EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL: EL PAPEL DEL FRENTE POLISARIO

EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL: EL PAPEL DEL FRENTE POLISARIO

Carolina Jiménez Sánchez (CV)
Universidad de Málaga

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A. LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN NACIONAL COMO SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL

1. Consideraciones Generales

Tradicionalmente, se ha acostumbrado a disponer una catalogación básica de los sujetos que actúan en el sistema internacional en orden a establecer de una manera clara cuáles son sus facultades y responsabilidades. Esto, por un lado, es una manifiesta señal de la condición de organizados y sistemáticos de los individuos, sin embargo, es también una muestra del poco dinamismo del que hace gala la sociedad internacional, ya que los problemas en “colocar a cada cual en su cajón” empiezan cuando aparecen sujetos atípicos o controvertidos, en especial, aquellos de naturaleza no estatal.

La subjetividad internacional puede definirse como aquel proceso de atribución de derechos y obligaciones dentro del ordenamiento jurídico internacional 1. De este modo, sabemos que históricamente el derecho análogo al que hoy llamamos Internacional (ius gentium) regulaba las relaciones entre los pueblos y, más tarde, entre los Estados, reduciéndose el sistema a un conjunto de normas reguladoras de las relaciones interestatales 2.

Sin embargo, con la aparición de las Organizaciones Internacionales en la Sociedad Internacional, y con el progresivo peso que éstas han alcanzado en el desarrollo de las relaciones internacionales, se ha querido dar cabida –aunque no de manera categórica- a un nuevo sujeto de Derecho Internacional3 . Así, se ha configurado un orden internacional –ya no exclusivamente interestatal- donde Estados y Organizaciones Internacionales son los únicos sujetos afianzados, si bien los primeros de manera originaria y las segundas de manera derivada.

En este sentido, es preciso destacar que la aparición de otros sujetos distintos a los Estados y Organizaciones y su inclusión en el orden establecido, puede resultar dificultosa ya que no es unánime la opinión en torno a si poseen una personalidad jurídica internacional. A este respecto, la doctrina clásica sostiene que la personalidad jurídica está asociada exclusivamente a la soberanía 4. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, pronunciándose sobre este tema, afirmó que

Le développment du droit International, au cours de son histoire, a été influencé par les exigentes de la vie internationale, et l´accroissement progressif des activités collectives des Etats a déjà fait surgir des exemples d´action exercée sur le plan International par certaines entités qui ne sont pas des Etats. 5

Por otro lado, es cierto que estamos asistiendo a una progresiva expansión de la personalidad internacional, y ello podría responder a un proceso de humanización del Derecho Internacional, una transformación substancial que comience a regirse por un sistema menos rígido, menos estatalista o estatomórfico 6. A ello ha contribuido, sin ninguna duda, la Carta de las Naciones Unidas, a través de sus referencias a la dignidad y a los derechos humanos. En palabras de CARRILLO SALCEDO, a partir de la  proclamación de la Carta “los derechos humanos sobrepasan la limitación inherente al Derecho internacional tradicional, en el que la protección de la persona no podía llevarse a cabo más que a través de los Estados, ya que aquél era ante todo un Derecho interestatal, concebido por y para los Estados”7 .

Asimismo, la Corte Internacional de Justicia, en su Dictamen sobre el Sáhara Occidental comentado ut supra, llegaba a la conclusión de que podía existir una entidad jurídica autónoma también en el caso de individuos o tribus organizadas 8, con lo que dejaba la puerta abierta a la subjetividad de otras entidades de naturaleza no estatal, siempre que éstas tuvieran incidencia en la sociedad internacional.

 Sin duda tanto la teoría como la práctica nos plantean un debate actual y controvertido sobre la esencia misma de la estructura social de nuestra época que resulta de gran interés. El hecho de que la práctica internacional referente a los movimientos de liberación nacional no sea uniforme, dificulta en gran medida la posibilidad de establecer un régimen concreto que permita a analizar si concurren, en cada caso, los requisitos de este tipo de movimientos, ya que no existen normas escritas que los regulen, sino que es la práctica la herramienta de un sistema que podríamos considerar pretoriano.

