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Una revisión de la Economía dominante

Alfonso Galindo Lucas

La lucha entre empresas en el nuevo contexto se ha producido de una forma muy asimétrica. Si alguna vez hubo competencia y ésta decidió la suerte de las empresas que sobrevivieron, ahora las empresas coexisten no porque compitan, sino porque son clientes o empleadas de las grandes multinacionales. La movilidad social, si es que la hay, se produce entre clases dominantes y la estratificación se intensifica, tanto en el ámbito empresarial, como en el social. Existen pruebas suficientes contra el argumento arcaico y falaz de Schumpeter (1950) de que la posibilidad de endeudamiento contrarresta las desigualdades de partida en las actividades empresariales. Antes al contrario, la posibilidad de endeudamiento es asimétrica (Cosci, 1993, entre otros) y tiende a acentuar dicha desigualdad.

La supranacionalidad de las grandes empresas les supone en la práctica una “carencia de responsabilidad”, según Passet (2001). Las sedes de estas empresas, a efectos tributarios, se encuentran en paraísos fiscales. La central ante la que los afectados tendrían que reclamar suele situarse en países cuyas fronteras son casi infranqueables, por el pretexto de la inmigración y el terrorismo internacional. Las instalaciones fortificadas en países subdesarrollados contienen sus propias normas y sus propias infracciones, sus regímenes de permeabilidad de mercancías y visitas, etc.

Muchos de los trabajos consultados tratan de aplicar a las empresas más pequeñas los resultados de las investigaciones realizadas en Estados Unidos hace años y financiadas por las multinacionales. Sin embargo, dichos resultados obtenidos por encargo no son necesariamente aplicables a casos distintos. En diversos trabajos se ha comentado de forma efusiva la pérdida de oportunidades de las PYME por no realizar acuerdos de cooperación o no crear empresas conjuntas o por no solicitar la admisión a cotización en bolsa y se ha llegado a atribuir esa precariedad estratégica a la falta de cultura empresarial o de formación. En otras obras, se ha aconsejado a las PYME la toma de “decisiones” acerca de su estructura financiera (p. ej. en Acosta et al., 2000, se habla del “diseño de la estructura del pasivo”) y otras variables determinadas por el entorno.

El marco institucionalista, en caso de utilizarse correctamente, es capaz de detectar la razón por la que la empresa no emite valores negociables o no participa en determinadas iniciativas. Esta razón es la existencia de costes de transacción, que hacen que tales decisiones no les resulten racionalmente interesantes. El coste de elaborar informes (Auditorías de Cuentas, programas de inversiones, etc.) y cumplir otras formalidades sería un elemento que haría menos rentable y llega a disuadir la creación de nuevos negocios de pequeña envergadura, así como la emisión de valores por parte de PYME, las estrategias de creación de empresas conjuntas entre éstas, la adopción de acuerdos de cooperación, las tomas de participaciones significativas en otras PYME, etc.

Así mismo, los costes de negociación se pueden considerar una explicación racional de la ausencia de reorganizaciones y crecimiento empresarial. Este razonamiento puede explicar, desde otro punto de vista, el problema de la agencia en situaciones de sucesión o ante posibilidades de expansión, puesto que son dichos costes y los de control posterior los que disuaden a una pequeña empresa del paso que supone separar ostensiblemente propiedad y dirección. En una empresa, cuanto más pequeña, mayor es el porcentaje del capital que, por lo general, se debe poseer para conservar el control, ya que es más difícil que el resto del accionariado se halle disperso.