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Alfonso Klauer

Pesca, minería, energía, bosques: riquezas regionales

¿Quién podría discutir que la riqueza de Suecia pertenece a los suecos, y que la de Sudáfrica a los sudafricanos? ¿Y quién puede negar que la del Perú corresponde a los peruanos? ¿Por qué, entonces, la riqueza de Loreto o Piura, o la de Cerro de Pasco y Moquegua, pertenecen al Estado, esto es, a Lima? ¿No deberíamos acaso –consistentemente– aplicar con la riqueza de nuestras regiones el mismo criterio que aplicamos frente a la riqueza de los países? ¿Por qué con la riqueza de las regiones del Perú se ha venido aplicando un criterio distinto? Pues simple y llanamente porque se impuso el centralismo o, como está dicho, el imperialismo de Lima sobre el resto del país.

Cada una de las distintas regiones del Perú debe tener absoluta y clara conciencia de que los recursos naturales de su suelo le pertenecen. En palabras de Alfredo Pezo Paredes: “la auténtica autonomía regional está en la propiedad que sobre sus recursos naturales tengan los gobiernos locales y regionales y en la clara convicción de aceptar que el canon en su integridad les pertenece”.

Esto constituirá –agrega el propio Pezo– “una de las palancas fundamentales para la construcción de las Naciones Regionales”. Ello permitiría, en efecto, que por fin deje de fluir hacia Lima el grueso de la riqueza generada por la explotación de las grandes riquezas naturales distribuidas a lo largo y ancho del país.

Y, a diferencia de lo que hoy ocurre, deberán ser las regiones las que, en función de los servicios que reciban del Estado Central, deriven una parte del canon total que reciben para financiar los grandes proyectos estatales de servicios multiregionales: carreteras nacionales, grandes puertos, grandes irrigaciones, grandes centrales de energía, etc.

La pesca pues, tanto como su transformación industrial, por ejemplo, deben ser fuente de riqueza de los pueblos de la costa. Son sus autoridades las que deben regir sus destinos y, progresivamente, incrementar su participación hasta percibir la mayor parte de las rentas correspondientes. El Poder Ejecutivo, sin embargo, a través de sus instancias correspondientes (IMARPE para el caso), deberá ser la que dicte los parámetros técnicos y calendarios de captura. Excepcionalmente, sólo la pesca de altura (a partir de una distancia desde la costa que debería definirse técnicamente), debe formar parte de las atribuciones del Gobierno Central.

Y otro tanto debe ocurrir con las áreas de potencialidad agrícola, forestal, minera, energética, etc., aún no explotadas, con absoluta prescindencia de su magnitud. Deberán ser las autoridades regionales, cuando el caso corresponda; o de lo contrario las autoridades provinciales; las que decidan sobre su utilización y explotación. En ningún caso el Poder Ejecutivo debe tener otras atribuciones que las de asesoramiento cuando las circunstancias lo requieran (como en el caso de grandes y complejos contratos de explotación, por ejemplo).