Jorge Hernández, Abraham Sánchez y Allan Calderón

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

CONSIDERACIÓN DE SUBSIDIOS - CARGA A SECTORES

A pesar de que el suministro de energía eléctrica para poblaciones o industrias, como servicio público que es, debiera darse en condiciones de igualdad o uniformidad existe una clara discriminación entre estos sectores en cuanto a las tarifas que se les cobra (no hay una tarifa única y esta es menor para el sector residencial). Esta discriminación se da también dentro del sector residencial.

En un estudio realizado en el año 1989 sobre los efectos redistributivos en el ingreso familiar de las tarifas eléctricas diferenciales en el servicio eléctrico, Alvaro Barrantes y Xinia Herrera, determinan que el sector residencial como un todo estaba siendo subsidiado por los otros sectores económicos (industrial y general).

Al analizar el sector residencial, establecen que la estructura tarifaria vigente implicaba que se subsidiaba a una proporción de familias cuyo ingreso era relativamente alto, y que muchas familias con un bajo nivel de ingreso se subsidiaban en menor medida. A pesar de esto, el subsidio concedido al sector residencial, al ser progresivo, sí contribuía a una mejor distribución del ingreso, pues si bien el monto absoluto del subsidio era mayor para las familias ubicadas en los deciles más ricos de la población, porcentualmente resultaba más significativo el efecto sobre el ingreso que se daba en los deciles más pobres. Además, al dividir los clientes residenciales entre habitantes de zona rural y de zona urbana, encuentran que la estructura tarifaria beneficiaba más en términos porcentuales a los del área urbana, pues el consumo familiar, la cobertura del servicio y el subsidio por KWH son mayores para esta zona.

Lejos de consideraciones redistributivas y desde un punto de vista económico la estructura tarifaria subsidia al sector relativamente menos eficiente, pues se trata de un sector cuyo consumo presenta importantes picos que generan grandes costos al sistema; el sector industrial, por el contrario presenta un consumo más estable y el costo de distribución dentro de este es menor. Otro aspecto a considerar, y que es mencionado en el trabajo de Barrantes y Herrera, es que como el subsidio dado al sector residencial es mayor que el sobreprecio que se está cobrando a los otros sectores, de manera que globalmente, las empresas eléctricas obtienen pérdidas contables y económicas, existe una situación financiera en el sector eléctrico nacional que es deficitaria; y por ello, presenta dificultades para abastecer demandas futuras por falta de financiamiento para construir infraestructura.

A partir de 1997, durante la administración Figueres Olsen, se inicia un proceso que busca la eliminación paulatina de los subsidios dados al sector residencial, y de los existentes dentro de este, mediante la convergencia tarifaria. Esto se ha reflejado en aumentos porcentualmente mayores para las tarifas eléctricas residenciales respecto de los aumentos correspondientes para el sector industrial y general; así como, dentro del sector residencial, mayores aumentos porcentuales para empresas distribuidoras independientes respecto a los incrementos para las tarifas del ICE y de la CNFL. Esta política era necesaria, según se indicó en el momento de su anuncio, para buscar un mayor equilibrio entre empresas y abonados; así como para motivar una mayor competencia entre los sectores productivos (se buscaba reducir el costo industrial de la electricidad hasta equipararlo con los precios internacionales).