EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL: EL PAPEL DEL FRENTE POLISARIO

EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL: EL PAPEL DEL FRENTE POLISARIO

Carolina Jiménez Sánchez (CV)
Universidad de Málaga

Volver al índice

4. El Dictamen Consultivo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental

A lo largo del año 1974 tuvo lugar un período de conversaciones entre España, Marruecos y Mauritania en lo relativo a la política a seguir en el Sáhara Occidental; era indudable que la metrópoli estaba negociando con los dos países que pretendían la anexión del territorio, muy especialmente con el Estado marroquí pero, de manera irremisible, llegaron las desavenencias entre ambos.
España trataba de cumplir con sus compromisos internacionales e intentaba desbloquear la cuestión parcheando la política en el territorio con soluciones dibujadas a su conveniencia, intentando que calmaran el tenso ambiente. Fruto de esta política, la propuesta de Estatuto de autonomía interna para el Sáhara, que finalmente no se promulgó, acabó por convertirse en el centro de las disputas –o malentendidos- entre los dos Gobiernos. Marruecos aseguraba que no iba a permitir que España llevara a cabo una política unilateral, insistiendo en que actuaría contra ello. Postura a la que rápidamente se adhirió Mauritania.
Sin embargo, España pretendía que el conflicto del Sáhara acabara, y rápido, por lo que siguió intentando darle una salida a la todavía colonia sahariana y anunció la celebración próxima de un referéndum para el 20 de agosto del mismo año1 .
Como era de esperar esta iniciativa española, sumada a otras que serán comentadas ut post, provocaron una reacción por parte del rey de Marruecos quien, en una declaración mediante rueda de prensa, le propuso a España acudir a la jurisdicción contenciosa del la Corte Internacional de Justicia para solucionar la controversia, puesto que aquel reclamaba el territorio saharaui como propio y pedía la “reintegración” en su territorio nacional y, España tenía que hacer frente al proceso descolonizador y a las obligaciones internacionales que éste conllevaba. No obstante, ante la proposición marroquí, el Estado español opuso un silencio de rechazo.
Pero la posición española no hizo que el Tribunal dejara de analizar la cuestión del Sáhara. Así, el 16 de Octubre de 1975 la Corte Internacional de Justicia hacía público un Dictamen consultivo sobre el Sáhara Occidental2 después de que la Resolución 3292 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas3 solicitase su emisión, ante las reiteradas peticiones hechas a este órgano por los Estados de Marruecos y Mauritania, que se habían decidido, ahora, por la jurisdicción consultiva.
El texto del Dictamen 4 en su conjunto resultó, cuanto menos, controvertido. En particular, porque tal y como planteó la representación española, la cuestión propuesta no constituía un asunto jurídico substantivo y existente y por ello la Corte debería haberse negado a cumplir con la solicitud 5  de la Asamblea General en aras al artículo 65.1 6 de su Estatuto; asimismo, el desplazamiento del verdadero problema hacia cuestiones de soberanía territorial exigirían, necesariamente, un examen contradictorio de hechos, imposible de realizar en la jurisdicción consultiva del Tribunal 7.
En relación a esto, la postura española incidía sobre el hecho de la inutilidad del Dictamen, ya que la cuestión saharaui se había concebido desde el principio como un caso claro de descolonización, al que se le debería aplicar la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; por tanto, la mera recepción del asunto había sembrado la duda sobre la aplicación de la decisión comentada, aligerando la importancia de todo texto internacional anterior sobre el caso. Según la delegación española, el normal método de descolonización habría sido seguir el procedimiento establecido por la Resolución 1514 (XV), y  por tanto
“Les questions posées à la Cour sont donc, selon l´Espagne, sans pertinente et les rèponses à ces questions ne peuvent avoir auceun affect pratique 8.
En cualquier caso, puede parecer que la Corte había aceptado dotarse de una competencia que podría resultar poco acorde con la jurisdicción consultiva ya que, tal y como planteó Marruecos en la nota de prensa 9 en la que ofrecía a España la posibilidad de plantear la cuestión ante la jurisdicción contenciosa del Tribunal, si la respuesta a la segunda cuestión fuese positiva esto significaría la “reintegración” del territorio en el Estado de Marruecos, y si ésta fuera negativa podría considerar aceptar un referéndum de autodeterminación 10.
