figuras: los campesinos y los parceleros o conuqueros. La forma campesina de explotación socioeconómica de los recursos agrarios es una entidad mercantil y de autosubsistencia que basa su régimen de producción en la propiedad privada sobre la tierra y otras formas de tenencia del “capital natural”, la posesión de medios de producción -“capital obra del hombre”- y el “trabajo familiar y el conocimiento campesino”,[23] aunque puede utilizar excepcionalmente asalariados. El llamado “conuquero o parcelero” no encaja totalmente en el concepto campesino aunque explote la tierra, pues son trabajadores y otros ciudadanos que cultivan parcelas de ínfimo tamaño como ocupación marginal, secundaria o complementaria con la finalidad del autoconsumo y el disfrute productivo del tiempo libre. Los jornaleros cañeros conquistaron un “conuco” en lucha frente a los latifundistas para capear el “tiempo muerto” en que carecían de trabajo. Estos rasgos esenciales también son inherentes al campesinado cubano, aunque hay rasgos particularidades propias a su reproducción en las condiciones de la construcción socialista.

1. La propiedad privada sobre la tierra es un rasgo universal al campesino cubano. A finales de los 80^ta y 90 ^ta se introdujo la entrega de tierra en usufructo gratuito y por tiempo indefinido como una fórmula para ampliar el campesinado.

2. La pequeña escala de las fincas y la intensificación de la producción. Lo primero obedece a las particiones hereditarias y a los mismos procesos socializatorios que se realizaron en estos últimos cuarenta años. En 1987, el 92,5% de las fincas campesinas y conuqueras tenía menos de 26,8 hectáreas [24] y más del 58% menos de 5 hectáreas. En el notable incremento de la producción en las pequeñas fincas influye el flujo sostenido de recursos materiales, de tecnologías apropiadas y el financiamiento blando de la banca, pero lo fundamental recae en la ampliación del conocimiento técnico y la racionalidad ecológica de los campesinos. El nivel relativo de la oferta mercantil de las fincas campesinas supera con creces su participación en el fondo de tierra del país.

La especialización en uno o dos rubros comerciales combinado con una gran diversificación a los fines de la subsistencia familiar proyecta dos elementos de la lógica campesina asociados a garantizar los ingresos monetarios y la autoseguridad alimentaria; ello corresponde a su esencia dual: productor mercantil y de subsistencias. En la dinámica agrícola nacional, la producción campesina ha evolucionado hacia los cultivos de alto consumo, mientras el sector estatal se concentraba en la producción de materia prima. Solo el 12% de las fincas se dedican a la caña de azúcar mientras el 72% cultivan viandas, leguminosas y hortalizas

4. Productor mercantil sin sicología de comerciante. Si bien es un productor mercantil, carece de la psicología del intermediario. La venta a "pie de finca" a la agroindustria y a los intermediarios es un rasgo heredado desde el capitalismo que se conserva hasta los momentos actuales.

5. Regulación estatal e integración de la economía campesina a la reproducción nacional. La economía privada campesina es mercantil y regulada estatalmente con lo que se trata de una propiedad privada especial. La acción del mercado en la producción y en la acumulación se ha visto restringida: la tierra no es mercancía ni objeto de libre inversión, tampoco hay mercados libres de bienes de capital. Esta dualidad de la propiedad campesina se conserva a pesar de la apertura de mercado.

6. Cooperación simple y socialización comunitaria. La inmensa mayoría de los campesinos están asociados a las CCS: el 82% de los finqueros con el 92% de la tierra en 2700 organizaciones de base. Estas entidades constituyen un factor importante en la regulación social y económica; son un instrumento eficaz para la integración efectiva de los campesinos a la vida económica, social y política comunitaria, local y nacional; una tribuna apropiada para promover sus demandas.

No se trata de una tendencia igualitarista, sino más bien de máxima búsqueda de la equidad, admitiendo diferencias lógicas, basados en la igualdad de oportunidades de recursos, empleo, educación hasta el nivel superior, salud y cultura para todos sin discriminación de ningún tipo.

