EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL: EL PAPEL DEL FRENTE POLISARIO

EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL: EL PAPEL DEL FRENTE POLISARIO

Carolina Jiménez Sánchez (CV)
Universidad de Málaga

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5. El Acuerdo Tripartito de Madrid

Tras el asentamiento de los nuevos colonos marroquíes en los territorios saharauis sin que esto hubiera sido condenado por nadie, -excepto por Argelia- 1, la situación estaba truncada. El territorio del Sáhara Occidental se encontraba ahora poblado por multitud de vecinos marroquíes que creían fervientemente en que el territorio les pertenecía y ante esto, en opinión del Consejo de Seguridad, ya sólo quedaba negociar2 . Con ello, este órgano de Naciones Unidas había dado un triunfo grandioso a la marcha regia, que había conseguido con creces su objetivo de condicionar el conflicto hasta el límite de que desde la ONU se comenzaran a obviar todas las directrices que se habían venido dando desde la Misión de Visita al Sáhara Occidental en 1974, todas las Resoluciones relativas a la controversia adoptadas hasta la fecha y las conclusiones del Dictamen Consultivo de la Corte Internacional de Justicia, hasta el punto de que cabría plantearse una pregunta: ¿Ya no existía un pueblo con derecho a la libre determinación sino dos partes que debían negociar?.
En este nuevo escenario, en el que las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Informe de la Misión de Visita y el Dictamen Consultivo de la Corte Internacional de Justicia ya no eran tenidas en cuenta por Consejo de Seguridad, órgano que ya no se paraba a considerar las violaciones al principio de libre determinación de los pueblos sino a buscar soluciones de facto, y con la moral marroquí coloreada de un verde triunfal, la pasividad de la ONU dejó carril libre a un nuevo acontecimiento que tiene lugar en 1975, nos referimos a la firma del llamado “Acuerdo Tripartito de Madrid” o “Declaración de Principios de Madrid” de 1975 3. Este Acuerdo fue concluido por los Estados de España, Marruecos y Mauritania con la intención de obviar el proceso descolonizador en el Sáhara occidental y optar por otro desenlace atípico en el que la metrópoli entregaba a los dos países con pretensiones anexionistas el territorio de la colonia.
En él destaca que no aparezca como parte firmante del mismo ningún representante del pueblo saharaui, y que no se mencione la petición, hecha y reiterada por la Asamblea General en distintas Resoluciones, de promover la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que se garantice que sea el pueblo autóctono el que tome la decisión sobre su futuro.
En el texto del Acuerdo, aparecen tres pronunciamientos claves:

  • España ratifica su intención de descolonizar el Sáhara Occidental “poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio”.
  • España instaurará una administración temporal en la que participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemáa.
  • A la Yemáa le serán trasmitidas posteriormente las responsabilidades y poderes sobre el territorio4 .

