Un recorrido por los marcos conceptuales de la Economía.

PARTE TERCERA: LOS MARCOS CONCEPTUALES DE LA ECONOMÍA.

CAPÍTULO 6.- CRECIMIENTO, ACUMULACIÓN Y TENDENCIAS PROFUNDAS: LA ECONOMÍA POLÍTICA.

La política económica en Adam Smith

En opinión de Barber (1967), el conjunto de conceptos e ideas económicas de Adam Smith y sus actitudes hacia la política económica formaban parte de un todo. Consideraba el crecimiento económico como el fin básico, cuya deseabilidad estaba más allá de todo disputa. Y, por ello, la pertinencia de cualquier política particular debería medirse por sus efectos sobre el crecimiento económico y, particularmente, sobre la acumulación de capital y la especialización del trabajo.

De acuerdo con Viner (1927), La Riqueza de las Naciones contenía un ataque específico contra ciertos tipos de actuación gubernativa de los que Smith estaba convencido, tanto a priori como sobre una base empírica, de que actuaban contra la prosperidad nacional: las subvenciones, los derechos de aduana, las prohibiciones respecto al comercio exterior, las leyes de aprendizaje y establecimiento, los monopolios legales, las leyes de sucesión, que obstaculizaban el libre comercio de la tierra.

Bajo estos criterios, la regulación y el control estatal, en términos generales, eran vistos como perjudiciales. Pues, su efecto final era impedir una ampliación del mercado y desviar la actividad económica de su curso natural. De modo que toda intervención gubernativa no era bien vista. En su opinión, muchas de las actuaciones públicas que tenían objetivos bienintencionados, acababan generando efectos contrarios. Por ejemplo las Leyes de Pobres, al exigir la residencia en una parroquia concreta como condición para recibir, en su caso, el subsidio, restringían la movilidad de la mano de obra y, por ello, reducían el crecimiento económico y la generación de riqueza distribuible.

Al oponerse a muchas de las prácticas de los gobiernos de la época, Smith era coherente con su sistema analítico. Pero las críticas a los gobiernos no se derivaban directamente de su análisis, pues cuestionaba en ocasiones el que el laissez faire condujera al mejor de los mundos posibles. A veces, los intereses privados no regulados -tanto como los gobiernos- podrían comportarse de modo que suprimieran el progreso.

Este aparente conflicto conceptual, es resuelto -en opinión de Barber (1967)- mediante la consideración de que el crecimiento económico y el orden de competencia se reforzaban mutuamente. Los controles impedían la existencia de un ambiente de competencia, y ésta, suponía Smith, maximiza el crecimiento. Pero el mantenimiento de la competencia exigía una atmósfera de expansión económica. El progreso adquiría así un valor tanto instrumental como intrínseco: era el agente catalítico esencial para convertir la potencial discordia en armonía, y el disolvente de las barreras a la competencia efectiva. Sólo entonces podían ser frenadas las tendencias de la oferta a actuar contra el interés público. De forma similar, se requería de un clima de demanda creciente de mano de obra para neutralizar el poder de los capitalistas para abusar de los trabajadores desorganizados. Si la competencia era deseable como estímulo para el crecimiento, la expansión económica no era menos exigible para promover de un modo efectivo la competencia. No obstante, para Smith, el crecimiento implicaba otro supuesto que hacía innecesarias ciertas actuaciones públicas. En los beneficios del crecimiento participaban todas las clases sociales.

En su análisis general de las funciones propias del Estado, Smith dejó bien claro que restringiría las actividades del gobierno. De acuerdo con el sistema de la libertad natural, el soberano tiene únicamente tres deberes: primero, el deber de proteger a la sociedad de la violencia y la invasión de sociedades independientes; segundo, el deber de establecer una administración de justicia exacta; y, tercero, el deber de erigir y mantener ciertas instituciones públicas y determinadas obras públicas.

Esta tercera función suponía llevar a cabo una serie de actuaciones que ningún individuo o pequeño grupo de individuos tendría nunca interés en mantener, ya que los beneficios que comportaban no podrían compensar el gasto de ninguno de ellos, aunque frecuentemente compensase con creces a la sociedad en su conjunto. Pues, las obras e instituciones públicas de esta clase, dice, son aquéllas que tienden a facilitar el comercio y a promover la instrucción del pueblo. Para Smith, la participación del gobierno en la educación general del pueblo contribuiría a mejorar la industria, pues mejoraría a los ciudadanos. La educación pública era, además, necesaria para contrarrestar los perniciosos efectos de la división del trabajo y la desigual distribución de la riqueza.

Por otra parte, Smith -de acuerdo con Viner (1927)- hizo importante concesiones a la posibilidad de la promoción por parte del gobierno del bienestar general mediante obras e instituciones públicas. En muchas ocasiones, Smith apoyó las restricciones gubernativas sobre la iniciativa privada donde no estuvieran involucradas la justicia o la defensa, y donde el único objetivo fuese mejorar la dirección que la iniciativa privada daba a la inversión de capital, el curso del comercio y la utilización del trabajo.

En definitiva, siguiendo a Viner, cabe reconocer que Smith no fue un abogado doctrinario del laissez faire. Vio un amplio y elástico ámbito de actividad para el gobierno, mediante la mejora de los niveles de competencia. Atribuyó gran capacidad para servir al bienestar general a la iniciativa individual aplicada de modo competitivo para promover fines individuales. Dedicó un mayor esfuerzo a su exposición de la libertad individual que a explorar las posibilidades del Gobierno. No obstante, Smith se dio cuenta de que el interés y la competencia traicionaban a veces el interés público al que se suponía debían servir, y estaba preparado para que el Gobierno ejerciera alguna medida de control sobre ellos donde fuera preciso y cuando éste demostrara tener la suficiente capacidad para acometer la tarea.