Alicia Girón González
La primera
crisis del siglo XXI
Michael Camdessus, director gerente del FMI hasta fines de los 90, expresó en
1995 que México era el primer país en el contexto de la mundialización de los
mercados financieros que presentaba una crisis de tal magnitud. Y, añadió: "Es
preciso que todos los países aprendan de esta experiencia y se preparen para
enfrentar situaciones similares. En toda crisis se mezclan los peligros y las
oportunidades; ya que hemos neutralizado el peligro inmediato, aprovechando
ahora las oportunidades" (FMI, febrero de 1995). Efectivamente el paquete de
salvamento fue el más grande otorgado hasta entonces por el FMI y la comunidad
internacional.
La crisis bancaria mexicana que desembocó en una crisis financiera con efectos
en otros países latinoamericanos fue la pauta para nuevos programa de
estabilización del FMI y la alternativa para otros países que cayeron en
situación similar.
4.1 El
entorno de la crisis, el rescate y la extranjerización
Los cambios que se presentaron en la reforma financiera en México fueron
acompañados por las modificaciones en el perfil y la organización de la
producción, desde la privatización de los bancos hasta la actividad económica en
general. Por otro lado, la renegociación de la deuda externa en el marco del
Plan Brady
y las expectativas de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), permitieron que México pudiera volver a obtener créditos en el
mercado internacional de capitales. "Por la privatización de los bancos el
gobierno federal recibió 39, 711 millones de pesos (equivalentes a casi 13,000
millones de dólares). Como en el resto de las privatizaciones, los recursos
obtenidos también se destinaron íntegramente al Fondo para el pago de la deuda
interna." (SHCP, febrero de 1995).
La banca mexicana a pesar de un entorno favorable presentaba ciertos desajustes;
la cartera vencida (los préstamos impagados) de los bancos creció a una tasa
mayor que el PIB en el periodo de 1990-1994. Los problemas de capitalización se
agudizaron y existía un alto nivel de endeudamiento en empresas privadas, bancos
comerciales y banca de desarrollo.
El año 1994 fue muy difícil, pues a las circunstancias señaladas se sumaron los
aumentos significativos en la tasa de interés de Estados Unidos, la disminución
de los flujos de capital hacia México, la necesidad de lograr financiamiento a
través de los tesobonos captando el dinero de los fondos mutualistas. Por otra
parte, hubo una difícil transición sexenal y las reservas del Banco de México se
fueron agotando, con la consiguiente depreciación del peso mexicano, que
profundizó la complejidad de la crisis bancaria.
La crisis financiera,
particularmente en el sector bancario se manifestó en el crecimiento de la
cartera vencida, en las dificultades para constituir reservas preventivas y en
los problemas de capitalización del sistema bancario. Desde entonces se ha
registrado una mayor presencia de filiales de intermediarios financieros
extranjeros, alianzas estratégicas y fusiones, como opción para enfrentar la
competencia y las necesidades de recapitalización.
4.1.1 Primera
etapa (1989-1994)
En el entorno de la transformación financiera, la problemática de la banca se ha
expresado en problemas de capitalización y de carteras vencidas, así como en
altos niveles de endeudamiento de las empresas, de los particulares y de los
propios bancos comerciales y de desarrollo. Por su complejidad, la crisis
bancaria en México es, sin duda, reflejo de la creciente integración y de las
innovaciones de productos financieros en las operaciones de crédito y préstamos
en los mercados financieros, de la conversión de activos bancarios en valores,
llamada también “titularización'' (
securitization), cuya regulación y
supervisión deben ser más específicas.
La industrialización ha sufrido rupturas ante el proceso de apertura hacia el
exterior que resultó tan negativo para la pequeña y mediana industria,
provocando, antes y después de la crisis de 1994, el problema de las carteras
vencidas. La crisis mexicana, caracterizada por la “crisis de los tesobonos'
o ``crisis de la deuda interna'', acompañada de la insolvencia de las empresas,
la banca comercial y la banca de desarrollo, se suma a las crisis de los
ochenta: deuda externa, crisis bancaria, crisis bursátil, inestabilidad y
devaluación cambiaria, las cuales son un reflejo en gran parte de la
reestructuración del sistema financiero nacional en el marco de los cambios en
los mercados internacionales de capital (Culpeper 1997). Sin embargo, la crisis
bancaria, cuya solución ha incluido programas de rescate, ha tenido un costo
social muy elevado, se profundiza y parece difícil salir de ella.
La volatilidad financiera, el entorno recesivo, la política monetaria
restrictiva (cuyo principal instrumento es la reducción del crédito interno), el
repunte inflacionario, la falta de liquidez, el incremento de los márgenes de
intermediación, el sobreendeudamiento de empresas y particulares con la banca
comercial y la deuda externa de ésta, son los factores que explican la grave
crisis bancaria que se precipitó después de la devaluación de diciembre de 1994.
Todo lo anterior aceleró el deterioro de los balances y de los activos bancarios
de la cartera crediticia (créditos al consumo, corporativos e hipotecarios) y
los niveles de capitalización (Girón, 1994).
El Banco de México, destaca la posición neta acreedora o deudora de los agentes
económicos respecto del sistema financiero interno.[4]
Así, según esa institución la posición neta acreedora de las familias es
negativa de 1993 a 1995; la posición negativa de las empresas empieza en 1992,
llegando a un nivel máximo en marzo de 1995: a menos 10.7 como porcentaje del
PIB. A partir de 1996 se observa un cambio positivo y se mantiene en crecimiento
constante hasta 1999. En el caso de las empresas, el incremento que se observó a
fines de 1994 en su saldo neto deudor se vio muy influido por el efecto de la
devaluación en sus pasivos en moneda extranjera. La disminución que en 1995
registró dicho saldo neto obedeció en parte a que la banca dio de baja la
cartera incobrable (Banco de México, 1995); a partir de 1996 existe una posición
neta acreedora positiva La
emergencia de la inestabilidad financiera, el abandono de la política de tipo de
cambio vigente hasta diciembre de 1994 y la adopción de un régimen cambiario más
flexible, implicaron cambios en la instrumentación de la política monetaria.