8. Aislamiento espacial-territorial de la finca y vivienda en las comarcas y tendencia a la expansión de la urbanización rural. En Cuba no se desarrolló la aldea campesina típica como ocurre en otros países. Este rasgo limitaba objetivamente la cooperativización y eleva sus costos para crear aldeas modernas.

9. Envejecimiento progresivo del campesinado. El 57% de los productores campesinos del país tenían más de 60 años y poseían más del 55% del fondo de tierra campesina en 1987. El envejecimiento progresivo del hombre de campo es resultado directo del desarrollo rural y humano. Difícilmente en el Tercer Mundo pueda encontrarse un campesino más culto que el cubano.

El modelo agrario cubano en la construcción socialista se basó, como ya se sabe, en dos formas sociales de producción la fórmula estatal dominante, y la cooperativa de origen campesino y la campesina como formas de menor peso en la estructura agraria. El examen que sigue pretende atisbar los logros extraordinarios y las contradicciones que se gestaron en el curso del desarrollo agrícola y rural, especialmente a partir de la predominancia del tipo estatal que explicarían la necesidad de la reforma agraria de 1993.

La tendencia estatista del modelo agrícola tuvo su origen, entre otras razones en el hecho de que Cuba no era estrictamente agrario ni campesino, sino agroindustrial exportador con una agricultura de plantaciones en gran escala regida por el patrón asalariado lo que se tradujo en el predominio del proletariado rural y su alianza con el campesinado. En esa época predominaba la concepción que identificaba la propiedad estatal con la esencia del socialismo, y al cooperativismo como figura subordinada, de transición de la economía campesina hacia el estatismo. Por último, el modelo agrícola clásico que deificaba la economía de gran escala y los métodos fordistas de producción, ejercían una gran influencia que se reproducía de hecho en todo el campo socialista.

La modernización agrícola alcanzó a todos los sujetos agrarios, pero especialmente a la gran producción estatal y adoptó los patrones del modelo clásico o “revolución verde”. El incremento de los rendimientos agrícolas y la humanización del trabajo serían sus objetivos fundamentales. Un par de ejemplo: el país contaba con un stock de 9 mil tractores en 1959 y llegó a 75 mil a finales de los 80 ^ta para un índice de 37,3 Ha/tractor en 1985; se mecanizaron el corte y alza de la caña de azúcar con cosechadoras producidas nacionalmente; la capacidad de embalse de agua se incrementó de 48 mm ³a 5505 en 1980 y 9093 millones al cierre del año 2000.

El sector estatal ocupaba a unos 587 mil trabajadores en su mayoría jóvenes e instruidos:[25] uno de cada 5 era técnico medio y universitario.[26] La modernización humanizó el trabajo agrícola, redujo la demanda de jornaleros en distintas ramas a la par que aumentaron los rendimientos aunque a niveles y ritmos no satisfactorios.

La modernización de la agricultura impulsó la tendencia a la formación de empresas estatales gigantes que llegaron a promediar en 1992, por ej., 13413 Ha las cañeras y 28 mil las ganaderas. Las “deseconomías en la gestión” frustraron en parte el objetivo deseado, también se hicieron sentir los efectos negativos del patrón fordista de las tecnologías soviéticas en la conservación de los suelos. Hacia 1990 se detectaron más de 4 millones de hectáreas de tierra erosionadas y 1,6 millones con acidez.[27] . Por su parte, el mecanismo económico centralista y verticalizado entorpeció la elevación de la eficiencia. Las empresas “mastodontes” generalmente eran incosteables, derrochadoras e inmanejables.

El déficit crónico de fuerza de trabajo en la agricultura y en el medio rural se erigió en un obstáculo para un desarrollo agrícola eficiente. La emigración del campo a la ciudad despobló a las áreas rurales, solo un 20% de la población total en los años 80 ^ta. Otros factores negativos se añadieron al déficit como fueron la inflación de las plantillas y la baja intensidad del trabajo, el enfoque fabril de la jornada de trabajo e incentivos insuficientes. Por último, el burocratismo y los métodos poco participativos conspiraron a su modo contra la formación de los trabajadores en una conciencia de propietarios colectivos.

