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Alfonso Klauer

De otras instituciones y poderes del Estado

Caeríamos en ceguera, sin embargo, si omitiéramos que en el resto de las instituciones que conforman el aparato del Estado no se dan las mismas y otras ineficiencias intrínsecas al gigantismo y al centralismo, que se agravan, téngase siempre presente, dada la pobre integración física del país.

El Congreso de la República resulta también un órgano centralizador por excelencia. Concentra infinidad de atribuciones que, en muchos casos, deberían corresponder a poderes regionales e incluso provinciales. ¿Por qué –preguntamos a título de ejemplos–, se debe decidir en Lima la creación de los distritos del país, y la modificación de sus límites ? ¿Por qué tiene que ver el Congreso de la República asuntos de transporte urbano , o asuntos administrativos de las universidades  o la creación de un registro de tesis universitarias , o adjudicar tierras en el distrito de San Vicente de Cañete , o que se establezca un curso de Gestión Municipal en la educación secundaria , o la creación de una Autoridad Autónoma para el Malecón del Lago Titicaca , o, para terminar, la creación de una Escuela de Bellas Artes en Tumbes ? .

Concentrando inadecuadamente atribuciones como ésas, no será difícil advertir que, para cuando se termine de estudiar en Comisiones o en el Pleno los 396 proyectos de ley pendientes al 19 de noviembre del 2001, se habrá llegado quizá al 2004. Pero, para entonces, muy probablemente estén en espera más de 500 otros proyectos, muchos de los cuales no más trascendentes que los ya anotados.

Pero tan cuestionable como eso, y para el caso basta revisar la anunciada “Agenda Legislativa 2001–2002” , es advertir que en el Parlamento del Perú prevalece la errónea idea de que el Perú es un país homogéneo (en términos sociales, económicos, geográficos, etc.). Y que es correcto, entonces, dictar una tras otra innumerables leyes generales en las que, invariablemente, se hace tabla rasa de las sensibles y múltiples diferencias de todo orden que se dan en el territorio del país. He ahí, para citar algunos casos, los proyectos de ley sobre promoción de las pequeñas y medianas empresas, sobre Ley de Aguas, sobre Bases de la Actividad Turística, e incluso sobre Educación.

Tampoco puede escapar al enjuiciamiento el inaudito caso de ineficiencia que se observa en el Sistema Judicial, incluidos por cierto el Poder Judicial propiamente dicho, el Ministerio Público, las procuradurías, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura. Todo el sistema judicial, se comporta como un cuello de botella en relación con las causas que le son sometidas desde la sociedad. Sólo así se explica que se hayan acumulado dos millones de expedientes en trámite. En la práctica el sistema judicial es intrínsecamente centralista.

Así, virtualmente todos los contendientes se sienten precisados a apelar hasta llegar a la Corte Suprema, situada en Lima, claro está. Quienes no lo hacen, y sobre todo los litigantes provincianos, no es necesariamente porque acepten de buen grado la decisión “justa” de los jueces en segunda instancia, sino casi exclusivamente por razones económicas.

También es centralista el sistema electoral peruano, ya sea que se revise el caso del Jurado Nacional de Elecciones, o el de la ONPE y el RENIEC. ¿Por qué, por ejemplo, los casos de elecciones en provincias (ya sea complementarias, o los casos de revocatoria de autoridades) tienen que organizarse y manejarse desde Lima? ¿Por qué las oficinas y funcionarios de registro e identificación de ciudadanos de todo el país tienen que depender de una central en Lima? En el caso de la Contraloría General de la República, una vez más el complejo de omnipotencia asoma en toda su dimensión.

¿Por qué no pueden haber contralorías regionales autónomas? ¿Es que acaso –contrariando precisamente todas las lecciones de la historia–, se cree que sólo en Lima están los técnicos y funcionarios que pueden y saben resguardar el buen uso de los recursos del Estado? ¿Y qué decir de la Defensoría del Pueblo? ¿En el Perú, donde históricamente el Estado ha estado de espaldas al pueblo, actuando sistemáticamente en contra de los intereses de las gran- des mayorías, donde un defensor por provincia no sería todavía suficiente, podemos aceptar que haya un solo Defensor del Pueblo? No, definitivamente no serán unas pocas personas, en Lima y desde Lima, las que puedan atender, simultáneamente, todos los problemas y acometer todas las soluciones que demanda el desarrollo, y, previamente, la descentralización total del Perú. Ésta, como se ha adelantado, implica, entre muchos otros retos, alterar sustancialmente la estructura del poder real en el país, impulsar la descentralización económico–productiva en todo el territorio, repoblar todo nuestro espacio, generar innumerables polos de creación cultural, técnica y científica, etc.

Ello sólo será posible con el concurso de miles y miles de hombres y mujeres tomando diariamente decisiones, asumiendo responsabilidades, corriendo el riesgo de equivocarse, y saboreando el acierto. En la práctica, cuando por derecho y sin otra alternativa, todos los peruanos asumamos la tarea que nos corresponde.

Porque –repitiendo una vez más a Jorge Bruce–, “todos estamos inmersos en la tarea de sacarnos adelante”.