De ahí que en nuestro intento de averiguar cual sea la naturaleza jurídica del movimiento que estudiamos, la opción que se presenta como más factible sea la de analizar la práctica internacional. Si el Frente POLISARIO es un sujeto de Derecho Internacional o un actor de las relaciones internacionales 9, debemos examinar cuál ha sido y es su trascendencia en la esfera internacional, qué papel ocupa en determinadas Organizaciones Internacionales, cuál es su preciso lugar en la resolución del conflicto saharaui, qué concesiones y limitaciones tiene a la hora de actuar como sujeto de derecho, en definitiva, cuál es su esfera de actuación en el Derecho Internacional y en calidad de qué.

 Por otra parte, es cierto que el tema estudiado se presenta con muchos interrogantes y pocos instrumentos para intentar despejarlos. En cualquier caso, este análisis intentará mostrarse como un modesto esquema de la práctica y, sin pretender alejarse demasiado de la teoría que constituye la base del estudio científico-jurídico, tratará de ajustarse a la realidad más tangible dentro del fenómeno internacional. Para ello, deberemos tener bien presente la institución del reconocimiento, ya que ésta se configura como una opción válida para desempolvar la historia externa del POLISARIO así como su estatuto jurídico internacional vigente, si bien actuando como una simple fotografía de las voluntades políticas de los sujetos de Derecho Internacional de la que éstos se valen para legitimar o no la entrada de un nuevo sujeto en el contexto global.

Asimismo, resulta preciso llevar cabo un estudio de la subjetividad internacional de los movimientos de liberación nacional, lo que nos permitirá posteriormente dotar de un mayor sentido la exposición de la práctica, realizando un repaso de la práctica seguida por Naciones Unidas al respecto.

A partir de la década de los sesenta del siglo XX, el proceso de descolonización introdujo una nueva figura en el Derecho Internacional: los movimientos de liberación nacional. Éstos, que antes de 196510 recibían otros nombres (“pueblos en lucha”, “dirigentes legítimos”, “jefes nacionalistas”…), nacieron como grupos de habitantes autóctonos de las colonias europeas en África que reivindicaban su propia independencia de la metrópoli.

La resolución catalogada por todos como la Carta Magna de la descolonización, Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, puede considerarse como el punto de partida del concepto, al establecer la legitimidad de la independencia de los pueblos ante sus metrópolis y, por consiguiente, la prohibición implícita a los Gobiernos de éstas de usar la fuerza contra esos pueblos y de obligar a su dependencia política y jurídica.

Posteriormente, en la resolución del Comité de los XXIV de 28 de mayo de 1965, en relación a Rhodesia, se determinaba la legitimidad de la lucha de esos pueblos. Es decir, se había pasado de sostener el derecho a una independencia pasiva a una independencia que, ahora, los pueblos podían defender activamente. Esta declaración de legitimidad de la lucha es reconocida de manera general por la Resolución 2105 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 11. Además, este texto invita a los Estados a ayudar, material y moralmente, a los pueblos en su legítima lucha.

Ya en 1970, la Resolución 2621 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 12 indica en su punto segundo que los pueblos, legítimamente, pueden

luchar por todos los medios necesarios de que puedan disponer contra las Potencias coloniales que reprimen sus aspiraciones de libertad e independencia”.

Pese a que esta expresión es sobradamente esclarecedora sobre su contenido, la Resolución 3070 (XXVIII) de la Asamblea General13 , se encargó de reconocer expresamente que entre esos medios se encontraba el de la lucha armada. Confirmando posteriores resoluciones la misma regla 14.

La autodeterminación de los pueblos no es un principio ajeno al resto de la Sociedad Internacional, sino que constituye un deber a promover para los demás sujetos de Derecho Internacional, como hemos tenido oportunidad de observar.

