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Una revisión de la Economía dominante

Alfonso Galindo Lucas

Comercio y desarrollo

El 26 de febrero del 2001, la Unión Europea decidió liberalizar todas las importaciones de productos provenientes de los denominados Países Menos Avanzados (PMA) (Vahl, 2001, pp. 30-31.). Eso significa, por una parte, que la UE ha estado poniendo trabas, hasta hace cuatro años, a la importación de productos agrícolas procedentes de países que se suponen más especializados en ese tipo de materias. En cambio en manufacturas y tecnologías, en que esos países son poco competitivos, se ha mantenido una zona de libre comercio que favorece más a las exportaciones comunitarias. En segundo lugar, la medida se establece sólo con respecto a 49 países, los menos desarrollados, con total exclusión de aquellos que, “no estando clasificados entre los PMA, temen tener que soportar súbitamente una fuerte competencia a nivel de productos agrícolas sensibles”. En tercer lugar, el hecho de liberalizar cuantitativamente la entrada de productos agrícolas procedentes del Tercer Mundo no implica que la Política Agrícola Común de la UE vaya a renunciar a la competencia desleal que suponen los precios subvencionados a la exportación, mediante las famosas restituciones.

Los fondos comunitarios que sufragan las rentas de los agricultores europeos no tienen parangón en los países pobres. Éstos no tienen la posibilidad de aplicar ese tipo de medidas protectoras. Además, en cuarto lugar, tenemos que para los tres productos agrícolas más sensibles, el arroz, el azúcar y las bananas, la liberalización tardará entre cuatro y ocho años.

El antiguo Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Michael Moore, en una entrevista publicada después de los disturbios de Seattle en 2000, consideraba que esta organización se encuentra “al servicio de los más pobres” y mostraba una especial preocupación por las “personas en edad de trabajar”. Por eso, lo que se pretendía, con toda seguridad, era evitar que determinados países llegasen a tal nivel de pobreza que ni siquiera pudieran aportar mano de obra a bajo coste. Otro autor, en la misma publicación, hablaba de ciudadanos de los PMA devenidos un objeto saldado a bajo precio en una lógica comercial que desintegra la componente social y cultural (Amaïzo, 2001, pp. 27-29). Se trata, pues, de equiparar a esos países más pobres con los que son simplemente pobres e incrementar la competencia entre ellos (Galindo, 2001).

En este afán de generosidad, la OMC ofrece a dichos países “su total integración en la economía mundial” y para ello propone nada menos que “la introducción enérgica de reformas interiores en persecución de un programa de asistencia técnica dotado de prioridad y de un calendario de acción que se inserta en el cuadro más vasto de una política coherente”. Es decir, la OMC, que, según su entonces Director General, está al servicio de los países más pobres, no les ofrece exactamente nada, sino que les exige la realización de reformas internas a fin de favorecer la implantación de la empresas; por eso, en dicha entrevista, les conminaba a “relanzar un nuevo ciclo de negociaciones comerciales” (Moore, 2001). La OMC, como su nombre indica, se ocupa de asuntos comerciales y no tiene nada que ver con el desarrollo y mucho menos, con la solidaridad, como pretende algún célebre informe difundidos por la organización (OMC, 1999).

La OMC, creada en 1994, siempre ha reconocido colaborar con el FMI y el Banco Mundial, lo cual empieza a ser indecoroso, afortunadamente, desde la perspectiva de 2005. Está comprobado que sus propósitos obedecen a “empresas transnacionales, que influencian por sí mismas cada vez más directamente las políticas de los Estados- naciones industrializados”. La prueba está en su pretensión de globalizar los bienes y servicios, en que los países ricos son competitivos, y no permitir, en cambio, la libertad de movimiento de las personas, de las que sabemos que son más competitivas las que provienen del Tercer Mundo (Amaïzo, 2001).