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Una revisión de la Economía dominante

Alfonso Galindo Lucas

La idea que se expone en este capítulo no es nueva; la discusión existente acerca del tema está magníficamente ilustrada en Castells (1997, pp. 271 y ss.). Aquí se desarrollan algunos aspectos adicionales que pueden mejorar la comprensión del tema. Por ejemplo, la crisis del estado-nación se trata como un tránsito hacia una situación en que el escenario global negará a los ciudadanos del mundo una participación efectiva, estando ésta limitada a ámbitos territoriales concretos (véase el caso de los inmigrantes). Aunque Castells defiende la gran influencia político-económica que sigue correspondiendo al Estado y el poder formal que les queda para “bloquear los movimientos de capitales” (p. 337), mi punto de vista es más realista con respecto al ejercicio que dichos estados van a hacer de tales poderes. Cuando la obra en cuestión y otras de los felices 90 se redactan en términos de recomendaciones del experto al Estado y arengas a los funcionarios, corren el riesgo de convertirse en utópicas.

El sector público es objetivo prioritario de la mayor parte de las políticas comerciales de las grandes empresas. Esto se debe a que la Administración todavía ostenta las potestad que le confiere el ejercicio de la autoridad y, en una mezcla sin precedentes de poderes, la capacidad legislativa, judicial y mediática. Esta legitimidad formal supone para la Administración una cualidad aparentemente intransferible, aunque susceptible de corrupción. Pero el problema no es que los políticos, en particular, se corrompan, sino que el propio concepto de Estado (y en general, los entes soberanos de ámbito territorial limitado) es ya un trasto del pasado que no sirve para la nueva realidad global. Por eso, en muchas ocasiones es incompleto el discurso de culpar exclusivamente a los políticos corruptos locales de la explotación que sus países sufren por parte de las multinacionales. Las grandes multinacionales no necesitan sobornar al dirigente político, porque pueden hacer daño a la economía de un país. La amenaza de “deslocalización” y evasión de capitales explica algo que para Brunet y Belzunegui (1999, p. 48) resulta sorprendente: Que empresas con grandes beneficios, como Telefónica, Gillette o Boeing obtengan de la Administración un dictamen favorable a los expedientes de regulación de empleo. Estas empresas y otras, como Astilleros Españoles, S. A. se permiten despedir a los trabajadores con más experiencia, si exceden de 50 ó 52 años, según los casos, a cargo de los presupuestos públicos. El Estado, que no puede exiliarse de sí mismo, es quien mantiene las expectativas salariales de los prejubilados, mientras éstos siguen trabajando en la economía sumergida. A los Estados no les queda otra opción que competir entre sí en la captación de capitales y establecimientos fabriles.

Los efectos de las políticas intervencionistas (por ejemplo, el “efecto desplazamiento”) del Estado en las economías de décadas pasadas eran una prueba de que podía existir un agente poderoso capaz de influir sensiblemente en los precios y cantidades. Hoy ese agente no es el Estado, en la mayoría de los países. El poder para distorsionar variables como el tipo de cambio, la inflación o el paro son armas de negociación y a veces de dominación de las grandes empresas frente al Estado. Las estrategias de dichas empresas confluyen en la actualidad en un intento de promover la crisis del Estado en el fomento de la integración supraestatal y, de forma menos clara, en el fomento de los nacionalismos.