 Será en este sentido en el que se dé el siguiente paso en la regulación jurídica de los movimientos de liberación nacional, al considerar que esto significa, por un lado, que la libre determinación de los pueblos constituye una importante contribución al Derecho Internacional contemporáneo como afirma la Resolución 2625 (XXV)15 y es un propósito en el que se deben basar las relaciones entre las naciones según la Carta de las Naciones Unidas. Por otro lado, que los conflictos entre el pueblo colonizado y su metrópoli no tienen carácter interno sino internacional. Así lo expone la Resolución 3103 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 16 sobre los principios básicos de la condición jurídica de los combatientes que luchan contra la dominación colonial y foránea y contra los regímenes racistas, dictando por primera vez en su principio básico tercero que

“Los conflictos armados que entraña la lucha de los pueblos contra la dominación colonial y foránea y contra los regímenes racistas se deben considerar conflictos armados internacionales con arreglo a los Convenios de Ginebra de 1949, y la condición jurídica que en esos Convenios y en otros instrumentos internacionales se prevé ha de aplicarse a los combatientes se debe aplicar a las personas que participan en la lucha armada contra la dominación colonial y foránea y contra los regímenes racistas”17 .

 Además esto ha sido reafirmado por los apartados 3 y 4 del artículo 1 del Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra de 1949, reconociendo que la protección que el Derecho Internacional Humanitario otorga mediante las citadas convenciones comprendería también a “los pueblos que luchan contra la dominación colonial  y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas18 .

Según lo arriba expuesto, podemos considerar que el ámbito donde fundamentalmente se desarrolla la aspiración de los pueblos de convertirse en sujetos de Derecho Internacional es dentro de contextos coloniales. Estas situaciones pueden ser resueltas, según el punto VI de la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General  de las Naciones Unidas 19, de tres formas diferentes:

        “Puede considerarse que un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio:

  1. Cuando pasa a ser un Estado independiente y soberano;
  2. Cuando establece una libre asociación con un Estado independiente; o
  3. Cuando se integra a un Estado independiente.”

Ahora bien, el pueblo por sí sólo no podría considerarse como una entidad eficaz en la reivindicación y ejercicio de sus derechos, como ya hemos comentado, sino que necesitaría de una entidad organizada que, en su representación, sirva como portavoz y mano ejecutora y titular de los derechos pertenecientes a él 20, misión que en este caso correspondería a los movimientos de liberación nacional. Sin embargo, es oportuno tomar ciertas cautelas y examinar en primer lugar cuáles son las características esenciales de los mismos. Estas son fundamentalmente tres 21:

  1. El objetivo perseguido es el de la autodeterminación del pueblo.
  2. La calidad de quienes lo integran es la de población autóctona o indígena.
  3. La calidad del régimen gubernamental contra el que luchan, puede encontrarse dentro de los siguientes: regímenes coloniales, regímenes racistas y ocupaciones ilegales o extranjeras.

En cuanto al Frente POLISARIO, es necesario señalar que el objetivo que persigue es el de conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui,  así consta en sus Estatutos, en la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática 22 y es precisamente lo que se deriva de sus actividades a lo largo de su historia. En segundo lugar, porque está integrado exclusivamente por nativos saharauis, cuyas familias, si bien ya desligadas de su filiación tribal, han pertenecido desde siempre a la antigua configuración nómada y de tribus del Sáhara occidental. El tercer requisito, además, aparece doblemente cumplido, ya que la calidad del régimen gubernamental contra el que luchan fue en primer lugar el de un régimen colonial, el español, que abandonó el territorio sin cumplir con las exigencias internacionales en materia de descolonización, y en segundo lugar el de una ocupación extranjera, sufrida desde 1975 por parte del Estado de Marruecos.

Por su parte, el Frente POLISARIO como parte de un conflicto internacional, ha llevado a cabo incalculables esfuerzos por ocupar un asiento en los foros internacionales que le permitiera poder tener un margen de actuación similar al de la OLP 23 o al de la desaparecida SWAPO 24, únicos movimientos de liberación que hasta el momento han conseguido el Estatuto de Observadores Permanentes en las Naciones Unidas25 .

En este sentido, la labor del Frente POLISARIO, sin duda tenaz, permite deducir sus intenciones. Su propia autodenominación puede contribuir a esclarecer la cuestión de su naturaleza. Así, sabemos que éste se define en el artículo primero de sus Estatutos como un “un movimiento de liberación nacional, fruto de la larga resistencia sahraui, contra todas las formas de dominación extranjera”26 .