El mecanismo económico en el sector agrario estatal se basaba en la planificación centralizada con balances materiales, autonomía empresarial restringida, limitación del mercado y poca utilización de los precios y las finanzas. Este mecanismo resultaba intrínsecamente costoso, ineficiente y burocrático, lo que explica la irrentabilidad y los altos subsidios por pérdidas que se hicieran insoportables para el equilibrio macroeconómico durante la crisis económica de los 90^ta.

Desde 1964, la estructura productiva del sector agropecuario reforzó la especialización en las ramas del sector agroindustrial exportador[28] en respuesta a la inserción de Cuba a los países socialistas, lo que entraba en conflicto con la expansión de la agricultura de consumo interno que quedó reducida al 12,7 % del área cultivable para una superficie per capita de 0,5 Ha.

En 1989 el consumo per capita diario de calorías fue de 2948 y 78,1 gramos de proteínas; la producción nacional y las importaciones crecientes lo garantizaron a pesar de las distorsiones, las insuficiencias y el racionamiento. El gran peso de las importaciones en la dieta diaria se transformó en dependencia alimentaria externa[29] y a lo interno de la producción campesina.

Desde el segundo quinquenio de los ochenta el sector agropecuario sufrió el impacto de la recesión de 1986 a 1989 y el agravamiento de la situación externa. En 1990 se aprobó el Programa Alimentario por la Asamblea Nacional del Poder Popular que identificó las insuficiencias principales y trazó acciones y medidas para cambiar la situación. Entre las tendencias negativas destacaban: el estancamiento de la producción agrícola; el frenaje del programa hidráulico; el incremento de la erosión de los suelos; la falta de integridad en el desarrollo agrorural, las desconexiones entre ciencia-producción, industria-agricultura, acopio-producción y el desarrollo social y productivo; el déficit de mano de obra, la ineficiencia de su empleo y el flagelo del burocratismo en expansión.[30]

En el decenio de los 80 ^ta se elevó crecientemente el volumen de la producción y las exportaciones azucareras con un promedio superior a los 7,5 millones de toneladas de producción y más de 7 de exportaciones. Pero desde finales de los ochenta y ya entrado los noventa, el descenso de ambos indicadores fue dramático con zafras de alrededor y menores de 4 millones de toneladas.

Sobrevino la crisis económica de los años noventa: el PIB cayó en un 35% de 1989 a 1993 y el giro comercial externo en un 75%. La agricultura se redujo aún más y sobrevino la crisis agroalimentaria: caída de la producción, de los rendimientos y de las importaciones de insumos, alimentos y piensos; igual sucedió con los patrones de modernización de la agricultura clásica.

Algo semejante a la agricultura cañera sucedió con la producción de viandas y vegetales que se redujo en 1993 en un 23.5% frente a 1989; y con la producción de proteínas de origen animal. La dieta diaria de calorías se redujo a un poco más de 1900 y de proteínas algo menos de 50.

El deterioro de la producción azucarera provocó una pérdida entre 1993 y 1996 de no menos de 1600 millones de dólares, a los que se agregaban otras a causa de las leyes Torricelli y la Helms-Burtton que reforzaron el bloqueo de los EEUU. La importación de alimentos se redujo sensiblemente, alcanzando en 1993 y 1994 apenas unos 440 y 500 millones de dólares anuales respectivamente frente a casi 900 millones en 1989.[31]

Gráfico 2. Tasa de variación anual de la Economía Nacional y del PIB agrícola¹ (1986-94)

Calculado a precios constante de 1981 de datos de CEPAL, México, 2000.1.Incluye caza, silvicultura y pesca

La solución al problema de la autosuficiencia alimentaria nacional debe concebirse en términos realistas. Hay que tomar en cuenta que las limitaciones de recursos obligan a la extensión del trabajo manual y la tracción animal en sustitución de los agroquímicos y de la mecanización. El clima subtropical y la estructura agrícola tradicional limitan la producción de los cereales básicos y la ganadería lechera de alto rendimiento, por lo que las importaciones forman parte de la lógica del consumo doméstico. La situación se agrava a causa de las fuertes restricciones de divisas, la necesidad de privilegiar al sector agroeexportador, el incremento de los precios de los alimentos y de otra la depresión de los precios de los productos básicos.