Es por ello que la Corte no podía evitar conocer la trascendencia que su pronunciamiento estaba destinado a adquirir y, en consecuencia la utilización que de éste se haría por las partes y, especialmente por Marruecos, como causante de la cuestión planteada ante el Tribunal11.
Por otro lado, bien es cierto que el Dictamen debía ser examinado dentro del contexto de descolonización y derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara 12, y de ahí la mención reiterada a las resoluciones 1514 (XV) y 3292 (XXIX) de la Asamblea General 13 que se vertían en el mismo, como veremos más adelante.
 Las posturas de los interesados en cuanto a la controversia no se mostraban diferentes de las que habían exhibido hasta el momento. El argumento expuesto por el Estado de Mauritania se ceñía a que el derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a dominación colonial debía tener un límite infranqueable en el respeto a la unidad nacional y la integridad territorial14 , aduciendo un aparente principio de “reintegración territorial” lo que, por otro lado, contradice de manera absoluta el principio de inmovilismo de fronteras coloniales uti possidetis iuris, en el que se afirma que la base territorial es una estructura estática y establecida por una situación precedente, consagrado como práctica uniforme en el proceso de descolonización de África.
La posición argelina reclamaba la aplicación de la Resolución 1514 (XV) en aras del principio de autodeterminación, haciendo hincapié en que no se podían obviar todas las resoluciones dictadas al efecto en las que se reconocía este derecho al Sáhara Occidental15 .
La posición marroquí era la de considerar que el territorio del Sáhara Occidental había pertenecido siempre a Marruecos, con la única excepción del período de colonización española. Sobre los argumentos marroquíes tendremos ocasión de profundizar más adelante.
La primera cuestión que entraba en el fondo del asunto -y que tiene especial importancia en el tema que nos ocupa-  era la encaminada a resolver la pregunta de si el territorio del Sáhara Occidental era o no terra nullius16 en el momento de la colonización española, en 1884. La respuesta a esta cuestión fue negativa, ello se fundaba en que, según las conclusiones del Tribunal,
“au moment de la colonisation le Sahara occidental était habité par des populations qui, bien que nomades, étaient socialement et politiquement organices en tribus et placées sous l´autorité de chefs compétents pour les représenter”17,
concluyendo, además, que en la colonización del Sáhara Occidental, España no procedió al establecimiento de soberanía sobre una “tierra de nadie”18 .
Por otra parte, la decisión de no considerar el territorio como terra nullius venía apoyada por el hecho histórico que garantizó la ocupación española en Río de Oro, ya que ésta se produjo a través de la firma de acuerdos con los jefes de las tribus locales19 .
Pese a que la contestación a esta primera cuestión había sido categórica, la opinión sobre si esta era jurídicamente pertinente no es unánime. Para sembrar las dudas está el hecho de que se trate de una cuestión histórica que iba a entrar juzgar, irremediable, el fondo del asunto. Lo vano de esta primera cuestión se encuentra en que los frutos que iba a dar la respuesta de la Corte iban a ser muy limitados, fuera cual fuera ésta ya que, aunque la conclusión hubiera sido positiva, el concepto de terra nullius ha evolucionado hasta hacerlo prácticamente irrelevante en el Derecho Internacional contemporáneo, por lo que esta hipotética contestación no tendría ninguna significación importante.
Por otro lado, los principios que preceden a la descolonización no pueden conducir a una reactivación del derecho anterior a la colonización20 , lo que trasvasaría los límites establecidos por el Derecho Internacional. Además, el supuesto carácter de terra nullius del Sáhara Occidental no formaba parte de ninguna controversia, ya que nunca había sido sacado a relucir por ninguno de los Estados interesados 21, en particular España, que había sido el Estado colonizador, y que fue la encargada de concluir los pactos con la población nativa para su asentamiento en el territorio, como ya señalamos ut supra.