No obstante, respecto al asunto de la autodenominación, parece problemático el hecho de que determinados grupos adopten la calificación de “Movimientos de Liberación Nacional” sin responder a las exigencias teóricas y prácticas de éstos. Como ejemplo de esto puede bastar citar el Movimiento de Liberación del Congo (MLC), fundado por Jean-Pierre Bemba. Este grupo hoy es un partido político con representación parlamentaria, cuyo nacimiento tuvo lugar como grupo rebelde en la Segunda Guerra del Congo en 1998. Sin responder en ningún momento a los requisitos de los Movimientos de Liberación Nacional o Colonial, este ejemplo muestra cómo un grupo armado rebelde, que además contaba con el apoyo ugandés, también pretendía autodenominarse de tal manera. Así, el Movimiento de Liberación del Congo era un movimiento insurreccional y no un movimiento de liberación nacional. Del mismo modo, el llamado Frente Nacional de Liberación del Pueblo Jemer (FNLPK), era un grupo guerrillero que luchaba por el poder en Camboya. A este respecto RONZITTI afirma que “to be excluded from Wars of nacional liberation are those civil Wars (like the communist guerrilla struggle in Cambodia) regarded by one of the parties (the insurgente part, naturally) as pertaining to “national liberation””27.

A su vez, es indiscutible que la amenaza para las sociedades occidentales del fenómeno del terrorismo internacional ha llevado a algunos teóricos a entrelazar terrorismo y movimientos de liberación nacional28 , confundiendo el ejercicio legítimo a usar la fuerza para la realización del derecho de autodeterminación 29 con los objetivos del terrorismo de desestabilizar el sistema actual dominante.

El recurso a la fuerza armada, legítima para y sólo para los movimientos de liberación nacional en el ejercicio del derecho de autodeterminación, encuentra, a su vez, límites en las reglas establecidas en las resoluciones de las Naciones Unidas. Estos límites nos pueden llevar a determinar que realmente existe una regulación sobre este tipo de movimientos, no sólo en cuanto a los derechos de los mismos, sino también en cuanto a sus deberes o límites. En primer lugar, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que

Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta”.

 

De igual manera, la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General expone que el ejercicio del derecho de autodeterminación no autoriza ni fomenta actuaciones que puedan estar encaminadas a quebrantar la integridad de los Estados, si bien aclara que se preserva la integridad territorial de los Estados que

se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”.

 

En el párrafo precedente se advierte cómo, el límite de la integridad territorial de los Estados no se predica respecto de pueblos subyugados colonialmente u otros legitimados para la lucha y, por tanto, no afecta a los derechos reconocidos a los movimientos de liberación nacional como representantes de esos pueblos. Se entiende que la limitación establecida encuentra su razón de ser en la salvaguarda que hayan podido querer hacer los Estados en razón a los posibles nacionalismos separatistas que puedan contener en su propio territorio, intentando que las normas sobre autodeterminación de los pueblos no sean extensibles a éstos.

         En este sentido, y precisamente para que las propias denominaciones que los grupos hagan de sí mismos no sean relevantes, hay que tener en cuenta que, aunque los movimientos de liberación nacional no son sujetos plenos de Derecho Internacional, sí son considerados como sujetos controvertidos o atípicos y, en consecuencia, son titulares de ciertos derechos y obligaciones derivadas de su especial estatuto jurídico-internacional, que se manifiesta en tres ámbitos del Derecho Internacional:

  1. Derecho Internacional Humanitario: ya que, como hemos mencionado ut supra, los conflictos armados en los que participa un movimiento de liberación nacional tienen carácter internacional, y le serán aplicables las normas internacionales en esta materia. Tanto en cuanto a las normas del Derecho de la Haya30 como el Derecho de Ginebra su aplicación se ha extendido a los movimientos de liberación nacional, sobre todo , y es lo que la práctica demuestra, en lo relativo al Convenio IV sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de la Haya de 1907 y las IV Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 31. De hecho, es el Protocolo I de 1977 el que califica a los conflictos en los que participe un movimiento de liberación nacional como conflictos armados de carácter internacional, en su artículo 1.4 32.
  1. Ius contrahendi”, es decir, derecho a ser parte en los Tratados Internacionales: en la práctica los movimientos de liberación nacional han suscrito acuerdos con otros movimientos del mismo tipo, así como con Estados. Los acuerdos celebrados entre movimientos de liberación nacional y Estados han estado encaminados, sobre todo, a la finalización de las guerras de colonización y a las declaraciones de independencia de los territorios colonizados.

Entre ellos destacan los Acuerdos de Evian 33, de 18 de marzo de 1962,  fruto de las negociaciones entre el Gobierno francés y el Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA), formado por el Frente de Liberación de Argelia. 34 También es interesante destacar los Tratados que pusieron fin a la colonización portuguesa en África, entre ellos el firmado con el Partido Africano para la Independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde (PAIGC) el 26 de agosto de 1974 35, en el que se reconoce la independencia de Guinea Bissau, además de acordarse un alto el fuego y fijar las bases de cooperación entre el nuevo Estado y su antigua metrópoli.

A su vez el 7 de septiembre de 1974 Portugal firma un acuerdo con el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), poniendo fin a la guerra de liberación, realizándose un traspaso de poderes y poniendo fecha para la independencia formal de Mozambique 36, el 25 de junio de 1975. Análogamente, tiene lugar el Tratado celebrado entre Portugal y el movimiento de liberación de Sao Tomé e Príncipe el 26 de septiembre de 1974 37. Además Portugal firma un último acuerdo con los tres movimientos de liberación angoleños (FNLA, MPLA y UNITA)38 reconociéndolos como únicos y legítimos representantes del pueblo angoleño y poniendo fecha para la independencia de Angola.

También es preciso destacar los Tratados de Lancaster House, firmados en diciembre de 1979 por el Reino Unido, el African National Council (ANC) y el Frente Patriótico compuesto por Zimbabwe African National Union (ZANU) y Zimbabwe African National People´s Union (ZAPU) 39, en ellos se acordaba un alto el fuego y un período transitorio hacia la independencia.

Por otro lado, en la práctica no sólo encontramos Tratados referentes a la finalización de la guerra de liberación o a la creación y reconocimiento de nuevos Estados, también existen acuerdos relativos al establecimiento de fuerzas armadas en el territorio de un país, como los acuerdos celebrados entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y los Estados de Líbano y Jordania40 . Estos acuerdos reconocían una cierta autonomía al movimiento nacional palestino en el territorio de estos Estados y le conferían a los palestinos el derecho a la residencia  y la libre circulación en el país así como derecho a la lucha armada, en el caso del acuerdo con Líbano41 . En lo referente a Jordania, los acuerdos concluidos estaban principalmente encaminados a regular el cese de hostilidades y el otorgamiento de un status internacional a las fuerzas palestinas en Jordania 42, son de fecha 8 y 15 de septiembre de 1970.

Por último debemos subrayar los acuerdos celebrados por movimientos de liberación nacional entre sí. Éstos suelen estar encaminados a la coordinación de la lucha armada, a la creación de alianzas y apoyos o, en su caso, a las negociaciones a llevar a cabo con la metrópoli. Como ejemplo podemos resaltar el concluido por el Frente Nacional de Liberación de Angola (FLNA) y el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) de 4 de enero de 197543 . En virtud de este acuerdo, además, los dos movimientos de liberación cesaron en sus hostilidades mutuas y iniciaron un camino de cooperación en beneficio de la población angoleña.

  1. Derecho de legación activo y pasivo44 : se ha ejercido con los Estados y con las Organizaciones Internacionales, en este último caso por aquellos movimientos de liberación nacional que han participado o participan como miembros u observadores en alguna de ellas.

En cuanto a los Estados, este derecho se manifiesta en forma de visitas oficiales de los representantes de los movimientos de liberación nacional a los Estados que les prestan ayuda, ya sea económica o política. En segundo término, se manifiesta en el establecimiento de oficinas permanentes de delegaciones oficiales de los movimientos de liberación nacional en el territorio de los Estados.

