LA SITUACIÓN POLÍTICA

Es indudable que las esferas de lo económico, social y político de un país se hallan estrechamente vinculadas y, lógicamente, que sus avances o retrocesos (vistos en forma separada) afectan positiva o negativamente en las otras dos.

En este sentido, debemos comenzar señalando que los cambios políticos que se introdujeron en el mundo a final de los ochenta determinaron que en la siguiente década (90s) se otorgara a la democracia “una legitimación casi universal como sistema político” (CEPAL, 2001, el paréntesis es añadido). En América Latina coincidió con un amplio proceso democratizador iniciado con Ecuador a finales de 1979. En efecto, Huntington señala que “a fines de los años setenta la ola democratizadora avanzó hacia Latinoamérica” (Huntington, 1994:33). EL PNUD, de otro lado, nos recuerda que en 1930 sólo había cinco gobiernos democráticos, en 1948 siete y en 1976 únicamente tres.

Sin embargo, con relación a esto debemos plantear que al hablar de democracia[1], ésta se la deberá entender en términos de democracia política[2]. La democracia que vive América Latina ha alcanzado en palabras del ex – Presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado una legitimidad jurídica, faltándole la legitimidad social, la que se alcanzaría una vez que el sistema sea capaz de atender las demandas económicas y sociales de la población; situación que, como hemos visto, en América Latina y, particularmente en el Ecuador, está aún muy lejos de cumplirse por el agravamiento de la desigualdad y la exclusión social. Pues, “pese a los esfuerzos realizados y a los avances parciales obtenidos por la región en los años noventa para disminuir los niveles de pobreza e indigencia, todavía persisten niveles de exclusión inaceptables, así como una elevada desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares”(CEPAL, 2001:25), de cuyo análisis centraremos nuestra atención en el próximo numeral.

De otra parte es claro que la implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica ha inducido a que las reformas económicas y políticas deban ser ejecutadas con el fortalecimiento del poder ejecutivo, a fin de superar la oposición que tales medidas despiertan (sin soslayar el aumento de los niveles de coerción física y simbólica para utilizar un término de Pierre Bourdieu, a los que apela el régimen), llegando a lo que Guillermo O’ Donnell, como ya hemos dicho, califica como democracia delegativa, en la que muchas veces el (la) Presidente (a), vía decreto, empuja sus proyectos de reforma, por encima del poder legislativo. De otra parte,  es claro la injerencia de los tecnócratas en los diferentes países. Su campo de acción se los ubica “en las ramas ejecutivas del poder, dejando al político tradicional el manejo de las arenas representacionales tradicionales, más precisamente los parlamentos” (Perelli, 1995:175). Y es más, estos tecnócratas o como los llama Carina Perelli ‘decisores aislados con escasa adscripción a los partidos históricos o a ciertas posiciones ideológicas’ (pues ellos mismos se definen como apolíticos), erróneamente creen que lo económico y social van por vías separadas. Entonces, lo que se verifica es la vigencia de una gobernabilidad sistémica, expresada en términos verticales y altamente funcional y, por supuesto, excluyente.

Estas transformaciones han llevado a cuestionar al conjunto de las instituciones democráticas respecto a su funcionamiento, involucrando en estas críticas especialmente a “los partidos políticos, a los parlamentos, a la relación entre electores y representantes y al propio sentido de la política” (CEPAL, 2001:25).

Entonces, es claro colegir que el Ecuador vive momentos de alta inestabilidad política. De una parte, es evidente el desprestigio y poca credibilidad que despiertan los partidos políticos. En el lapso de cinco años (desde 1996 al 2001) se han sucedido seis gobiernos (Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Triunvirato y Gustavo Noboa) lo cual evidencia la alta conflictividad en que se desenvuelve el Ecuador.

De su parte, el Congreso Nacional se halla seriamente cuestionado por la población debido a la tarea deficiente que ha cumplido en el campo legislativo y de fiscalización. Más bien, los confrontaciones y denuncias permanentes de corrupción entre los diputados ha llevado, lamentablemente, al desprestigio de la principal institución democrática del Ecuador. En este sentido, la política y los políticos (con las excepciones de estilo) hoy por hoy, son sinónimo de ineficiencia y corrupción.

De esta manera, podemos concluir, en forma general que la existencia de una democracia participativa[3], donde impere la justicia social y donde exista un tipo de gobernabilidad democrática, resultan por ahora en el Ecuador –al igual que en el resto de Latinoamérica- un anhelo, una aspiración por cumplir. En efecto, el Ecuador muestra un paupérrimo “capital político” que ha afectado seriamente el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones, dando lugar al aparecimiento de los llamados “outsiders” o al surgimiento de una corriente “neopopulista”, que amenaza tomarse el poder, aprovechando que el electorado al momento es presa del desaliento y la confusión general.