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David Barkin

B. POLÍTICAS QUE PROMUEVEN LA DESTRUCCIÓN AMBIENTAL Y LA POBREZA RURAL

Como respuesta a la devastación, gran parte del sector empresarial está ahora obligado a "racionalizar" el uso de los recursos naturales. Después de haber transformado la naturaleza, ahora ellos deben reconsiderar como proteger su inversión. Frente a los controles impuestos sobre los productos importados por las naciones ricas, algunos utilizan químicos de manera más moderada o cambian a fórmulas menos dañinas. Los esfuerzos en los países latinoamericanos por promulgar un conjunto adecuado de regulaciones protectoras también han obligado a algunos productores a modificar sus prácticas, pero en muchos lugares las distorsiones burocráticas dificultan hacerlas valer efectivamente. Otros responden a las nuevas políticas que eliminan los subsidios de todos los productos de este tipo, utilizando recursos con mayor cuidado o cambiando las técnicas para reducir los costos o incrementar la productividad. Para este sector, una combinación de sus propios intereses, junto a las respuestas a las señales administrativas y del mercado, reforzada por una vigilancia social apropiada, puede conducir a una reducción progresiva del daño ambiental, en regiones ya ocupadas con anterioridad por el sector comercial.

Sin embargo, aunque las estrategias políticas para fomentar a la protección ambiental son un avance deseable, pocos pasos se han tomado para proteger a las poblaciones en riesgo. Mientras tanto, el eslabón político crucial que determina la correlación entre las expropiaciones de los recursos naturales y ambientales y la explotación de la gente, se mantiene en el dominio de las organizaciones de base: los organismos no-gubernamentales (ONGs), los grupos de mujeres, algunos grupos ambientalistas, organizaciones sindicales y los mismos productores directos. La experiencia reciente demuestra cómo el desarrollo sostenible complementa las luchas para la justicia social, derechos humanos y diversidad cultural (tal como el movimiento que confronta el "racismo ambiental"), la política rural continúa reforzando procesos sociales que penalizan a los pobres. El análisis oficial "culpa a las víctimas" por los dilemas que enfrentan, y les suma las críticas devastadoras de las instituciones gubernamentales creadas para sostener entre las clases inferiores la visión de que el mercado "libre" produce un uso mucho más eficiente de los recursos y una tasa mayor de crecimiento económico.

Los sistemas modernos de producción continúan su expansión, disputando los derechos de los campesinos e indígenas sobre sus tierras más productivas y sus recursos más valiosos. Las instituciones oficiales, nacionales e internacionales, impulsaron nuevas estrategias para premiar a los agricultores comerciales por sus aportaciones al desarrollo nacional, asegurándoles continuamente el acceso privilegiado a los recursos más valiosos de la sociedad en proceso de modernización: la tierra y los recursos naturales, la tecnología, el crédito y los canales del mercado. La pobreza es acentuada por esta expansión, la cual frecuentemente condena a la devastación a las regiones y a la gente que ahí vive. En la nueva arena política, la lucha de los pobres es cada vez más difícil. En el mejor de los casos, los grupos marginados pueden intentar reclamar una pequeña proporción de los presupuestos oficiales para sus esfuerzos; ahora reclaman a la comunidad mundial para que les entienda y apoye o recurren a nuevas formas de resistencia para insistir en sus demandas. Aun cuando las reformas agrarias forzaron una redistribución de la tierra entre los grupos campesinos e indígenas, como en México, Bolivia y Nicaragua, los recursos financieros y técnicos complementarios requeridos para aprovechar las nuevas oportunidades fueron invariablemente colocados al servicio de otros.