EL FUTURO, DE LA ESPERANZA

EL FUTURO, DE LA ESPERANZA

Alejandro A. Tagliavini

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LAS 'POLITICAS SOCIALES'

INTRODUCCION

                   El gran tema a considerar ahora, son los 'problemas sociales'. Y la pregunta básica es ¿en dónde reside la fuerza, que la sociedad necesita para resolver éstos asuntos? ¿En el orden natural social o en la coerción, en la violencia? Y la respuesta es que, no sólo la coerción es incapaz sino que su accionar, inevitablemente, empeora la situación de la sociedad en general pero castigando más duramente a los de más bajos recursos, a los más débiles materialmente. Por el contrario, el orden natural, que implica el crecimiento y desarrollo de la vida y, por ende, de la sociedad es, nada menos, que el vehículo de la participación del hombre en la creación y, en consecuencia, tiene un poder regenerativo ilimitado, empezando por las situaciones más críticas para los seres humanos1 .

                   Así, el mercado, en ausencia del Estado violento, de la coerción institucional, no sólo es la mejor forma de crear riquezas sino que, al mismo tiempo, es la más eficiente y la más justa manera de distribuirlas. En contraposición con esto, la redistribución que realiza el 'Estado benefactor', no es más que repartir los recursos que retira violentamente de la sociedad, a capricho del funcionario de turno, desconociendo las más elementales reglas del orden social que califican de inmoral a cualquier ejercicio de la violencia, aunque esto se disfrace de caridad. Cabe recordar, para quienes estén preocupados por las supuestas obras de bien que realiza el Estado racionalista con lo que 'recauda', que lo cierto es que, el mercado natural, atiende las necesidades de la sociedad según la escala de prioridades. Porque, aquello que es más básico y fundamental, resulta ser más 'negocio'. Y no pasa a la segunda prioridad, en tanto la primera no quede satisfecha. Efectivamente, para que exista eficiencia es necesario el afán de lucro, que es lo que dirige la atención sobre los negocios más rentables. Y, los negocios más rentables, no son sino aquellos que la gente, el mercado más demanda, porque más necesita. En consecuencia, si en el mercado natural hubiera perfecta ausencia de violencia institucional, los problemas serios de hambre, desocupación y demás, que hoy por hoy tenemos, no existirían2 . Ahora, los estatistas, como ya no pueden disimular que la coerción ha sido un muy ineficiente distribuidor de recursos durante décadas y décadas, bajo los signos políticos más diversos y en todos los países del mundo, pero al mismo tiempo quieren seguir manteniendo al estatismo, han inventado un nuevo slogan que dice que lo que hay que lograr es la 'eficiencia del gasto estatal' (!?). Con lo que, en realidad, quieren decir que el Estado debe seguir retirando coercitivamente recursos del mercado y utilizándolos a su conveniencia. Es decir, que el 'gasto social' les sirve como excusa para justificar la exacción de recursos sociales. Porque, en rigor de verdad, según veremos cuando hablemos del gasto, aun cuando el Estado racionalista es ineficiente, incluso a la hora de gastar, lo verdaderamente dañino no es que gaste, sino que retire coactivamente recursos. Lo dañino, insisto, es la violencia.

EL GASTO SOCIAL

                   La 'actitud egocéntrica' del liberalismo ha provocado que algunos cometan errores graves como, por ejemplo, su casi exclusiva y permanente insistencia en la necesidad de recortar el gasto estatal. Para peor, generalmente, remarcando que los primeros en recortarse deberían ser los destinados a necesidades sociales. Hoy, todo científico serio sabe -irónicamente, también muchos liberales- que lo realmente dañino -y, consecuentemente, lo que debe ser desterrado- no es que el Estado gaste sino que recaude de manera no voluntaria. Ya sea que lo haga por vía impositiva, inflacionaria, crediticia o por cualquier otra; según ya lo estudiamos al hablar del financiamiento del Estado artificial. Y esto, por dos razones básicas. En primer lugar, por una cuestión de humanidad, porque, cualquier recaudación coercitiva recae con más fuerza sobre los más pobres. En segundo lugar, porque el sistema coercitivo es, ya lo sabemos, necesariamente ineficiente, en toda y cualesquiera actividad. A pesar de la abrumadora propaganda estatista que pretende tapar la realidad, no hay ciudadano que no sepa que donde está el Estado racionalista hay burocracia, inseguridad, caos, desorden, arbitrariedad, corrupción, destrucción y mala fe y mala voluntad. Entonces, cada peso que retire del mercado, de este modo, es un peso que, el sector no coercitivo, pudo haber utilizado eficientemente en mejorar la calidad de vida de la sociedad y que, en cambio, se malgasta.

                   Pero, aun así, aun cuando es necesariamente ineficiente también a la hora de gastar, el gasto es menos malo porque, a pesar de significar flujos de recursos mal dirigidos, una vez en el mercado natural, éste se encargará de reasignarlos eficientemente. De modo que, si se aumentara el gasto y este fuera solventado con la venta de la innumerable cantidad de propiedades estatales -las mal habidas, a través del uso de la fuerza física- éste sería acelerador de la economía. Porque significaría la transferencia de recursos que antes estaban ineficientemente aplicados, visto que estaban en manos del Estado coercitivo, al sector privado que ahora los utilizará convenientemente. Importa poco a quién se transfieran porque, como dije, en la medida en que el mercado sea natural, se encargará de que, gracias a la competencia y a la necesaria eficiencia que conlleva, finalmente estos recursos terminen en las manos correctas.

