Julio Mario Orozco Africano

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Las democracias se cimientan sobre dos grandes columnas: la libertad y la igualdad. Sobre estos derechos fundamentales se erigen los demás derechos, incluso los llamados “prestacionales” o derechos económicos, sociales y culturales, que les son propios al Estado Social del Derecho. Hoy estamos aquí precisamente por dos de ellos: la salud y la seguridad social.
Si bien es cierto que el Sistema General de Seguridad Social en Salud planteado por la Ley 100 de 1993 ha tenido muchas bondades, como el incremento progresivo de los recursos para la salud y el consecuente aumento de la cobertura en aseguramiento, son precisamente esas dos ventajas las que nos llevan a plantearnos hoy un ajuste a la reforma.
Si el estado invierte hoy unos 9,3% del producto interno bruto en salud, lo cual asciende a una cifra cercana a los 18 billones de pesos; y si la cobertura de aseguramiento alcanza tan sólo 66%, nos asalta la inquietud de ¿por qué no se ha alcanzado la tan anhelada universalidad que ordena nuestra Constitución Política? De los 45,5 millones de colombianos hoy, diez años después de implementada la reforma, existen unos 15 millones en el Régimen Contributivo de Salud, unos 2 millones en los regímenes exceptuados de la Ley 100 y unos 13 millones de pobres asegurados en el Régimen Subsidiado de Salud.
Las cuentas son claras. Si repartimos todo el dinero que se invierte en salud, Colombia tendría para asegurar a la totalidad de sus habitantes con un gasto per cápita de $395.000, lo cual supera la unidad de capitación del Régimen Contributivo. Sin embargo, aún persisten 15,5 millones de colombianos sin un seguro de salud.
¿Cómo hacer entonces más eficiente nuestro modelo de salud?, ¿cómo evitar la evasión y elusión que niega la oportunidad a unos 500.000 pobres de ingresar al Régimen Subsidiado de Salud?, ¿cómo mejorar nuestro sistema de información que permite la dilapidación de más de un billón de pesos por sus deficiencias para detectar duplicidades, fraudes y evasiones?, ¿cómo mejorar el flujo de los recursos?, ¿cómo mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud que sostienen el sistema? y más importante aún ¿cómo redireccionar el sistema de aseguramiento articulándolo a las funciones esenciales de salud pública con las que se comprometió nuestro país ante el seno de la Organización Panamericana de la Salud?