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Alfonso Klauer

Los incentivos tributarios y el presupuesto del Estado

Habrá sin duda quienes planteen que el conjunto de los incentivos tributarios que se propone, podría hacer colapsar el presupuesto fiscal. En efecto, ello podría ocurrir. Pero, claro está, siempre que se cumplan por lo menos las dos siguientes condiciones negativas:

1) Que en el país, a pesar de los incentivos, no se dé un incremento significativo de la inversión (en comparación con el promedio actual que bordea el 15 % del PBI); ya sea por razones foráneas o, incluso, porque los inversionistas estimen que todavía no son suficientes esos estímulos, y;

2) Que en su conjunto, tanto a nivel central como regional, el Estado no sea capaz de reducir el plantel de empleados públicos en el 25–30 % que en principio puede estimarse excedentario.

Los detractores, sin embargo, deberán tener siempre presente que Lima concentra la generación del 55 % del PBI del país. Y que gran parte del resto lo generan los grandes enclaves productivos que hay en provincias, tanto en minería y pesca, como petróleo, gas, generación eléctrica, industria de exportación, etc., a más de uno de los cuales no alcanzaría ningún tipo de incentivo.

Y también deben tener en cuenta que actualmente el 96 % de la recaudación tributaria se capta en Lima, entre otras razones porque la inmensa mayor parte de los enclaves productivos de provincias tienen sus oficinas centrales en ella. Difícilmente, pues, colapsaría un Estado que, en el peor de los casos, incremente su déficit en 400 millones de dólares.

Cabe no obstante preguntarse, ¿si con estímulos tributarios de esa naturaleza no se incrementan significativamente las inversiones, cómo entonces habrían de incrementarse sin ellos? Pero también habría que preguntar, ¿no es regla de oro de la economía que las inversiones fluyen allí donde resultan más rentables? ¿Y no es ése acaso el propósito de los incentivos? En síntesis pues, planteamos que el desarrollo económico del Perú debe afianzarse en aquellas inversiones productivas que respondan estricta y cabalmente con los intereses del país, siendo dos los objetivos más relevantes: descentralizar la economía del país (y el poder concomitante), y masivamente crear puestos de trabajo.

Fiscalización y sanciones En coherencia con una agresiva política de estímulos económicos, debe ponerse en práctica en el país una también agresiva, sólida y consistente política de fiscalización y sanciones a todas las formas abiertas y encubiertas de uso ilícito de los estímulos económicos. A fin de garantizar una mayor eficiencia la fiscalización y la administración de las sanciones, ésta y aquélla deben darse, en primera instancia, a nivel provincial o distrital, según corresponda.

En cada región, con ramificaciones provinciales, deberá crearse una Superintendencia Especializada en velar por la adecuada aplicación de las políticas de estímulos. El país debe tener confianza en que la fiscalización y acción punitiva descentralizada podrá evitar las maniobras evasivas y fraudulentas que se dieron antes a la luz del centralismo. Sin género de duda, ante la comisión de fraude y engaño en el uso de los incentivos tributarios, las sanciones deben ser muy drásticas y expeditivas. Tanto administrativa, como económica y judicialmente.

Y, con el mismo criterio con que la justicia concede beneficios a quienes en reserva colaboran con ella, debe también contemplarse decisivos incentivos económicos a quienes den pruebas concluyentes de fraude o engaño. Téngase la completa seguridad de que, tanto la población, como los empresarios honestos, serán los primeros en avalar una conducta de esa naturaleza. Por lo demás, también a este respecto, las reglas de juego tienen que ser muy claras, precisas y estables.