La respuesta negativa del Dictamen, llevaba necesariamente a establecer algunas consecuencias: en primer lugar, se constataba el hecho de que podía existir una “población permanente” aunque se tratase de tribus nómadas 22. A su vez, se afirmaba que las tribus establecidas en el territorio del Sáhara Occidental estaban dotadas de una organización política, lo que viene a indicar que antes de la colonización española sí existía una identidad en el territorio del Sáhara Occidental, siendo ésta autónoma a la de otros territorios. Esto es, existían grupos representativos de la población, organizados políticamente en los límites de un territorio concreto.
En este punto de la exposición debemos subrayar que, pese a que la respuesta del Dictamen a esta primera cuestión fuese rotunda, la cuestión de los vínculos de soberanía fue resuelta por el Tribunal opinando que habían existido las normales relaciones entre dos estados fronterizos, lo que restaba importancia al argumento marroquí basado en las relaciones con algunas tribus fronterizas 23:
des liens religieux communs ont évidemment existé dans bien des régions du monde sans que cela implique un lien juridique de Souveraineté ou de Subordination à un souverain24 .
No obstante, y pese a que este pronunciamiento parece desechar la tesis marroquí, la Corte siguió analizando las pruebas presentadas por la partes, lo que dio lugar a que la claridad del párrafo aludido ut supra, se nublara en algunos puntos. Así, después de todas las consideraciones con respecto a un supuesto sometimiento de las tribus del Sáhara Occidental al Sultán marroquí, en el Dictamen se llegaba a la siguiente conclusión:
les éléments examinés jusqu´à présent n´établissent aucun lien de souveraineté territoriale entre ce Etat et le Sahara occidental. Ils ne montrent pas que le Maroc ait exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental. Ils indiquent cependant qu´un lien juridique d´allégeance existait pendant le période pertinente entre le Sultan et certains, mais certaines seulement, des populations nomades du territoire”25 .
 La reacción de éxito marroquí pudo estar basada únicamente en la última línea del párrafo aludido ut supra. La expresión, ya casi célebre, “algunas, pero sólo algunas”,  iba a servir a Marruecos, tan sólo unas horas después de hacerse público el Dictamen, para escudar la venidera Marcha Verde, dirigiéndose el Rey a la nación para asegurar que la Corte había confirmado la marroquinidad del Sáhara Occidental.
De este modo, podemos apreciar cómo la conclusión de la Corte, que resultaba a todos ojos clara, terminó por constituir el pretexto fundamental mediante el cual Marruecos vería satisfecha la exposición de sus argumentos, y alegando que este pronunciamiento le otorgaba validez absoluta a los mismos, justificó su actitud triunfalista.
Por tanto, pese al reconocimiento de lazos jurídicos entre el Sultán marroquí y algunas tribus del Sáhara Occidental, así como entre los territorios que hoy forman parte de la República Islámica de Mauritania y el Sáhara Occidental, se resolvió que no existían en ningún caso vínculos de soberanía territorial. Además se determinó que
“La Cour n´a donc pas constaté l´existence de liens juridiques de natura à modifier l´application de la résolution 1514 (XV) quant  à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l´application du principe d´autodétermination grâce à l´expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire”26.
No se puede dudar de que la Opinión de la Corte podía prestarse a la  ambigüedad, como sucedió respecto de la cuestión de los vínculos jurídicos. Ante ello, el Juez PETRÉN27 consideró que la Corte no tenía porqué pronunciarse sobre elementos resultantes de tener una misma religión, lengua o estructura social, ya que estos vínculos, sencillamente, no eran jurídicos. Del mismo modo, el Juez GROSS28 estimó en su voto particular que los vínculos jurídicos distintos de los referentes a la soberanía territorial no eran vínculos jurídicos y que, sólo en la segunda parte del párrafo en cuestión – en la que se alude a la ausencia de vínculos de soberanía territorial y se aboga por el cumplimiento de la Resolución 1514 (XV)- se está respondiendo a la cuestión planeada ante la Corte.
