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David Barkin
E. UNA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA DIVERSIFICACIÓN RURAL Y EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO
El desarrollo sostenible es un enfoque de reorganización productiva que aprovecha las experiencias combinadas de los grupos locales de todo el mundo. Las técnicas de instrumentación varían enormemente entre regiones y ecosistemas. Un denominador común permea este trabajo: la necesidad de participación democrática efectiva en el diseño e instrumentación de los proyectos; su importancia es evidente en los títulos de algunos de los excelentes escritos sobre el tema: Ben Abdallah y Engelhard, 1993; Calderón et. al., 1992; Machado, et. al., 1993; Nuñez, 1993. Otra lección proveniente de la experiencia reciente es la importancia de crear redes que mantengan y defiendan este trabajo; sin el mutuo reforzamiento que la agrupación internacional de ONGs proporciona, las unidades individuales no serían tan efectivas en la obtención de fondos para sus proyectos, en lograr asistencia técnica para su instrumentación y en el soporte político contra los políticos e instituciones intransigentes o incrédulos, tanto locales como nacionales. (Arruda, 1993; Friedmann y Rangan, 1993) Los éxitos se deben, sin embargo, no sólo a la tenacidad y sacrificio de los trabajadores comprometidos y a los participantes locales, sino también al surgimiento de una estructura de soporte, nacional e internacional, de trabajadores, campesinos, eruditos y activistas, que están deseando movilizarse para mantener los esfuerzos espontáneos o bien organizados de los grupos individuales de todo el mundo, quienes están promoviendo proyectos de participación democrática para el desarrollo sostenible. Las organizaciones están formándose, las alianzas rehaciéndose, las experiencias revaluándose; en Latinoamérica, una de las más promisorias es la RIAD (Red Interamericana de Agriculturas y Democracia, 1993), con su sede en Chile.
Sin embargo, el desarrollo sostenible, no es un enfoque que será aceptado simplemente porque "su tiempo ha llegado". La apertura de la comunidad multilateral de desarrollo a las ONGs y a otros grupos de base (incluyendo el compromiso de las organizaciones como la Fundación Interamericana en EEUU, el IICA en Costa Rica y numerosas fundaciones de Europa Occidental que mantienen esos esfuerzos), no es justamente un gesto hecho por las agencias poderosas a las más pobres; más bien, refleja el reconocimiento de que estos grupos de base han sido efectivamente movilizadores de gente y recursos para lograr mejoras palpables en los niveles de vida mientras contribuyen notablemente a proteger el ambiente. Tales victorias señalan el principio, no el fin del proceso.
Además, el reconocimiento no significa la aceptación de las metas o los principios de los grupos que conforman la comunidad del desarrollo sostenible. Como hemos acentuado repetidamente en las páginas precedentes, el modelo prevaleciente de desarrollo industrial ha creado estructuras de riqueza y poder concentrados que sistemáticamente generan problemas sociales y ambientales a escala global. En el proceso, las élites pequeñas pero poderosas han consolidado su control en muchas sociedades y otras innumerables se benefician de los frutos del modelo de consumo que el sistema ha engendrado; este es un patrón insostenible de producción y consumo, un modelo que puede hacerse más eficiente, menos contaminante, pero que al final continuará siendo inviable. Los intereses creados niegan activamente el acceso a los recursos, a las oportunidades de empleo, a los más mínimos niveles de servicios sociales para segmentos enormes de la humanidad, mientras que se desperdician cantidades exorbitantes en expresiones ostentosas de consumo para los pocos privilegiados.
Entonces, el desarrollo sostenible implica una lucha política por el control sobre el aparato productivo. Requiere de una redefinición no sólo de qué y cómo producimos, sino también de a quién le será permitido producir y para qué fines. Para las organizaciones implicadas en proyectos de desarrollo sostenible en áreas rurales, el conflicto se centrará alrededor del control de mecanismos de poder político y económico, para los campesinos, las poblaciones indígenas, las mujeres y otras minorías menos privilegiadas, y sobre el uso de los recursos. La lucha por asegurar una voz mayor en el proceso no asegurará que sus decisiones conducirán al desarrollo sostenible. Pero esa participación democrática de base creará los cimientos para la distribución más equitativa de la riqueza, uno de los principales prerrequisitos para el surgimiento de una estrategia de desarrollo sostenible.
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