David Barkin
A. EL COMERCIO Y EL AMBIENTE: LOS FRACASOS DEL ESTADO
Las negociaciones del NAFTA y GATT-OMC fueron de gran importancia y visibilidad.
Grupos populares y sectoriales opositores forjaron alianzas para tratar de
derrotar estas iniciativas que, aseguraban, ocasionarían graves daños
ambientales y sociales. Los debates advirtieron sobre el elevado costo ambiental
que el comercio internacional y la integración regional cobraría. En efecto, la
internacionalización de la economía global acelera la especialización
productiva, intensificando los problemas de degradación y destrucción de los
ecosistemas. Mediante la creación de nuevas oportunidades para la inversión y
las ganancias, los nuevos compromisos institucionales están provocando una mayor
polarización de las naciones, tanto en el norte como en el sur. La mayor
concentración de la riqueza y la agudización de la pobreza hace cada vez más
difícil la tarea de controlar y revertir el daño ambiental.
La estrecha relación entre esta polarización social y la degradación del medio
desató un acalorado debate. Los grupos populares recalcaron los altos costos
ocasionados por la distribución tan sesgada de los beneficios de la integración
económica y la liberación del comercio exterior; insistieron en sus temores de
una caída generalizada de los niveles de vida de los trabajadores y campesinos
quienes no podrían encontrar trabajo productivo en la nueva economía. Mientras
tanto, un pequeño grupo de industriales y financieros ofrecieron su apoyo
ilimitado, y hasta recursos financieros, al programa político de integración,
asegurando que generaría enormes beneficios para todos lo participantes a raíz
de los incrementos del comercio y la inversión. Algunos grupos de ambientalistas
también se preocuparon, haciendo hincapié en los altos costos que este comercio
ocasionará en términos de contaminación por transporte y desperdicios del
proceso de producción y una utilización más rápida de los recursos naturales,
especialmente de la energía. Otros críticos han ido más allá, objetando la
rápida difusión de un modelo de desarrollo insostenible e inalcanzable fincado
en el consumo creciente como la base para el bienestar humano.
El debate sobre las bondades de un mayor comercio internacional se centró en
torno al aumento y la profundización de la pobreza y el deterioro de la calidad
del medio. Los críticos argumentaban que estos problemas se acelerarían, debido
a que los gobiernos nacionales son incapaces de obligar a los beneficiarios de
esta apertura (fundamentalmente empresarios locales atados al capital
internacional) a invertir cantidades suficientes para asegurar procesos de
producción “limpios” y “seguros” y al mismo tiempo compensar a los perdedores
(comunidades campesinas y asentamientos urbanos pobres) por sus sacrificios. El
problema de compensación es el más difícil, pues involucra un gran rango de
asuntos que van desde problemas de seguridad industrial, la pérdida en gran
escala de trabajos industriales tradicionales, cambios en los patrones de
consumo, así como las crecientes presiones sobre el ambiente, ocasionadas por la
enorme escala de producción.
Asimismo, la creciente actividad económica está llegando en un momento en que
los gobiernos nacionales son forzados a deshacerse de sus funciones
tradicionales y a sacrificar partes de su base de ingresos públicos para atraer
nuevas inversiones. Sin desprenderse de su control, están devolviendo las
responsabilidades a las regiones (estatales o provinciales) y a las
administraciones locales, las cuales no están preparadas para confrontar esta
carga; la carencia de personal técnico y sistemas administrativos modernos
agudiza los problemas. Esto hace resaltar el interés por los daños ambientales y
la destacada polarización conforme los comerciantes internacionales se quedan
con los beneficios de la nueva apertura del sistema internacional.¹
1. Para ejemplos excelentes de estas discusiones, ver, entre
otros, Low 1992, Arden-Clarke 1991 y 1992, y Daly 1992 y 1993. Un resumen de
esta literatura fue preparado recientemente por la CEPALC 1995.