El precio del silencio
Trece años después del naufragio en cuestión, el virrey Pedro Fernández de
Castro, Conde de Lemos, habría de ser uno de los que buscó los servicios del
oidor: le pidió prestados 40 000 pesos (como 57 millones de dólares de hoy). Un
contemporáneo del oidor declararía en una ocasión: es mucha la hacienda
adquirida que tiene y no puede ser del salario.
Había quedado atado de manos el virrey
conde de Lemos, para ser él quien pidiera sanción
o siquiera investigara al corrupto y cuestionado
oidor.
¿Cuándo solicitó el jugosísimo préstamo
el virrey? Pues el mismo año en que llegó a
Lima, y cuando apenas había terminado de
desempacar sus bártulos. Es decir, o el virrey
llegó con las suficientes referencias financieras
sobre el oidor, o éste se aprestó a prestar
para que el prestado a su vez se preste al silencio
cómplice –aunque el precio fuera no
cobrar nunca la acreencia–.
¿Y qué podía urgir tanto al virrey? ¿Quizá
reembolsar a su vez la coima que habría
pagado en Madrid para alcanzar a ser nombrado
virrey? ¿Eventualmente para tener
“capital de trabajo” para negociados con barras
de plata? ¿O sería tan inescrupuloso que
le cobró a Villela por adelantado su silencio?
¿Quiénes y por qué razones tenían que
pagar las caprichosas y nada insignificantes
coimas que enriquecieron al doctor Villela,
hasta convertirlo en grandísimo prestamista?
Sin duda otros muchos que estaban involucrados
en mil formas de corruptela, crímenes
y grandes negociados. De éstos –según
leemos en Riva Agüero–:
...los había que de provechos ilícitos daban
en tres años 100 000 pesos.
Razonablemente –por lo menos a la luz
de los intereses de los involucrados–, eran
menos costosos los extorsionadores cobros
del doctor Villela, que las sanciones oficiales
que prescribía la ley y que, eventualmente,
podían concretarse.
Ésa pues, y aunque por ahora sólo la primera,
fue una de las consecuencias de lo que
quizá muchos, para el caso anterior, habrían
considerado un “hecho aislado”, anecdótico
e intrascendente.