La ‘capitalización’ chilena

En 1983 Augusto Pinochet cumplía una década como jefe del gobierno militar chileno, posición a la cual había arribado blandiendo como bandera de combate la necesidad de impedir que el gobierno socialista de Salvador Allende nacionalice los bienes y negocios del sector privado. Debido a ese antecedente, para Pinochet resultaba patéticamente embarazoso nacionalizar las deudas del sector privado.

La contradicción, además, se tornaba más evidente a causa de dos circunstancias adicionales. Por un lado, a diferencia de los otros países latinoamericanos, en Chile la mayor parte de la deuda externa había sido contratada por el sector privado; y, por otro lado, el equipo económico del gobierno estaba firme y genuinamente cohesionado alrededor de la tesis de que tanto las ganancias como las perdidas de los negocios privados, debían pertenecer exclusivamente a quien los conciba y los ejecute.

 

Esas contradicciones eventualmente provocarían el encarnizado degüelle de los jefes del equipo económico que se produjo en relación al manejo de la deuda externa. En poco tiempo fueron rodando sucesivamente las cabezas de Sergio de Castro, Sergio de la Cuadra, Rodolfo Lüders, Carlos Cáceres, Luis Escobar y Hernán Büchi.

Ese desgrane de cabezas, desde luego, no parecía haber sido propiciado por Augusto Pinochet, porque fue él mismo –por lo menos en un primer momento- quien intentó mantener en alto

 

la propuesta de que sean los propios deudores quienes, sin intervención del gobierno, renegocien las condiciones de pago con los acreedores externos. No obstante y a pesar del poder interno que tenía Pinochet -así como del respaldo internacional que abiertamente le habían otorgado por más de una década los gobiernos de los Estados Unidos y de otros países del primer mundo- su reticencia a nacionalizar la deuda tuvo que sucumbir en el instante mismo en que los bancos acreedores amenazaron con suspender el financiamiento al comercio chileno, si es que Pinochet no aceptaba absorber y garantizar el pago de la deuda privada.  

Pero en una sociedad como la chilena –que para entonces ya poseía una amplia cultura económica- resultaba difícil tratar de beneficiar solo a un grupo de la sociedad, sin que los otros grupos se sientan estafados. Ante ese dilema, el gobierno tuvo que ensamblar un complejo mecanismo de subsidios, ayuda y rescate financiero, en cuya confección sobresalió la capacidad creativa de todos –cada uno en su turno- los distintos jefes del equipo económico.

 

Al final, el mecanismo consistió en fusionar tres grupos de deudores clasificados con base a las siguientes características: un primer grupo conformado por aquellos cuya deuda estaba contabilizada en dólares; un segundo grupo conformado por aquellos cuya deuda estaba registrada en pesos chilenos; y, un tercer grupo, conformado por aquellos bancos domésticos que mantenían deudas pendientes con los acreedores externos. Los miembros de esos grupos, desde luego, no se excluían entre sí. Por el contrario, los casos más abundantes eran los de aquellos individuos que pertenecían simultáneamente a por lo menos dos de los tres grupos.

 

Una vez establecidas esas tres clases de deudores, se decretó que el Banco Central financie un fondo destinado a subsidiar las tres siguientes operaciones: la primera, la venta de dólares a

los individuos del primer grupo, aplicando un tipo de cambio preferencial y en montos suficientes para cubrir todas sus deudas externas; la segunda, la concesión de préstamos en condiciones blandas y a un interés altamente subsidiado a los miembros del segundo grupo; y, la tercera, la compra por parte del Banco Central de toda la cartera que los bancos del tercer grupo voluntariamente quisiesen vender al Estado.

 

Como es obvio suponer, los bancos privados prefirieron vender al Banco Central de Chile toda aquella cartera originada en los préstamos que habían sido otorgados a sus propios accionistas sin garantía real y, por lo tanto, altamente irrecuperable. Esa cartera -que hasta ahora permanece registrada como si de verdad fuera recuperable- fue inscrita dentro del balance de los Activos del Banco Central bajo el nombre de Inactivos, lo cual denota el sutil humor que prevalecía en aquella época. 

 

El sentido del humor también se hizo presente en los informes oficiales del gobierno. En esos documentos el proceso mediante el cual el gobierno utilizó los recursos pertenecientes a todos los chilenos para pagar las deudas de una selecta parte de la población, se denominó: ‘Capitalización y Fomento del Sector Privado’. El eufemismo y el humor contagiaron otros documentos. Ver por ejemplo toda la pagina 121 de: Hernán Büchi Buc, ‘La transformación económica de Chile’, Grupo Editorial Norma, 1993.