Es cierto que, si bien la respuesta a la pregunta planteada a la Corte era sencillamente que no existían vínculos de soberanía que pudieran hacer que se modificara la aplicación de la Resolución comentada, la estimación de otro tipo de lazos que carecía de la importancia reseñada venía a ofrecer los argumentos necesarios para que los Estados con pretensiones anexionistas de Marruecos y Mauritania pudieran apoyar su posición contraria al derecho a la libre determinación del Sáhara Occidental. Como ya señalamos anteriormente, el Dictamen iba a ser utilizado por las partes, y qué duda cabe que moldeado para encajar con sus propósitos, si éste lo permitía.
En definitiva, la conclusión de la Corte fue, innecesariamente, superflua y ambigua. Contestaba a cuestiones que nada tenían que ofrecer a la resolución del conflicto y que no habían sido las planteadas inicialmente. Además de las dudas suscitadas sobre la conveniencia del propio Dictamen, y pese a que la conclusión final pedía respeto a la Resolución 1514 (XV) sobre la descolonización del territorio y desechaba los vínculos de soberanía territorial con Marruecos y Mauritania, el empleo del Dictamen por motivos políticos era algo evidente, con lo que se debía haber tenido especial precaución.
De hecho, la situación política y humanitaria se agravó después de la publicación del Dictamen, no queriendo decir con ello que la causa fuera el Dictamen en sí, pero sin duda influyó sobremanera el uso justificativo que el Estado marroquí le dio para continuar con su particular construcción del Gran Marruecos.
Y es que a pesar de las conclusiones del Tribunal, el 6 de noviembre del mismo año, Hassan II ordena el comienzo de un desplazamiento masivo de nativos marroquíes, 350.000, que acudían con exaltación patriótica a la oferta hecha por el rey marroquí de ocupar estupendos puestos de trabajo, así como las viviendas dejadas por los colonos españoles. Iban precedidos de cincuenta mil soldados, y ambos grupos marchaban hacia el enclave del Sáhara Occidental con la finalidad de ocupar el territorio, forzando un asentamiento que traspasaba las fronteras de un territorio no autónomo, y que le serviría para asegurar su influencia regional y conseguir que quedaran condicionadas en gran parte las posibles soluciones que, en un lapso breve de tiempo, se le deberían dar al conflicto.
Ya el 18 de octubre, dos días después de la publicación del Dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas pone en conocimiento del Consejo de Seguridad que el Rey Hassan II, mediante la citada marcha pretende “invadir el Sáhara Occidental”29 . Esta carta fue respondida enérgicamente por el Gobierno marroquí, quejándose del calificativo de “invasión” utilizado por España y reiterando que se trataba de un acto pacífico30 . Frente a ello,  el Consejo de Seguridad pidió establecer consultas inmediatas a las partes31 .
Por otro lado, es preciso subrayar que la denominada “Marcha Verde”, (conocida por los saharauis como “Marcha Negra”), no fue en absoluto un acto espontáneo. Ya entre 1974 y 1975 se habían producido desplazamientos progresivos de unidades militares marroquíes a las zonas saharauis, acumulando víveres y agua32 . Esto también facilitó que para las demás partes todo se aviniera de un modo inesperado. Los pequeños movimientos escalonados eran difíciles de detectar, y los preparativos de la marcha tenían un eminente carácter secreto. Según VILLAR33 , a pesar a ello, España conocía la intención marroquí de ocupar el territorio con la planificada marcha; además el autor apunta que ésta fue preparada con la ayuda de asesores estadounidenses y apoyada por el gobierno de Francia.
Con toda rotundidad es preciso afirmar que la marcha marroquí supuso un quebrantamiento de las fronteras establecidas en el Sáhara Occidental, un territorio no autónomo;  sin embargo su propaganda como supuesto acto pacifista hizo que desde los organismos internacionales fuera dificultoso otorgarle la calificación de“agresión34 u otra similar. Así pues, se optó por no cuestionar la nueva situación puede que en virtud del principio de efectividad 35.
Bajo esta extraña situación, la todavía metrópoli española se encontraba en unas condiciones poco apetecibles para cualquier Estado. Ante el comentado escenario, su opción fue la de negociar respecto del territorio del Sáhara Occidental con Marruecos y Mauritania, sacrificando con ello el proceso descolonizador que debía realizarse y obviando en esas negociaciones a los representantes del pueblo saharaui, como trataremos de exponer a continuación.

