 Pulse aquí para acceder al índice general del libro. Esta página muestra solo parte del texto, y puede carecer de formato, notas, fórmulas, esquemas, tablas o gráficos. |
Jorge Hernández, Abraham Sánchez y Allan Calderón
INTRODUCCIÓN
El tema de la correcta regulación de las tarifas que se cobran por la
prestación de los diferentes servicios públicos en nuestro país, incluye una
gama de temas de la más amplia variedad.
Dentro de la amplia gama de bienes que se incluyen en el marco regulatorio
de la ARESEP, se incluyen tanto servicios públicos estatales como privados;
además, la mayoría son monopolios y en general, podrían encajar dentro de la
categoría de monopolios naturales (donde se ubica el sector eléctrico). Pero
además, la fijación de estas tarifas tiene una importancia relativa en
términos del “costo de la vida”, es decir, los efectos de sus precios en el
cálculo del índice de precios al consumidor que calcula la Dirección General
de Estadística y Censos (DGEC).
Hilando más delgado, se podrían encontrar una serie de problemas propios de
cada sector, que incluyen desde las características naturales de cada
mercado de servicios, como las características derivadas de las propiedades
del marco costarricense; así mismo, se podría investigar las posibilidades
de la apertura de los monopolios de muchos de estos servicios vs.
mantenerlos, así como investigar las nociones básicas sobre eficiencia en la
tarifación y uso de cada uno de los servicios en términos de eficiencia y
las posibilidades de adecuar el marco general a las características
específicas de cada sector (finalidad de la presente investigación, en el
campo de las tarifas eléctricas).
Otro aspecto importante, parte justificación y parte aclaración de entrada
al tema, se refiere a que la investigación no pretende centrarse sobre los
aspectos de conveniencia o no de las estructuras monopólicas existentes,
sino más bien sobre sus efectos, que motiva y justifica la existencia de
entidades reguladoras en los países, que se encarguen de reglamentar y
establecer el marco de operación, así como defensa a los consumidores,
quienes se podrían ver perjudicados por la existencia de este tipo de
estructuras.
Es así como se puede desprender la importancia que representa, además, el
sector energético en nuestro país, en el cual no sólo la regulación de
tarifas sino la planificación integrada del sector energía existe desde hace
muchos años y, lejos de desaparecer, deberá irse fortaleciendo de manera que
se mantenga como un proceso dinámico que pueda garantizar el cumplimiento de
los objetivos nacionales propuestos a corto, mediano y largo plazo, según
aseguró Gloria Villa de la Portilla, de la Dirección Sectorial de Energía en
el IX Seminario de Administración de la energía, San José, octubre de 1999.
Entonces se señaló como el consumo de electricidad representaba para 1998 el
20% del consumo nacional de energía, mientras del restante 80%, un 13%
corresponde a la biomasa (principalmente leña, y residuos vegetales, como
bagazo, caña de azúcar, cascarilla de café y arroz); y un 67% a los
derivados del petróleo.
El consumo energético crece a tasa promedio del 2,5% anual, fundamentalmente
debido al aumento del consumo de los derivados del petróleo (7,3%) y la
electricidad (5,8%), productos que combinados representaron en 1998, el 87%
del total.
El sector residencial absorbe el 45% de la electricidad y el 51% de la leña.
En 1998, el 88% de los clientes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
pertenecían al sector residencial. Las costumbres de este sector asociados a
la preparación de alimentos, influyen directamente en la forma de la curva
de carga del Sistema, que muestra dos picos cuyo valor máximo fue de 991 MW
(ICE; 1998, citado por Villa; 1999:3).
Por esto, puede decirse que el problema energético de Costa Rica tiene dos
componentes fundamentales: el alto consumo de diesel en el sector transporte
y el elevado consumo doméstico de electricidad, todo lo cual obliga a
importar grandes cantidades de combustibles y realizar inversiones en
generación eléctrica, para garantizar el suministro energético en todo
momento.
El caso del sector industria, con necesidades energéticas de 20 583 TJ,
equivalentes a 3,6 millones de barriles de petróleo, son cubiertas en un 46%
por derivados del petróleo, 35% biomasa y 19% electricidad. De este 19%, el
74% se utiliza para la generación de fuerza motriz, iluminación (11,5%) y
enfriamiento (6%).
En el sector residencial la electricidad se distribuye entre 44% para la
cocción de alimentos, 24,5% refrigeración y 14% iluminación.
Hacia el futuro, las expectativas de crecimiento económico del país, con un
crecimiento promedio del PIB de entre 4,5% y 6% anual, se prevén importante
aumentos igualmente importantes en el consumo de energía, que también se ve
alterado por el crecimiento de la población.
Por ello, que ante la inminente necesidad de garantizar el bienestar del
país, a través del cumplimiento del suministro de energía necesario para el
desarrollo integral de la sociedad junto con una adecuada planificación del
desarrollo del sector, se hace indispensable la regulación adecuada, dentro
de la cual se incluya una regulación de actividades y una adecuada política
tarifaria, que permita cumplir los objetivos propuestos, labor que
corresponde al estado.
Así, la presente investigación tiene como objetivo principal, identificar
los fallos e ineficiencias en la regulación del sector eléctrico,
específicamente para el caso de ICELEC, a fin de señalar puntos débiles del
modelo tarifario actual y proponer algunas posibles soluciones y retos para
la entidad reguladora.
Para ello, será necesario precisar las condiciones y características
económicas para la operación de monopolios naturales y su forma de
regulación; establecer el marco legal en que operan dichos monopolios de
provisión de servicios en Costa Rica; además, precisar el marco de
regulación tarifario específico para el sector eléctrico, los
condicionantes, las bondades y deficiencias de los modelos tarifarios
(Capital Asset Pricing Model (CAPM) y Rate of Return Regulation).
Cuantificar y definir en términos monetarios y económicos, los fallos en la
regulación del ICELEC; y finalmente, identificar posibles soluciones en el
marco regulatorio actual, a fin de proponer un instrumental regulatorio
mejorado para el cálculo de las tarifas eléctricas, que permita además
fomentar un uso más eficiente de la energía eléctrica.
Novedades