Centrándonos en los pronunciamientos que destacan en el texto, podemos observar en el primer punto al que hacemos referencia que el Estado español trata de deshacerse de la calificación de Potencia Administradora, creyendo o pretendiendo estar legitimado para ello. Sin embargo, esto no es posible según las normas que rigen el Derecho Internacional ya que como dispone la Resolución 1514 (XV) en su punto quinto:
En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas (…).”
España no podía desprenderse de su condición de Potencia Administradora sin antes haber observado las obligaciones internacionales que el principio de libre determinación de los pueblos exige. Esta decisión tomada de manera unilateral y sin respetar las indicaciones de la Asamblea General es simplemente ineficaz, ya que la condición de Potencia Administradora seguirá hasta que el Sáhara Occidental haya ejercido su libre determinación adoptando una de las tres maneras establecidas por la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en este punto debemos tomar en consideración el llamado “Informe Corell5 . El Informe toma en consideración la firma del Acuerdo de Madrid, en el que España trasfiere su condición de Potencia Administradora y reconoce que de facto las autoridades administrativas son marroquíes, aunque este hecho no menoscabaría la condición de Territorio no Autónomo que ostenta el Sáhara Occidental6 , por tanto, Marruecos sería portador de obligaciones al respecto que no puede eludir 7. Este Informe puede ser positivo en el sentido en que establece las limitaciones claras que ostentaría Marruecos como administradora del territorio de facto.
Por otro lado, es preciso subrayar la importancia de la Resolución de la Asamblea General 2625 (XXV) que establece que
el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene una condición jurídica distinta de la del Estado que lo administrara; condición que existirá hasta que el pueblo del Territorio No Autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación”.
El Gobierno de Argelia, en una declaración aportada al Secretario General de las Naciones Unidas 8 mostró su desacuerdo con el texto firmado en Madrid, y señaló que España no podía
“trasferir sus responsabilidades administrativas sobre el territorio más que al pueblo de dicho territorio, o, en otro caso a las Naciones Unidas”9.
Este Acuerdo no sólo no sigue el procedimiento recomendado por Naciones Unidas, en cuanto que no devuelve a la población autóctona los poderes que ostentaba en el territorio ni habla de promover la realización de un referéndum de autodeterminación sino que, además, pretende que se considere satisfecha la aspiración del pueblo saharaui a la libre determinación privándole de ella. Según el contenido del texto:
“España procederá de inmediato a instituir una administración temporal en el territorio en la que participarán Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemáa, a la cual le serán transmitidas las responsabilidades y poderes”.
Cuando se analiza esta expresión, se aprecia que no estamos ante un normal proceso de descolonización: es muy discutible que un Estado que lleva a cabo un proceso de estas características pueda renunciar a sus obligaciones como potencia administradora de manera unilateral. Ello iría en contra de lo que las Resoluciones de la Asamblea General habían establecido en distintas ocasiones y también era contrario a lo expresado en el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, ya que España tampoco podía transferir la administración, temporal o no, de un territorio en proceso de descolonización a otro país, por lo que cabe sostener que es contraria a las normas que rigen el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Como podemos advertir, se decide que España deje su responsabilidad sobre el territorio para otorgársela a dos terceros estados que deberían actuar en colaboración con lo que, en su momento, fue el primer órgano representativo de la población nativa dentro del sistema colonial, la Yemáa. Y que, en adición, como dice el texto del acuerdo
“será respetada la voz de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa”.
 Sin embargo, como comentaremos ut post, la Yemáa no podía ser la representante del pueblo saharaui. No tenía legitimación alguna que le otorgara este derecho, ya que el pueblo no se sentía identificado con ella. Por otro lado, sus miembros se habían adherido en su mayoría al Frente POLISARIO y no deseaban formar parte de este Acuerdo, en el que si bien la Yemáa es una pieza más de la estrategia de esta declaración de principios, no aparece como parte firmante del mismo.
En este sentido debemos preguntarnos, ¿quién representa al pueblo saharaui en el Acuerdo Tripartito de Madrid?. Quizá ésta sea la mayor carencia de la que hace gala el texto, ya que ni siquiera podemos afirmar que el acuerdo incluya a la Yemáa como parte en sí misma, sino que ésta tan sólo se encuentra inmersa en el texto de manera instrumental. Además, debemos desechar la idea de que la Yemáa fuese en el momento de la firma la representante del pueblo saharaui, asimismo hay que tener en cuenta que por todos estos motivos, y otros que de manera más extensa comentaremos ut post, el órgano asambleario colonial del Sáhara se disuelve tan sólo catorce días después de la firma del comentado acuerdo, el 28 de noviembre de 1975.
Pese a ello, ni éste ni ningún otro órgano representativo de la población saharaui tomó parte en dicha administración. Además, como señalamos en su momento, los tres Estados firmantes del Tratado trataron de volver a reunir a la Asamblea Saharaui, pero resultó ser un absoluto fracaso, ya que la mayoría de los miembros desertaron. En menor medida, los 27 miembros de la antigua Yemáa que optaron por seguir la estrategia hispano-marroquí-mauritana tan sólo se reunieron en una ocasión, pasando a disolverse la Asamblea definitivamente tras ésta. De esta manera la representación de la población saharaui fue asumida por el Frente POLISARIO, que contaba con el apoyo sólido de la mayor parte de los miembros de la Asamblea, ya desintegrada.
Al desaparecer la Asamblea saharaui del proceso diseñado por el Acuerdo de Madrid, la perspectiva se perfilaba transparente. No iba a producirse ningún traspaso de poderes en absoluto, sino que el territorio saharaui iba a ser repartido entre los Estados de Marruecos y Mauritania, como poco después vendrían a establecer los Acuerdos de Rabat10 , que separarían el Sáhara en “zona sur”, que formaría parte del Estado mauritano, y “zona norte”, que lo haría del Estado marroquí. Sin embargo, con la posterior retirada mauritana de sus reivindicaciones sobre la zona11, la partición quedó sin efecto, y la ocupación marroquí se extendió hasta la frontera mauritana.