Por lo que respecta a la participación de los movimientos de liberación nacional en las Organizaciones Internacionales, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de Estados con las Organizaciones Internacionales de 197545 , que adoptó una resolución en la que se solicita a la Asamblea General de dicha organización que examine la cuestión de la representación de los movimientos de liberación nacional ante las organizaciones. Fruto de ello fue la Resolución 35/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas46 . En ésta se confía en que la participación en las Organizaciones Internacionales de estos movimientos vendría a fortalecer la paz y la cooperación internacionales, además, se exhorta a los Estados a que otorguen las facilidades, prerrogativas e inmunidades necesarias a las delegaciones de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Unión Africana o la Liga de Estados Árabes, en orden a abrir la puerta a su participación efectiva.

1 REMIRO BROTÓNS, A., Derecho Internacional, Valencia, 2007, pp. 1382, p. 93.

2 En este sentido, en el asunto Lotus, en el que la Corte Permanente de Justicia Internacional declaró que el Derecho Internacional es aquel que rige las relaciones entre Estados independientes. Affaire du Lotus, September 7th, 1927 (P.C.I.J, Série A, nº 10, p. 18).

3 Un punto de inflexión en la subjetividad internacional de las Organizaciones Internacionales es el dictamen relativo a la reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas (1949) de la Corte Internacional de Justicia, en éste se afirma que “The subjetcts of law in any legal system are not necessarily identical in their nature or in the extends of their rights, and their nature depends upon the needs of the comunity”. V. Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, I. C. J. Reports, 1949, p. 174, p. 8.

4 DUPUY, P. M., “L'unité de l'ordre juridique international”, 297 R.C.A.D.I, 2002, pp. 9-489, p. 108.

5 Affaire du Détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949: C. I. J. Recueil 1949, p.4, p. 178.

6 CANÇADO TRINDADE, A. A., “International law for humankind : towards a new jus gentium”, 316 R.C.A.D.I, 2005-I, pp. 9-439, p. 202.Al respecto Vid. CARRILLO SALCEDO, J. A., “Algunas reflexiones sobre la subjetividad internacional del individuo y el proceso de humanización del derecho internacional”, Os rumos do direito internacional dos direitos humanos : ensaios em homanegem ao professor Antônio Augusto Cançado Trindade : estudios en homenaje al profesor Antônio Augusto Cançado Trindade : studies in honour of professor Antônio Augusto Cançado Trindade, 2005, vol. 1, pp. 277-288.

7 CARRILLO SALCEDO, J. A., Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo, Madrid, 2004, p. 186, p. 35.

8 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil, 1975, p. 63.

9 P. M. DUPUY hace una distinción esencial entre Sujeto de Derecho Internacional y Actor de Relaciones Internacionales, afirmando que la primera categoría sólo correspondería a Estados y Organizaciones, y la segunda sería válida para todos los tipos de grupos no etiquetados específicamente, como las organizaciones no gubernamentales: DUPUY, P. M., “L´unité…, op. cit., p.107.

10 Esta terminología comienza en la Resolución 2105 (XX) de la Asamblea General de 20 de diciembre de 1965.

11 Resolución 2105 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1965.

12 Resolución 2621 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 12 de octubre de 1970.

13 Resolución 3070 (XXVIII) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 30 de noviembre de 1973.

14 Entre ellas la Resolución 3246 (XXIX) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 29 de noviembre de 1974, la Resolución 3382 (XXX) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 10 de noviembre de 1975 o la Resolución 32/14 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 7 de noviembre de 1977.

15 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970.

16 Resolución 3103 (XXVIII) de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1973.

17 Ibídem.

18 Artículo 1.4 del Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

19 Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1960.

20 TOMUSCHAT, C., “International law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new Century”, 281 RCADI, 1999, pp. 9-438, p. 141.

21 BARBERIS, J. A., Los sujetos del…, op. cit., p. 128.

22 Artículo 1 de los Estatutos del Frente POLISARIO y Preámbulo de la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática.

