Rentabilizando

Al final los mecanismos del aguinaldo estatal que fueron ensamblados antes de la navidad de 1983 en Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina –así como las variantes que brotaron en otros países- no solo que lograron alcanzar de manera más eficiente y discreta los mismos objetivos de transferencia de perdidas cosechados por la ‘nacionalización’ mexicana, sino que lograron satisfacer todas las demandas exigidas en Panamá por el banquero orador.

En efecto, los ataques del banquero orador contra el liberalismo clásico –o usando sus propias palabras, contra el liberalismo manchesteriano- como doctrina que se opone a que el Estado se involucre en los negocios del sector privado; así como sus elogios a favor de un liberalismo moderno –que él lo

 

rebautizó con el nombre de neoliberalismo- y que en definitiva demanda que el Estado asuma las perdidas de los negocios privados, no solo que fueron entusiastamente aplaudidos sino que a la postre fueron abiertamente practicados.

 

El uso de esos mecanismos creados para que los gobiernos legalmente absorban el pago de las deudas privadas -bajo cualquiera de los modelos de nacionalización, capitalización, chucutización, sucretización o desdolarización que se adopte- logró reducir significativamente el temor de los acreedores de no poder recuperar los préstamos otorgados al sector privado. Sin embargo, aunque en menor escala, aún subsistía el temor de que tampoco los gobiernos pudiesen pagar la totalidad de la deuda.

 

Con el objeto de mitigar este último temor, bajo la tutela del Secretario del Tesoro Norteamericano James Baker, en 1985 se estableció una estrategia destinada a facilitar que los gobiernos puedan cubrir la totalidad de los pagos. La estrategia se basaba en tres condiciones: primero, que los países deudores reduzcan sus gastos internos; segundo, que los bancos acreedores concedan nuevos créditos, no solo para cubrir deuda vieja sino también para financiar nueva inversión; y, tercero, que los préstamos del FMI y el Banco Mundial, sean económicamente rentables.

 

Pero como en la práctica ninguna de esas tres condiciones llegó a cumplirse, el ‘Plan Baker’ jamás llegó a funcionar. Así, entre 1985 y 1988, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Perú, debieron suspender nuevamente los pagos de la deuda.

 

Ante esa realidad, en 1989 el nuevo Secretario del Tesoro Nicholas Brady creó el ‘Plan Brady’, que tenía por objeto que los bancos acreedores acepten reducir el monto de la deuda externa, a condición de que oficialmente se les garantice que la deuda restante y los intereses serían pagados en su totalidad.[1]

 

Para cumplir este propósito, los bancos entregaron los pagarés de la deuda del tercer mundo y a cambio recibieron los denominados ‘Bonos Brady’ que estaban garantizados por el Tesoro Norteamericano y, sobre la base de esa garantía, podían ser libremente negociados en los mercados de capitales.[2]

 

No obstante los ‘Bonos Brady’ tampoco lograron sobrevivir por mucho tiempo. A mediados de los años 90 una nueva crisis financiera emergió en América latina -la del ‘efecto tequila’-  la cual amenazaba con reducir el precio de los pagarés de la deuda en el mercado secundario.

 

Ante ese peligro, los acreedores impulsaron la creación de un nuevo sustituto: los ‘Bonos Global’; los cuales comenzaron a circular en 1995 y lograron –reduciendo tasas y ampliando plazos- reforzar una vez más el precio de los bonos de la deuda en el mercado secundario.

El Plan original pretendía una reducción del 20 por ciento del monto de la deuda, mientras que el FMI y el Banco Mundial garantizarían el pago del restante 80 por ciento.

En aquel tiempo también se pusieron de moda algunos imaginativos esquemas que proponían reducir la deuda a cambio de que los gobiernos financien los proyectos gestados por ciertos grupos sociales y por determinadas organizaciones privadas sin fines de lucro.