El Juez

Tal vez por simple coincidencia, ese mismo día habían decidido reunirse otros dos presidentes: Ronald Reagan de Estados Unidos y Joao Baptista de Oliveira Figueiredo del Brasil. La reunión se efectuó en el Palacio de Itamaraty y, aunque la fecha fuera una simple coincidencia, el viaje del Presidente Reagan al Brasil si estaba directamente inspirado en la crisis financiera destapada por México.

A lo largo de los noventa días transcurridos entre el baile del Zócalo y la reunión de Itamaraty, en los corrillos financieros se había comentado a gritos que antes de que expire el próximo pagaré, el General Figueiredo tendría que confesar que –igual que México- Brasil tampoco podría pagar su deuda externa. Además, entre los funcionarios del FMI, del Banco Mundial, del BID y de otras instituciones internacionales, se susurraba que Argentina y Chile también se declararían insolventes antes de la navidad de ese año, 1982.

Si es que a México se agregaban Brasil, Argentina y Chile, los nueve bancos más grandes de Norteamérica tendrían que ser legalmente declarados en quiebra.[1] Por lo tanto, había llegado la hora de solicitar y, de ser necesario, exigir la ayuda soberana de los gobiernos y de los pueblos de América Latina. 

Enfrentado ante esa disyuntiva, el Presidente Reagan -que desde el comienzo de su mandato había demostrado ser mucho más ágil y eficiente que lo que de él se esperaba- decidió actuar de inmediato. En el transcurso de la cena de bienvenida que el General Figueiredo le ofreció en el Palacio de Itamaraty la misma noche del primero de diciembre, aclaró el objetivo que tenia su visita utilizando las siguientes palabras:

‘Los problemas que la deuda ocasiona a muchos países nos obliga a actuar juntos y así asegurar que tenemos las herramientas necesarias. Los recursos del Fondo Monetario Internacional constituyen una de las más importantes de esas herramientas. Estados Unidos ha propuesto incrementar las cuotas del FMI, para asegurar que esos recursos sean los adecuados a la demanda de los países...

Nuestras economías están entrelazadas y podemos crecer actuando concertadamente y no aisladamente. Nada es más destructivo que la decisión unilateral que pueda tomar un país para individualmente cortar el comercio y los flujos financieros... Felicitamos a usted, Presidente Figueiredo, y a su fuerte liderazgo’.  

Del estilo transparente y directo del discurso emergían tres sencillos consejos: el primero sugería al gobierno del Brasil –y a los otros gobiernos de América Latina- que acudan al FMI, cuyos funcionarios ya habían recibido las debidas ordenes de otorgar a los países deudores, en calidad de nuevos préstamos, los recursos necesarios para que puedan continuar pagando su deuda externa.

En el segundo consejo se exhortaba a reconocer la mutua dependencia entre las economías del norte y las del sur. Una década después, esa interdependencia sería más conocida con el nombre de globalización.

Con el tercer consejo se prohibía de manera firme y directa, aunque usando un léxico diplomático, la posibilidad de que los países deudores manejen unilateralmente las políticas para el pago de la deuda, sino que tendrían que hacerlo de acuerdo a un plan previamente concertado por los propios acreedores.

Desde luego ningún presidente norteamericano se tomaría la molestia de visitar un país sudamericano con el único fin de enumerar tres consejos, pero calificarlos de otra manera sería machacar en el poder de quien los emitía. Por otro lado, aún en el caso de que en efecto hubieran sido meros consejos, ninguno de los gobernantes de los tres grandes deudores de Sudamérica –Brasil, Argentina y Chile- hubiera encontrado en sus propios países el apoyo suficiente como para atreverse a expresar una opinión contraría.

En Chile, después de casi una década del férreo gobierno del General Pinochet, la mayoría de la gente le exigía un plebiscito. En Brasil, de entre todos los generales de esa época, al General Figueiredo el destino le tenia deparado el final más triste. En Argentina, el fracaso de los gobiernos de los generales Videla, Viola, Galtiere y Bignone, los conduciría a declarar la Guerra de las Malvinas y a su humillante derrota.

Así, a pesar de que el FMI hasta fines de la década de los 70 había permanecido limitado a la discreta y apacible tarea de examinar datos estadísticos y elaborar índices económicos, en el Palacio de Itamaraty se lo ascendió a la categoría de juez supremo en el proceso de renegociación de los pagos de las deudas que debería comenzar a efectuarse entre los bancos acreedores y los países deudores.

Nombrar un juez es lo más adecuado cuando existe alguna discrepancia entre dos litigantes y, a fines de 1982, entre los bancos acreedores y los países deudores existían varias y serias discrepancias. Por otro lado, el FMI parecía cumplir con todas las condiciones de ecuanimidad e imparcialidad que debe tener cualquier juez: la diversidad de sus 182 países miembros parecía garantizar una perspectiva imparcial y universal; la ubicación de sus funcionarios guardaba ecuanimidad con el tamaño y número de sus países miembros; en sus 38 años de existencia, en el FMI no se había producido ninguna acción discriminatoria contra alguno de sus miembros; y, en general, sus recursos habían sido equitativamente distribuidos.

Quizás la única duda sobre la ecuanimidad que el FMI podía tener para actuar como juez imparcial, se originaba en el hecho de que el salario de todos sus funcionarios depende en lo básico del gobierno de los Estados Unidos. En todo caso, si esa circunstancia algún día llegaba a pesar, lo haría en favor de los acreedores.

No obstante, desde la perspectiva bancaria, el nombramiento del FMI como juez supremo hacia peligrar la posibilidad de volver a utilizar la nacionalización a la mexicana para salvar a los acreedores de algún otro país. Esa perspectiva se basaba en el hecho de que el FMI desde su fundación -casi cuatro décadas antes- siempre había pregonado que dentro de sus políticas no tendría cabida ningún intento de nacionalizar o estatizar alguna de las actividades o bienes del sector privado. 

Hasta 1982, las políticas en favor de una economía libre de  nacionalizaciones habían constituido parte del pensamiento de los dueños de los bancos locales y transnacionales. Pero en los tres meses transcurridos entre el baile del Zócalo y la reunión en el Palacio de Itamaraty, el criterio de los bancos acreedores había experimentado una radical metamorfosis.

Mientras que en la Plaza del Zócalo la nacionalización de los bancos se festejó como un acto exclusivo del revolucionario gobierno mexicano, en un par de meses se hizo evidente que en Brasil, Argentina, Chile y quizá en otros países, se necesitaría aplicar la misma receta. Y fue esa evidencia la que transformó a los propios banqueros en revolucionarios defensores de la tesis de nacionalizar los bancos locales.

Lastimosamente para los banqueros, contra la posibilidad de una nueva nacionalización bancaria ya se habían pronunciado el FMI, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y casi todas las otras entidades financieras de Washington, así como la mayoría de los gobiernos y de los gremios y demás organizaciones del sector privado.

Todos esos opositores fueron despectivamente calificados por los acreedores con el nombre de liberales manchesterianos. Es decir, el mismo calificativo que después utilizó en Panamá el banquero orador. Pero para intuir las razones por las que los acreedores juzgaban despectivo el apodo de manchesteriano, debemos retroceder brevemente en la historia.