Corolario

Transcurrió más de un año antes de que los gobiernos de América Latina se percataran que el mercado de capitales había sido confiscado por el bloque acreedor. Cuando intentaron reaccionar ya era demasiado tarde.

El 19 de mayo de 1984 –es decir, transcurridos más de 14 meses desde nuestra abortada reunión- los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y México, resolvieron enviar una carta a la cumbre del ‘Grupo de los Siete’ que se encontraban reunidos en Londres; carta en la cual proponían establecer un ‘diálogo constructivo para buscar acuerdos conjuntos sobre el tema de la deuda externa’.

A pesar de que los mandatarios de los siete países acreedores más ricos estaban ocupados, fueron lo suficientemente amables para dedicar algunos minutos para leer la carta. La respuesta fue emitida por intermedio del presidente Ronald Reagan, quien aconsejaba a los presidentes latinoamericanos dirigirse a las oficinas del FMI en Washington, debido a que esa era la institución que estaba coordinando los asuntos referentes a la deuda del tercer mundo.

Un mes después, el 21 y 22 de junio de 1984, se citaron en Cartagena los cancilleres y ministros de finanzas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, República Dominicana, Perú, Uruguay y Venezuela, para firmar un documento bautizado como el ‘Consenso de Cartagena’, en el cual se proponía crear una oficina de consulta e información estadística que pudiese ser usada en conjunto por los países deudores. La oficina –que quizás pretendía ser la contraparte de la creada por el ‘Grupo Ditchley’- jamás llegó a funcionar.

Finalmente, en el mes de septiembre de 1984, los integrantes del ‘Consenso de Cartagena’ volvieron a reunirse, esta vez en la bella ciudad de Mar del Plata. En el documento oficial de la reunión –el ‘Comunicado de Mar del Plata’- se formulaba un taciturno llamamiento a los países acreedores para sostener un diálogo político en torno a los problemas de la deuda. 

Esa fue la última vez que nuestros gobiernos oficialmente mencionaron, aunque sea de manera indirecta, la posibilidad de establecer un tratamiento global a la deuda externa. Después de la reunión de Mar del Plata, la iniciativa en el tratamiento de la deuda fue retomada por los acreedores con el Plan Baker formalizado a fines de 1985, con el Plan Brady anunciado en marzo de 1989 y con la serie de diferentes esquemas ‘al margen del mercado’ y ‘caso por caso’ que, desde principios de la década de los 90 y hasta la actualidad, han sido propuestos y manejados por el bloque acreedor.

Las consecuencias posteriores son bastante conocidas. La deuda de América Latina que al iniciarse la crisis en 1982 era de alrededor de 300 mil millones de dólares, a principios del tercer milenio ya supera los 850 mil millones; entre 1982 y el año 2000 hemos pagado a los acreedores un total de 960 mil millones: 576 mil millones por intereses y 384 mil millones por amortización. Por lo tanto, América Latina ha transferido un total de 1510 mil millones de dólares, contabilizando los 550 mil millones de incremento de la deuda más los 960 mil millones de transferencias. En consecuencia -adquiriendo nueva deuda para cubrir deuda antigua- hemos cubierto 5 veces el valor de la deuda original, sin que ésta haya disminuido.

Por último, si contabilizamos el total pagado desde 1982 sobre los 300 mil millones de dólares iniciales, los réditos alcanzan una tasa de rentabilidad bruta del 28 por ciento; rentabilidad que triplica el promedio de la renta obtenida en el mercado internacional de capitales. En definitiva, la deuda de América Latina ha constituido un negocio tres veces más rentable que los otros negocios de la banca acreedora.

Esa rentabilidad, desde luego, ha sido generada porque la acción conjunta de los acreedores –especialmente a través del pari passu- ha impedido que el libre juego de oferta y demanda distribuya el riesgo financiero entre todos los participantes y reduzca el precio de nuestros pagarés en el mercado secundario. 

En el actual horizonte nos atrevemos nuevamente a pregonar que -en un mundo ya globalizado- lo que impide que América Latina pueda dejar atrás el dogal de la deuda es la existencia del cartel de acreedores formado por el Club de Paris, el Club de Londres y el Grupo Multilateral; cartel que impide que el mercado pueda funcionar libremente y sin pari passu, para que podamos negociar y cancelar en su verdadera cotización los devaluados pagarés de nuestra deuda.