Así, la inestabilidad tuvo efectos amplios sobre el sistema financiero,
particularmente en el sector bancario, que se manifestó como se mencionó, en el
crecimiento de la cartera vencida y dificultades tanto para constituir reservas
preventivas como de capitalización. Ante el peligro de colapso y de insolvencia,
el Banco de México activó el rescate bancario a través del Fobaproa (Fondo
Bancario de Protección al Ahorro), hoy Instituto para la Protección del Ahorro
Bancario (IPAB>[5])
y el Programa de Capitalización Temporal (Procapte).
Así, se puede afirmar que “...de 1989 a 1994 aumentó la vulnerabilidad actuando
el banco central como prestamista de última instancia del sistema bancario
mexicano, evitando la crisis de proporciones mayores.”(Marino, 1996, pp.
18-19). Por otra parte, los activos bancarios luego de un importante incremento
en términos reales entre 1989 y 1994, se contrajeron 14.8% hasta el tercer
trimestre de 1995, a pesar del establecimiento de nuevas instituciones
bancarias.
Esta etapa de la crisis estuvo caracterizada por la ampliación de la competencia
del sistema bancario mexicano asociada al auge crediticio que tuvo lugar en ese
período. Asimismo, al agravamiento del problema de las carteras vencidas, se
sumó la incertidumbre prevaleciente en 1994; además, los aumentos de las tasas
de interés en Estados Unidos a partir de febrero de 1994, hicieron más atractivo
invertir en activos de ese país que en activos de los mercados emergentes.
4.1.2 Segunda
etapa (1995-2001)
Uno de los problemas que enfrentó la banca mexicana a partir de la crisis de
1994 y principios de 1995 es la modificación en el crédito a los diferentes
sectores.
La asignación del crédito al sector privado descendió de 613 000 millones de
pesos en 1994 a 564 000 millones en 1998; en términos porcentuales se observa
una tasa anual decreciente de 2.73 % en el periodo 1994-1998. Cabe recalcar que
al instrumentarse el
Fobaproa y las medidas de rescate bancario que
permitieron capitalizar a los bancos y sanear sus carteras vencidas al excluir
los créditos insalvables o estos fondos atribuibles al rescate, la caída en el
financiamiento fue de 37.4% en 1995; en diciembre de 1996 y de 1997 las
variaciones negativas fueron de 35.5% y 12.9%, respectivamente. El panorama en
1998 y 1999 fue similar, dado que en términos reales hubo una variación de –4.6%
y –9.7%, respectivamente, y no existen aún signos de que el sistema bancario
vaya a aumentar el financiamiento al sector privado.
No obstante, de las encuestas de evaluación coyuntural del mercado crediticio se
obtuvieron los siguientes resultados:
a La gran
mayoría de las empresas (62.7% en promedio anual) no utilizaron crédito durante
1998;
b La
disponibilidad de crédito parece haber aumentado durante el primer semestre,
para caer posteriormente, sobre todo en el tercer trimestre;
c Las
principales razones que adujeron las empresas para no utilizar financiamiento,
por orden de importancia, fueron i) el nivel de las tasas de interés; ii) la
reticencia exhibida por la banca a extender crédito; y iii) la incertidumbre
sobre la situación económica;
d Las empresas
que obtuvieron crédito durante 1998, lo destinaron principalmente a financiar
capital de trabajo (más del 50%), a la reestructuración de pasivos, y a la
inversión, y
e La principal
fuente de financiamiento de las empresas fueron sus proveedores, seguida por la
banca comercial. (Banco de México, 1998, pp. 152 y 153).
[1] Dicho paquete fue
de casi 50 mil millones de dólares: 17 800 millones del FMI; 10 mil millones
de Europa, Canadá y Japón (pese a la resistencia de Alemania y Reino Unido
que expresaron sus dudas acerca de la conveniencia de este esfuerzo); 20 mil
millones de Estados Unidos.
El
IPAB
es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que
garantiza los depósitos
bancarios
de dinero, así como los préstamos y créditos a cargo de las instituciones
(pagando el saldo de las obligaciones, hasta por una cantidad equivalente a
400 000 UDIs por persona, cualquiera que sea el número y clase de dichas
obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución). Sin embargo,
quedan excluidos de la citada protección las obligaciones a favor de las
entidades financieras; las obligaciones a favor de cualquier sociedad que
forme parte del grupo financiero al cual pertenezca la institución de banca
múltiple; los pasivos documentados en títulos negociables, así como los
títulos emitidos al portador; las obligaciones o depósitos a favor de
accionistas, miembros del consejo de administración y funcionarios de los
dos primeros niveles jerárquicos de la institución de que se trate, así como
apoderados generales con facultades de administración y gerentes generales;
las operaciones que no se hayan sujetado a disposiciones legales,
reglamentarias, administrativas o a las sanas prácticas y usos bancarios, en
la que exista mala fe y las relacionadas con operaciones de lavado de
dinero.
El
IPAB
podrá otorgar apoyos financieros tendientes a proveer la liquidez o el
saneamiento de alguna institución. Tales apoyos podrán otorgarse mediante la
suscripción de acciones y obligaciones subordinadas, asunción de las
obligaciones, otorgamiento de créditos o la adquisición de bienes de
propiedad de las instituciones.