En cualquier caso y como ya había sido establecido por el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia y por las diferentes resoluciones de la Asamblea General, los dos países a los cuales España les transfiere la administración, Marruecos y Mauritania, no ostentaban título jurídico alguno sobre el territorio del Sáhara Occidental.
Igualmente es preciso recordar que se acordó un traspaso de administración de un Territorio no Autónomo, y que en ningún caso se podría hablar de traspaso de soberanía, ya que la Potencia Administradora nunca la ostentó. 12 Además, cabe aludir a la manera en que este Acuerdo evita hacerse eco de la indicación de la Asamblea General de establecer la administración temporal del territorio a cargo de las Naciones Unidas, mientras se concluía la celebración del referéndum.
En otro sentido, las partes asumen en la Declaración de Principios de Madrid su intención de informar al Secretario General de las Naciones Unidas del acuerdo concluido, indicando que este suponía un arreglo pacífico de la controversia en relación al artículo 33 de la Carta13 . Sin embargo, esto carece de fundamento ya que la solución aportada por los Estados de España, Marruecos y Mauritania violaba el principio de igualdad y de libre determinación de los pueblos, no contaba con la representación de todas las partes implicadas 14, quebrantaba el principio uti posidetis iuris y contradecía frontalmente el artículo 73 de la Carta.
Las razones que se aportan para justificar la validez del Acuerdo son dos15 : en primer lugar, el hecho de que la Resolución 3458 B (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas16 mencionara el texto firmado en Madrid, lo cual es interpretado como la aceptación de su contenido. Sin ninguna duda esta Resolución fue fruto de una innecesaria lapso por parte de la Asamblea17 , pero en cualquier caso en la misma se alude al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui en varias ocasiones, por lo que este argumento sería, en última instancia, contradictorio.
En segundo lugar, se esgrime el argumento de que el Acuerdo se publicara  oficialmente en el Registro de Tratados de las Naciones Unidas; sin embargo, este débil razonamiento se topa de frente con el Reglamento de tal institución que establece que la inscripción de un Tratado no implica su aceptación y, asimismo, no prejuzga la validez del mismo18 .
En cuanto a la naturaleza jurídica del texto debemos señalar, pese a que no siempre ha existido unanimidad sobre ello 19, que la Declaración de Principios de Madrid es un tratado internacional, siguiendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en su artículo 2.a) expresa que
“se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;”
 Por tanto, como tal debe regirse por las normas que los regulan. Sin embargo, el Acuerdo es nulo en razón de su contenido ya que viola una norma de ius cogens, el principio de libre determinación de los pueblos20 . Además, por ser ésta una norma imperativa no admite pacto en contrario21 . El artículo 5322 de la citada Convención expresa que si un Tratado va en oposición a una norma imperativa de Derecho Internacional general, éste será considerado nulo. Y conforme a ello es prácticamente unánime toda la doctrina23 .
En el mismo sentido cabe señalar que el Estado español no tenía legitimación para la firma de éste, porque no era soberano del territorio sino sólo Potencia Administradora, y como hemos aludido ut supra, la Resolución 2625 (XXV) dicta que el territorio no autónomo tiene una condición jurídica distinta de la Potencia que lo administrara. El Estado español no tenía derecho a disponer del territorio, lo que se acrecienta sobremanera si la operación llevada a cabo contradice al derecho de autodeterminación de los pueblos. España no podía pactar una solución alternativa para el Sáhara que, además, fuera contraria a las normas imperativas de Derecho Internacional. No estaba en ningún caso en disposición de negociar respecto de un territorio que, recordemos, únicamente administraba.
Los Estados de Marruecos y Mauritania también carecían de legitimación para la firma del Acuerdo, ya que como afirmó la Corte Internacional de Justicia en su Dictamen Consultivo, ninguno de estos Estados tenía título jurídico sobre el territorio saharaui. Sumado a ello, conviene recordar que estos dos Estados violaron principios fundamentales de las Resoluciones de la Asamblea General que exigían la no obstaculización del ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos. Por un lado la Resolución 2625 (XXV) expone que
“Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación del presente principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia”.
Por otro lado la Resolución 1514 (XV) declara en su punto primero que
“La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales”.
De ahí que mantengamos que, por razón de su contenido y de la falta de legitimación de los tres sujetos que intervinieron en su conclusión, además de por vulnerar las normas establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el propio deber de los Estados de cumplir de buena fe las obligaciones establecidas por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Principios de Madrid es nula en su origen, y, por tanto, debe quedar sin efecto.
Asimismo, es preciso destacar que tras la firma de este acuerdo, la suerte del pueblo saharaui había dado un radical vuelco. Su derecho a la libre determinación estaba reconocido desde el principio por la Organización de Naciones Unidas pero es indiscutible que su oportunidad de ejercitarlo se había complicado de manera implacable. España no había cumplido con su compromiso internacional de descolonizar el Sáhara Occidental, esto ha venido a significar que, en definitiva,  la última colonia de África nunca fue descolonizada.
Por ello, este episodio pasará a convertirse en un hecho de características muy especiales, para algunos “la única salida”, para otros una “deplorable traición”. En cualquier caso, ¿en qué situación dejaba este panorama a la población saharaui?, ¿en qué lugar iba a posicionarse ahora el Frente POLISARIO?. A continuación, trataremos de examinar los acontecimientos que tuvieron lugar tras estos hechos de especial trascendencia, que vendrán a completar los antecedentes históricos que desembocarán en el estancamiento internacional actual  de la controversia.