1 El referéndum planteado por España, que finalmente no tuvo lugar, no contaba con las garantías exigidas por la Resolución 1514 (XV) ni por las recomendaciones de la Asamblea General en cuanto al caso. Lejos de resultar bienvenida, la propuesta española, además de despertar los ánimos revueltos de Marruecos y Mauritania, no era apoyada por el Frente POLISARIO y la Misión de Visita de la ONU de 1974 recomendó su aplazamiento por estimar que no contaba con las garantías exigidas.

2 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 12.

3 Esta Resolución, además, reafirmaba el derecho a la autodeterminación de la población del Sáhara Occidental, lo que se ha interpretado como una contradicción de la propia Asamblea General puesto que de advertirse este derecho como manifiesto en el caso, puede no entenderse la razón por la cual la Asamblea solicitó el Dictamen, y la Corte aceptó dar una opinión.

4 La estructura del Dictamen pasaba por la habitual de la Corte: primero se vería obligada a pronunciarse sobre cuestiones formales relativas a los jueces ad hoc y a la competencia. En cuanto a las cuestiones de fondo, la Asamblea General formuló dos preguntas; en primer lugar si el Sáhara Occidental era o no terra nullius en el momento en el que España comenzaba su colonización sobre el territorio y, en segundo lugar, y para el caso de que la respuesta a la primera pregunta fuera negativa, si existían vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el territorio en cuestión y el Reino de Marruecos y, por otro lado, entre aquel y Mauritania.

5 La naturaleza jurídica de los asuntos correspondientes a la jurisdicción contenciosa aparece, en la mayoría de las ocasiones, como un “imperativo absoluto”, según CHAPPEZ, J., “L´avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 16 Octobre 1975 dans l´affaire du Sahara Occidental”, Revue Générale de Droit International Public, 1976, pp. 1132-1187, p. 1149. En el mismo sentido se pronunció la Corte de la siguiente manera: “Si une question n´est pas juridique, la Cour n´a pas de pouvoir discrétionnaire en la matière: elle doit refuser de donner l´avis qui lui est demandé”. Avis consultatif, Certaines dépenses des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1962, p. 155.

6 El artículo 65.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice que “La Cour peut donner un avis consultatif su toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou conformemente à ses dispositions, à demander cet avis”, Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, vol. 1, párr. 14.

7 Exposés, écrits et documents, Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J Recueil 1975, párr. 389.

8 Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil, 1975, vol. 1, párr. 48.

9 Nota de prensa de la Conferencia ofrecida por Hassan II el 17 de septiembre de 1974.

10 ZICCARDI CAPALDO, G., “Il parere consultivo de la Corte Internazionale de Giustizia sul sahara occidentale: un ´occasione per il riesame della natura e degli efetti della funzione consultiva”, Comunicazione e studi, 1978, vol. 15, pp. 529-564, p. 533.

11 FLORY, M., “L´avis de la Cour Internationale de Justice sur le Sahara Occidental”, Annuaire Français de Droit International, 1975, pp. 253-277, p. 264.

12 Sáhara occidental, avis consultatif, C.J.I. Recueil, 1975, vol. 1, párr. 72.

13 CARRILLO SALCEDO, J. A., “Libre determinación de los pueblos e integridad territorial de los Estados en el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental”, Revista Española de Derecho Internacional, 1976, vol. 29, pp. 33-49, p. 38.

14 Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil, 1975, vol. 1, párr. 50.

15 Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil, 1975, vol. 1, párr. 51.