23 Organización para la Liberación de Palestina.

24 South West Africa People´s Organization. 

25 Mediante la Resolución 3210 (XXIX) de la Asamblea General de 14 de octubre de 1974, la OLP fue invitada a participar en las sesiones plenarias sobre la cuestión de Palestina. Sólo un mes más tarde la Asamblea General invita a la OLP mediante la Resolución 3237 (XXIX) de 22 de noviembre de 1974 “a participar en los períodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General en calidad de observadora” así como a “participar en las reuniones y en los trabajos de todas las conferencias internacionales convocadas bajo el patrocinio de la Asamblea General en calidad de observadora”. Desde entonces ésta cuenta con una misión de observación permanente ante las Naciones Unidas. Todo lo referente a ella se puede encontrar en www.palestine-un.org/.

En cuanto a la SWAPO, ésta es reconocida como Movimiento de Liberación Nacional y auténtico representante del pueblo namibio mediante la Resolución 3295 (XXIX) de la Asamblea General de 13 de diciembre de 1974. Además en ésta autoriza la financiación de una oficina en Nueva York para la debida representación del pueblo namibio mediante la SWAPO. Será la Resolución 31/152 de la Asamblea General de 20 de diciembre de 1976 la que le otorgue la condición de observadora permanente.

26 El término “sahraui” con la omisión de la segunda “a”, es utilizado por la población del Sáhara Occidental en toda la literatura oficial, política y literaria como una seña más de identidad que le permite desmarcarse de la pronunciación española “saharaui”.

27 RONZITTI, N., “Wars of national liberation, a legal definition”, The Italian Yearbook of International Law, 1975, pp. 193-205, p. 194.

28 Al respecto V. KÖCHLER, H., Terrorism and National Liberation, Frankfurt and Main, 1988, pp. 318.

29 La Resolución 2621 (XXV) de la Asamblea General de 12 de octubre de 1970 establece en su punto segundo “el derecho inherente de los pueblos coloniales a luchar por todos los medios necesarios de que puedan disponer contra las Potencias coloniales que reprimen sus aspiraciones de libertad y de independencia;”

30 BARBERIS, J. A., Los sujetos del… op. cit., p. 137.

31 Sobre el uso del Derecho de Ginebra por los movimientos de liberación nacional V.  BARBERIS, J. A., Los sujetos del… op. cit., p. 138-141.

32 “Los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”.

33 La jurisprudencia francesa ha reconocido que éstos son una convención internacional, al respecto vid. CONSEIL D´ETAT, 18-I-1969, Juris-classeur périodique, 1969, II, nº 15.847.

34 En éstos se ponía fin a la acción armada en el territorio y se acordaba la realización de una consulta popular por sufragio directo y universal en orden a establecer en futuro político del país, hasta que esto fuera posible se establecía un Gobierno de transición.

35 International Legal Materials, 1974, p. 1244.

36 International Legal Materials, 1974, p. 1468.

37 International Legal Materials, 1975, p. 39.

38 Europa-Archiv, 1975, p. D 239 y ss.

39 International Legal Materials, 1980, p. 387.

40 Para más información sobre éstos v. FEUER, “Les accords passés par les Gouvernements de Jordaine et du Liban avec les organisations palestiniennes”, Annuaire Français du Droit International, 1970, pp. 177-203.

41 El texto del Acuerdo se puede consultar en Le Monde, 22-IV-1970, p. 2.

42 Los textos no han sido publicados. Se puede leer un resumen de los mismos en Le Monde, 10-IX-1970, p. 2 y 17-IX-1970, p. 3.

43 El texto se puede ver en Angola rumo à independência; O Governo de transiçao-Documentos e personalidades, 1975, Luanda, p. 21 y ss.

44 BARBERIS, J. A.,  Los sujetos del  Derecho…, op. cit., p. 137.

45 Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal, hecha en Viena, de fecha 14 de marzo de 1975. ONU, doc. A/CONF.67/15, Anexo.

46 Resolución 35/167 de la Asamblea General de 15 de diciembre de 1980.