En resumen, el modelo agrícola en que el Estado ejercía al mismo tiempo las funciones de propietario y productor directo había agotado sus posibilidades y resultaba indispensable una reestructuración de la base económica de la agricultura y una reformulación del modelo estatal. La crisis alimentaria se erigió en el problema más importante del país y fue el disparador interno y más inmediato de la reforma económica y de la agraria en particular en 1993.

La reforma de la tenencia y explotación del suelo en 1993 forma parte de la reforma económica de los 90 ^ta, es uno de sus eslabones más importantes. De ahí que sus causas y fundamentos en esencia sean los mismos: el enfrentamiento a la crisis económica, la revalorización del antiguo modelo económico y la reinserción del país a la economía mundial luego del derrumbe del socialismo europeo y soviético.

La nota más descollante de esta reforma agraria está vinculada a la desestatización de la explotación agrícola mediante la diversificación de las formas de explotación de la tierra, unido a la promoción del cooperativismo. Otras aperturas la acompañan en las esferas de la superestructura, organización, estimulación, salarial, mercado, finanzas, tributación y otras. La nueva agricultura es un sistema heterogéneo, concepto básico para entender la lógica del desarrollo de la economía política del cambio agrario y el carácter contradictorio del desarrollo rural en estos tiempos.

La Constitución de la República de 1992 [32] reconoció la enajenación de la propiedad estatal socialista en propiedad o en administración a favor de colectivos y personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras. Según este nuevo concepto de la “propiedad estatal”, el Estado deja de ser propietario y productor directo al mismo tiempo; ahora actúa como propietario y los colectivos laborales se ocupan de la administración de los bienes públicos; lo que en buena lógica significa que su centro de atención recae en el manejo del excedente económico y en el control y fiscalización de la propiedad. A tenor con lo anterior se dictaron las decisiones políticas y legales que definen el carácter y alcance de la apertura en la tenencia del suelo y las bases de funcionamiento de los nuevos productores el 10 de septiembre de 1993. [33] La iniciativa de la reforma partió de la dirección política central del país y no de las reivindicaciones de los trabajadores y demás productores del agro.

La reforma establece la parcelación de la tierra en régimen cooperativo (fórmula dominante), autogestión-participativa[34] en las “granjas estatales de nuevo tipo”, privado-individual a favor de personas y familias y privado empresarial en asociación con el capital extranjero. [35]

El objetivo más inmediato de la reforma consiste en el enfrentamiento a la crisis agroalimentaria, y en lo mediato crear las condiciones e incentivos suficientes para propulsar la reanimación de la producción agropecuaria y agroindustrial. Los cambios agrarios se efectuaron en las condiciones críticas de los últimos 41 años. Las nuevas formas económico-organizativas encierran incentivos reales y potenciales superiores y la posibilidad de una articulación más eficiente del sistema agrario con la agroindustria, el consumo interno y el comercio exterior.

La parcelación se realiza en régimen de usufructo gratuito y por tiempo indefinido, manteniendo intangible la propiedad estatal sobre la tierra y de los activos fijos en el caso de las granjas de nuevo tipo. La renta del suelo y la valorización del suelo siguen siendo conceptos excluidos en la práctica económica como anteriormente.

La reforma implica un redimensionamiento del aparato superestructural a tono con las nuevas condiciones creadas en que los ministerios dejan de administrar y se forman corporaciones y empresas independientes. Lo mismo sucede con el mecanismo económico de planificación que se ajusta a la apertura de mercado y a fórmulas financieras de regulación. Los mercados de libre oferta y demanda operan con moneda cubana y con divisas como corresponde a la economía dual monetaria existente.

Conceptos	1978	1980	1983	1987	1990	1992	1996	2000
CPA (una)	343^a	1035	1472	1418	1305	1219	1193	1146
Membresía	9103	39519	82611	69604	62130	60837	62155	61083
Área (mha)	45,2	212,9	938,2	977,0^b	833,7	833,7	749,0	706.4
Tamaño
Ha/CPA	132	206	637	689	639	642	628	616.4
Socios/CPA	27	29	56	49	48	50	52	53
Ha/socio	5,0	5,4	11,4	14,0	13,4	12,9	12,0	11.6

PRESENTACION

II. ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES AGRARIAS ANTERIOR A 1959