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El tamaño empresarial como factor de diversidad

Alfonso Galindo Lucas

4.2. Ayudas públicas a las PYME

El cometido del sector público en los últimos años, en el fomento de la creación, pervivencia y crecimiento de las PYME, no se ha limitado a la introducción de reformas estructurales, mediante la regulación de instrumentos e instituciones financieras. De las distintas modalidades de intervención que se han habilitado tradicionalmente para el apoyo de la empresa, en función de su dimensión, destacan los de carácter financiero (Cazorla, 1997, inter alia).

La subvención de tipos de interés fue muy utilizada por el Instituto de Crédito Oficial, proporcionando un volumen de negocios importante a la Banca, pero no se ha revelado como un instrumento útil para fomentar la inversión en la PYME. Por eso, la Unión Europea ha tomado medidas tendentes a sustituir este tipo de ayudas por la concesión de créditos, el otorgamiento de garantías y el fomento de créditos participativos (Cardone, 1997).

Como señalan Martín y Sáez (2001), los fondos estructurales son los que más aportaciones de fondos presupuestarios han destinado a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Entre estos fondos, destaca el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Entre los demás instrumentos, estos autores remarcan el Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (PM-IDT) y, relacionados con el capital riesgo, el proyecto I-Tec (Innovartion and Technology Equity) y las acciones CREA y Eurotech Capital.

Dentro de la política general de fomento de la internacionalización y en vista de las conclusiones de las Jornadas de Exportación y el Plan 2000 de Internacionalización de la Empresa Española, el Gobierno se comprometió a constituir tres fondos especializados destinados a fomentar la inversión española en el exterior. Dichos fondos fueron creados por los artículos 112 a 117 de la Ley 66/1997, 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social. La especificación de las funciones y obligaciones de cada uno de estos órganos es desarrollada por el Real Decreto 2815/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades y el funcionamiento de dos de estos fondos.

Entre las contradicciones entre políticas públicas, se ha encontrado, por ejemplo, que el ordenamiento tributario, tal y como se encontraba en 1998, penalizaba el empleo (Martínez Gómez, 1998b). En lo referente al fomento de la cooperación entre empresas en España, se han observado solapamientos de ayudas públicas. Otros estudios han encontrado que el acceso a estas ayudas era un factor determinante de la conveniencia de realizar el acuerdo (Valdés y García, 1995). Dicho de otra forma, el acuerdo no resultaría ser un proyecto interesante si no contara con estas ayudas. Para otros instrumentos financieros oficiales de apoyo a la PYME se ha encontrado, en cambio, que “la existencia de ayudas oficiales, ya sea a nivel del país de origen o del mercado receptor, no constituye un factor clave y determinante" (Cazorla, 1997).

Dadas las repercusiones financieras que tienen las modalidades empleadas para las ayudas, a todo instrumento de apoyo oficial se le puede asignar dicho carácter. No es lugar para desarrollar los efectos en el coste financiero de la percepción de ayudas por creación de empleo o el ahorro de costes por utilizar determinados servicios de asesoramiento y apoyo comercial. Queda fuera de nuestro estudio, el efecto financiero de las reformas fiscales, así como la utilización de la política impositiva como medida de fomento. Tampoco se pretende la exhaustividad en la relación de apoyos oficiales, ni en los efectos que tiene sobre el coste financiero de la empresa la demora en el otorgamiento o la liquidación de las ayudas a las que ésta tiene derecho.

En virtud de la Iniciativa para el crecimiento y el empleo en las PYME de carácter innovador y creadoras de empleo, el Programa Plurianual a favor de la Empresa y el Espíritu Empresarial y la acción Financiación de siembra, entre otras, el Parlamento europeo (2001/2242(INI)provisional) pronostica un crecimiento en dos años de 25.000 empleos en las PYME españolas beneficiarias, lo que supone el mayor incremento de todos los estados miembros, con diferencia.