16 Hay que aclarar que el concepto de terra nullius en cuanto respecta al Dictamen es el establecido por el Derecho vigente en la época de la colonización, que se definiría entonces como un territorio que no estaba siendo habitado por organizaciones políticas o sociales organizadas. Sin embargo, con la evolución del Derecho Internacional este concepto ha llegado a desaparecer siendo sustituido por el principio de igualdad de derechos de los pueblos, dentro del cual, según MORENO LÓPEZ “el pueblo que habita el territorio es siempre válido propietario de él y, salvo que se demuestre su pertenencia a un determinado Estado, es el único que debe decidir su destino en virtud del principio de libre determinación” (MORENO LÓPEZ, M.A., “Sáhara Español: una descolonización controvertida”, R.P.I, 139, Mayo-Junio 1975, p. 90.)

17 Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil, 1975, vol. 1, párr. 81.

18 Ibídem.

19 Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, párr. 82.

20 FLORY, M., “L´avis de la Cour…, op. cit., p. 274.

21 CHAPPEZ, J., L´avis consultafif de la Cour…, op. cit., p. 1160.

22 NALDI, G. J., “The Statehood of Saharan Arab Democratic Republic”, The Indian Journal of International Law, 1985, vol. 25, pp.448-481, p. 453.

23 Las tesis marroquíes se dividían en tres flancos posesión inmemorial, actos internos y actos internacionales. El relativo a la posesión inmemorial había sido disuelto por la Corte. No obstante, un estudio más profundo llevó al Tribunal a analizar las pruebas presentadas por Marruecos en el ámbito interno, tratándose en especial de la relación de lealtad existente por parte de la confederación de tribus Tekna con el Sultán marroquí, afirmando que éste ejercía “son autorité et son influence sur les tribus qui nomadisaient dans le Sahara occidental”(Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J Recueil 1975, párr. 99). Al respecto España contradecía los argumentos expuestos por el Estado marroquí atribuyéndole a la confederación Tekna una división fundamental. Por un lado, estarían los Tekna establecidos en el sur de Marruecos, quienes tenían con el Sultán reconocidas relaciones de lealtad. Por otro, los Tekna que aún eran nómadas, procedentes del territorio del Sáhara Occidental, que eran libres y tenían total autonomía e independencia del Sultán (Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J Recueil 1975, párr. 100). Para corroborar esta afirmación España invocaba la ausencia de evidencias en lo relativo a “paiement d´impôts par les tribus du Sahara occidental et nie que l´on puisse en fournir;(…)”, (Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J Recueil 1975, párr. 101).

24 Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, párr. 95.

25 Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J Recueil 1975, párr. 107.

26 Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J Recueil 1975, párr. 162.

27 Opinion individuelle de M. PETRÉN, Sáhara occidental, avis consultatif, C.I.J Recueil 1975, p. 106.

28 Déclaration du M.GROS, Sahara occidental, avis consultatif,  C.I.J. Recueil 1975, p. 67.

29 Carta de fecha 18 de octubre de 1975 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, Doc. S/11851, de 18 de octubre de 1975.

30 Carta de 18 de octubre de 1975 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas, Doc. S/11852, de 18 de octubre de 1975.

31 S/ Res. 377 (1975), de 22 de octubre de 1975.

32 DIEGO AGUIRRE, J. R., Historia del…, op. cit, p. 728.

33 VILLAR, F., El proceso de…, op. cit., p. 321.

34 No obstante, en el sentido de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas parece claro que este acto se podría englobar en tal concepto, ya que como incluye dicho texto en su artículo 5 se caracterizará como agresión:
“a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;”

Sobre el concepto de agresión vid. FERENCZ, B.B., “Defining agression: where it stands and wher it´s going”, A. J. I. L., 1972, pp. 491-508; RAMBAUD, P., “La définition de l´agression par l´ONU”, R. G. D. I. P., vol. II, 1976, pp. 835-881; BROMS, B., “The definition of agression”, 154 Rec. des Cours, 1977, pp. 299-399.

35 JUSTE RUIZ, J., Lecciones de Derecho Internacional Público, Valencia, 2005, pp. 590, p. 87.