1 ORGA: A/C.4/SR.2170 y 2177.

2 ORGA: A/C.4/SR.2171 y 2177.

3 Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental  de 14 de noviembre de 1975. Firmado por Carlos Arias Navarro, Ahmed Osman y Hamdi Mouknass, no publicado en el B.O.E, sí en la ONU: vid. United Nations Treaty Series, vol. 988, I, nº 14450.

4 Algunos autores afirman que además el acuerdo incluía como contrapartida por la entrega del territorio por parte de España, que ésta obtuviera un 35% de las inversiones en las minas de Bu-Craa que hiciera posteriormente el Gobierno marroquí y además, la renuncia por parte de Marruecos a la reivindicación y a la reclamación como territorios no autónomos de los demás enclaves africanos bajo dominio español, -Ceuta, Melilla e Islas Canarias- hasta el momento en el que el Estado español recuperase Gibraltar. HARELLI-BOND, B., “The struggle for the Western Sahara: Contemporary politics”, American Universities Field Staff, 1981, p. 5. Una opinión afín nos aporta MERCER, J., en “The saharauis of Western Sahara”, Minority Rights Group, nº 40, London, 1979, p.10.

5 Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico, Doc. S/ 2002/161. El informe analiza la problemática respecto de la licitación y firma de contratos con empresas extranjeras por parte del Marruecos para la exploración de recursos minerales en el territorio del Sáhara Occidental.

6 Ibídem, p. 2.

7 Al respecto vid. GARCÍA RICO, E. del M., “Las preguntas formuladas al Gobierno por J. A., Labordeta sobre la autorización a barcos gallegos para pescar en aguas <del antiguo Sáhara español>, comentarios a una respuesta incompleta”, R.E.D.I., Vol. LV, 2003, nº 1, pp. 511-515.

8 ORGA: A/AC. 109/475, Anexo IV.

9 Ibídem. Párr. 5.

10 Convención relativa al trazado de la frontera estatal establecida entre la República Islámica de Mauritania y el Reino de Marruecos, de 14 de abril de 1976. United Nations Treaty Series, vol. 1035, I, nº 15406.

11 Tras el Acuerdo de Paz entre este Estado y el Frente POLISARIO en 1979.

12 DIEGO AGUIRRE, J. R., Historia del…,  op. cit., p. 786.

13 El artículo 33.1 de la Carta expresa que: “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”

14 Además de no haber contado con la presencia de un representante del pueblo saharaui, el Acuerdo obviaba a otra de las partes interesadas o involucradas en el conflicto: Argelia, que se quejó de esto ante la Asamblea General: ORGA: A/C.4/SR.2170 y 2177.

15 SOROETA LICERAS, J., El conflicto del…, op. cit., p. 149.

16 Resolución 3458 B (XXX) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1975.

17 SOROETA LICERAS, J., El conflicto del…, op. cit., p. 151.

18 El Reglamente viene establecido por las Resolución 91/7 de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1975 y el Documento S/11880 (ORSC).

19 La opinión que disiente de la naturaleza convencional del Acuerdo de Madrid se basa exclusivamente en que la denominación de los mismos se hace como “Declaración de Principios”. Vid. CARRO MARTÍNEZ, A., “La descolonización del Sáhara”, Revista de Política Internacional, 144, marzo-abril 1976, pp. 11-38.

20 Al respecto vid. POMERANCE, M., Self-Determination in Law and Practice, La Haya, 1982, pp. 154, pp. 63-72.

21 GOZÁLEZ CAMPOS, J., “Los acuerdos nulos de Madrid”, El País, 18 de septiembre de 1977, accesible en la hemeroteca digital del periódico: http://www.elpais.com/articulo/internacional/acuerdos/nulos/Madrid/elpepiopi/19770918elpepiint_16/Tes.

22 El artículo 53.5 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece: “Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general”.

23 Entre las obras más destacadas, vid. BROWNLIE, I., Principles of Public International Law, Oxford, 1979, pp. 512; CARRILLO SALCEDO, J. A., El Derecho Internacional en un mundo de cambio, Madrid, 1984, pp. 142; ABERKANE, A., “La règle jus congens: son Rôle Dans le Droit International”, Revue algerienne des sciences juridiques, economiques et politiques, vol. VII, nº 1, 1970, pp. 8-42; ALEXIDZE, L. A., “Legal Nature og Jus Cogens in Contemporary International Law”, R.C.A.D.I., 1981-III, pp. 219-270; CASADO RAIGÓN, R., “Las obligaciones erga omnes en el Derecho Internacional Contemporáneo”, La Ley: Revista Española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 1985, nº 1, pp. 1032-1041; FERRER SANCHÍS, P. A., “Los conceptos de ius cogens y ius dispositivum y la labor de la Comisión de Derecho Internacional”, R.E.D.I., 1968, nº 4, pp. 763-780.