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Alfonso Klauer

Los valles, un caso especial

Una parte todavía importante de la producción nacional es de origen agrícola. Sin embargo, los bajísimos promedios de productividad hacen prever que su potencialidad de crecimiento es enorme. Pero también es posible anticipar que, durante algún tiempo, la mayor contribución al volumen de la producción y el valor de la misma, esté concentrado en los valles de la costa.

Su importancia agrícola y potencialidad agroindustrial es enorme. Aun cuando son pocos –no más de ocho–, aquellos en los que sus ríos dan un gran aforo anual de agua dulce. Y, dependiendo de las condiciones climáticas anuales, sólo cuatro o cinco son capaces de regar sus valles todo el año. De allí que, desde hace mucho tiempo, en el país se demanda la dación de una Ley de Aguas que contemple ratios de uso, uso según la afluencia, existencia de represas, costo del agua, administración del curso, necesidad de desarrollo de nuevas obras hidráulicas, etc. De hecho, el actual Congreso se ha propuesto dictar una ley de esa naturaleza antes del 28 de julio del 2002.

No escapa sin embargo al sentido común que es imposible lograr el manejo adecuado de una cuenca si está bajo la jurisdicción de más de una autoridad. Y, menos todavía, si depende de tres o más. Pero tampoco es pertinente que las más de una vez propuestas Autoridades Autónomas de los Valles se superpongan con las autoridades provinciales o regionales.

En ese sentido, es previsible que tenga muy poca efectividad, si del todo no fracasa, una Ley de Aguas que rija en la actual demarcación geográfica de las provincias y departamentos de la costa del Perú; donde no hay un solo río que esté bajo la jurisdicción de una sola autoridad. Como se verá en detalle en el segundo tomo, las cuencas de todos los ríos de la costa peruana pertenecen a dos, tres y hasta cuatro jurisdicciones provinciales, y dos y hasta tres jurisdicciones departamentales. De mantenerse ese absurdo, no sólo las autoridades tendrán serios tropiezos para el desarrollo de su gestión; sino, lo que es más grave, el desarrollo agrícola y ganadero puede verse significativamente entorpecido y hasta minado.

Esa realidad tiene necesariamente que ser superada. Cada cuenca costera debe ser manejada por una y sólo una autoridad que, a su vez, debe ser una autoridad provincial. Esto pues, debe impulsar al país a una seria reflexión sobre la urgencia de modificar la demarcación provincial existente, para ajustarla al ideal de que las provincias costeras dominen las cuencas de su territorio desde la cabecera de los ríos hasta su desembocadura en el mar. Más adelante se verá que en razón de ello proponemos muchísimos cambios de demarcación geográfica, tanto para provincias como para departamentos (o regiones).

Y, como también se verá en los anexos, salvo el caso de los grandes cursos del área cordillerana y de la Amazonía, ese mismo principio deberá aplicarse además, en la medida de lo posible, en una y otra partes del territorio, y en razón de lo que se proponen otros diversos cambios de demarcación provincial y regional.

Para terminar, ha sido en función de los criterios ya señalados, pero también en función de razones históricas, económicas, sociológicas y de vertebración física, que estamos proponiendo que el proceso de descentralización debe incluir la creación de 19 circunscripciones político–geográficas, sustancialmente distintas a los actuales departamentos del país, salvo en los casos de Loreto y Ucayali.

De los recursos y empresas por privatizar

A pesar de la libérrima agresividad con que en la década pasada se acometió la privatización de un sinnúmero de empresas y recursos naturales del país, quedan aún importantes casos por decidir.

Clara y rotundamente planteamos aquí que, entre tanto no entren en funciones las autoridades regionales, el Gobierno Central en ningún caso tomar decisión alguna sin el acuerdo explícito de las actuales autoridades de las poblaciones involucradas, y en particular los concejos provinciales, y no sólo los alcaldes.

En perspectiva de largo plazo, ninguna mella significativa tendrá la economía del país con postergar todos los procesos de privatización pendientes (ya sea por venta o concesión), hasta la toma de posesión de las primeras autoridades regionales.

Es decir, desde el inicio del proceso de descentralización, todos los grandes activos privatizables de que aún dispone el Estado, deben pasar a ser activos fundamentales de las regiones. Y éstas, libre y democráticamente, deberán decidir por su destino (venta, concesión o incluso mantenimiento como empresas públicas), asumiendo por cierto el íntegro de la responsabilidad por los resultados que se obtengan. En nuestro concepto, sin embargo, preferentemente deberían ser entregadas en concesión.

Así, y para citar sólo los casos más notorios, la Central Hidroeléctrica del Mantaro deberá pasar a ser parte de los activos de Huancavelica, o a la región a la que pertenezca ese departamento. La refinería de Talara a la región a la que pertenezca Piura.

SEDAPAL, ciertamente a Lima. Y deben pertenecer a cada una de las regiones del país las hidroeléctricas restantes y otras centrales de generación de energía, los complejos azucareros, las empresas de transmisión y distribución de energía eléctrica, de agua potable, los depósitos minerales, energéticos, bosques, inmuebles, tierras agrícolas, puertos, aeropuertos, e incluso – como también recuerda Rafael Hidalgo en Caretas–, los establecimientos penitenciarios, y proyectos viales, etc.

Una vez instaladas, deberá corresponder a las autoridades regionales decidir sobre el futuro de esos activos. Y sobre si se privatizan del todo o se entregan en concesión.

En todo caso, y de cara a superar el autoritarismo y centralismo que imperó en la década pasada, el asunto en cuestión debe ser sometido a debate público. Y, por lo pronto, debe formar parte de la agenda de deliberaciones del acuerdo de gobernabilidad que en la segunda quincena de noviembre ha empezado a impulsar el propio presidente Toledo.