Alexei Guerra Sotillo

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Premisas sobre la Economía Informal y las Microempresas

A los efectos de identificar las ideas-matrices y las nociones que orientarán la presente investigación, se precisa la naturaleza predominantemente cualitativa del estudio, sin obviar la necesaria referencia a datos y cifras que permitan fundamentar el análisis a realizar, extraídas de fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas.

Igualmente, se plantean a continuación algunas consideraciones que a manera de hipótesis, representan la opinión o posición del autor sobre el fenómeno en estudio, y cuya verificación o contrastación con el fenómeno bajo análisis se pretende desarrollar.

En esta dirección, se considera conveniente puntualizar lo siguiente:

1) La informalidad es una realidad altamente estructurada y compleja. El crecimiento de la denominada economía informal en el país, no se agota en la alusión al “buhonerismo” o a los vendedores informales en las calles y avenidas de las principales ciudades de Venezuela, sino que tiene que ver quizá con la tendencia a la “informalización” de la estructura empresarial nacional, producto de la dinámica global y los cambios que ella ocasiona (reingeniería, downsizing, reducción de personal, automatización de procesos, reducción de costos, fusiones, en el caso de las que aun sobreviven) así como de la imposibilidad de asumir los costos de la “formalidad” (impuestos nacionales, municipales y estadales, permisología, registro, contribuciones parafiscales, costos laborales, decretos de establecimiento de salario mínimo, gastos de funcionamiento, servicios básicos, en el caso de las que al no poder asumir estos costos o cierran, o los evaden abiertamente).

En este sentido se asume a la informalidad no tanto en su relación con la flexibilización propia y en cierta forma impuesta por la competitividad global en las organizaciones y en sus estructuras, sino como una salida necesaria para la subsistencia empresarial en un entorno en el que la formalidad parece reservada sólo para las empresas u organizaciones de cierta escala productiva, de cierto sector o enmarcada en cierta red productiva e industrial de elevada formalización, y en el que cultural, institucional y socialmente, el Estado ha perdido o ha visto mermar considerablemente su capacidad de vigilar, regular o controlar el ejercicio de actividades lucrativas en amplios sectores económicos, y en el que su aparato burocrático puede erigirse como obstáculo a la agilidad y dinamismo propio del mundo de los negocios y a la materialización de la iniciativa empresarial.

El paradigma organizativo actualmente en conformación, en el marco de la Globalización y el ajuste acelerado de la economía mundial, plantea entre sus características más marcadas la flexibilidad estructural, el “achatamiento” (downsizing) y horizontalización de su fisonomía, o la alternativa de asumir esquemas de organización a través de la división o creación de Unidades Estratégicas de Negocios (Francés, 1999), empresas pequeñas o centros independientes de costos, jurídicamente distintas pero organizativa, estratégica y administrativamente vinculadas y nucleadas alrededor de una unidad empresarial mayor.

De tal forma, la microempresa aparece no sólo como la manifestación de las fuerzas de la economía popular, informal o no “incluida”, en la realización de transacciones y operaciones variadas en mercados desregulados, y como mecanismos de subsistencia de los mayoritarios sectores sociales deprimidos económicamente, sino también como un modelo lucrativo de pequeños empresarios que prefieren mantenerse al margen del orden legal y formal en lo laboral, jurídico o impositivo, o como un mecanismo de desconcentración organizativa y de reducción de costos de una gran empresa o industria.

2) El Estado promueve la economía informal. Aunque parece un monumental e ilógico contrasentido, la crisis del modelo de desarrollo económico, la fragilidad institucional a todo nivel, la ausencia de políticas económicas que respondan más a una estratégica visión de Estado a largo plazo y no a un circunstancial cálculo político, demagógico o electoral de un gobierno en esencia transitorio, la agudización de la recesión económica, la descapitalización industrial del país, la desinversión, el aumento y persistencia del desempleo, la ausencia de un clima propicio para la inversión privada y particular, nacional y foránea, la destrucción no declarada de sectores empresariales privados por razones políticas, la anquilosada e ineficiente estructura de la Administración Pública, entre otros factores, conforman un cuadro poco propicio a la creación de empresas, a la inversión y a la creación de empleos.

El inusitado auge en el discurso y praxis gubernamental de las microempresas y las cooperativas como modelos productivos, auspiciados por la nueva Constitución de 1999 y por decisiones y actuaciones del gobierno de Hugo Chávez, se han materializado en la Ley de Microfinanzas, y en la creación de un circuito crediticio microfinanciero conformado entre otras instituciones por el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer, provistos de cuantiosos recursos para el financiamiento de la iniciativa popular.

Sin embargo, concebir a las microempresas y a las asociaciones cooperativas como modelos ideales del desarrollo económico, cuya proliferación en base a la asistencia crediticia y financiera, sin más, garantizará el crecimiento económico y la superación de la pobreza, constituye una visión limitada y parcial del desarrollo y del diseño de políticas empresariales, desvinculadas de una estrategia económica integral en la que se creen redes productivas, y se vincule a las pequeñas empresas con las medianas y grandes empresas, desde una perspectiva más acorde con las nuevas realidades globales.

El gobierno nacional, en su afán de propiciar y promover el crecimiento de la microempresa y las cooperativas, con énfasis sólo en el financiamiento, sin diseñar o estructurar una política que las integre y relacione con la mediana y la gran empresa y en lo posible con el sector externo de la economía, con posturas ideológicas poco claras y no identificadas con una economía de libre mercado, y manteniendo un aparato administrativo, institucional y normativo que en la práctica obstaculiza la iniciativa empresarial, desde las escalas más básicas y particulares hasta las más organizadas y complejas, y que no penaliza, ni fiscaliza, ni regula la informalidad empresarial, laboral o jurídica, está en pocos términos promoviendo e incentivando el ejercicio de actividades informales o la informalización creciente del aparato productivo del país.