                   Recordemos que hoy el Estado posee propiedades que tienen un elevadísimo precio. Por ejemplo, muchísimas empresas, edificios, los terrenos que ocupan los ferrocarriles, toda la costa del país, cientos de miles sino millones de hectáreas de tierras, una cantidad incalculable de vías y calles para automóviles, plazas, museos, y mucho más. De hecho, es, como vimos, por mucho, la institución más rica del país. En consecuencia, podría gastar enormes fortunas, y sería bueno que lo hiciera, en tanto esto signifique una genuina transferencia de recursos al sector privado -es decir, del sector coercitivo al sector del servicio voluntario- construyendo para los sin techo, poniendo comedores populares, y hasta simplemente regalando dinero a los pobres. El Estado artificial se ha financiado durante mucho tiempo utilizando métodos violentos, coercitivos, provocando enormes injusticias, de hecho, la pobreza marginal. Sería bueno, por un lado, que dejara de utilizar métodos contra natura porque éstos atentan contra los más débiles. Y, por otro lado, sería justo que reintegrara lo mal habido a aquellos a quienes más daño ha provocado: los que están en situación más crítica. Obviamente, me parece que quedó muy claro que, si el Estado se financia sin utilizar la violencia, la coerción, como lo hacen todas las instituciones privadas, con el aporte voluntario en función del servicio que reciben las personas y la comunidad, y el altruismo, todos sus recursos son legítimos y, consecuentemente, cualquier gasto lo es.

EL 'ESTADO BENEFACTOR' Y LA JUSTICIA SOCIAL. UN EJEMPLO: LA VIVIENDA.

                   Para ver con claridad cómo funciona el 'Estado benefactor'3 , analicemos un caso real, que ocurre en un país con respecto al tema de la vivienda para los más humildes. En el país en cuestión, existe una cantidad de gente que carece de 'techo' propio y de medios para alquilar uno, es decir, que están condenados a vivir en la calle. En este mismo país, el 'Estado benefactor' y sus dirigentes políticos 'preocupados' por los desamparados han propuesto, entre otras muchas 'sabias' medidas, la creación de organismos estatales dedicados a construir viviendas que, supuestamente, estarían al alcance de los 'sin techo'. Pero, aun habiendo sido estas medidas implementadas durante años, continúa el problema de la escasez. Y el resultado es que los que no tienen vivienda usurpan, ocupan propiedades ajenas muchas veces en manos de este Estado. Entonces, este mismo 'benefactor', argumentando el derecho a la propiedad, violentamente reprime y desaloja a los intrusos de las propiedades en cuestión, insisto, muchas veces, en manos del mismo Estado.                        

                   Veamos un poco. Ya dije que, el mercado natural, es el más eficiente asignador de los recursos sociales y que siempre los dirige primero a las necesidades más básicas por el principio de que aquello que es más básico es lo que el hombre demanda más y, en consecuencia, resulta ser 'más negocio', de aquí la ética del lucro, cuando rige el orden natural. Ahora, si esto es así, ¿cómo es que ocurre que, en una sociedad en donde existen muchísimas construcciones -cines, teatros, shoppings, clubes, galerías, y demás- es decir, en donde capacidad de construcción no falta, hay unos comparativamente pocos miles de personas que no tienen vivienda? Pues, básicamente, hay dos razones para esto. En primer lugar, ya lo vimos, la presión tributaria estatista provoca la pobreza marginal. En segundo lugar, las intervenciones artificiales del Estado en el proceso de urbanización -códigos de edificación urbana, de utilización de la tierra, y otros-4 provocan una muy ineficiente asignación de los recursos. Efectivamente, supongamos que compro una parcela de terreno por cien pesos. Supongamos que el código urbano en esa zona no me permite construir más que dos departamentos. Entonces, tendré que cargar, a cada unidad, con cincuenta pesos por el costo de la tierra. En cambio, si pudiera construir cincuenta departamentos le cargaría a cada uno sólo dos pesos. Algunas disposiciones llegan a la ironía siguiente: con el supuesto fin de defender a los de más escasos recursos, imponen que los constructores deben garantizar, en los barrios que construyan, los servicios 'básicos' (alumbrado público, cloacas, gas y demás, imponen también una cantidad de tierra libre para espacios verdes) con lo que, lo que logran, es que estos barrios terminen siendo caros. Y, en consecuencia, los 'sin techo' siguen sin techo. Los barrios tendrán todos agua corriente, gas natural y demás pero la gente, los pobres, vivirán en la calle. Demás está decir que las urbanizaciones privadas son, en todos los aspectos, muy superiores a las surgidas del Estado artificial. No es de ningún modo casual, que exista una fuerte tendencia a vivir en 'barrios cerrados' 5 que, en definitiva, no son otra cosa que cuasi micro países en donde mucho es privado.

                   Está claro, pues, que el Estado violento crea el problema habitacional. Pero ¿cómo pretende solucionarlo? Formando organismos que se dediquen a construir, generalmente solventados por vía de impuestos. Es decir, por cierto, retirando más recursos de la sociedad o sea, empobreciendo más a los ya pobres. Para, luego, terminar construyendo viviendas que utilizarán los niveles medios y con cuya realización se beneficiarán las empresas constructoras, es decir, los niveles altos. Desde un punto de vista ético y moral, el asunto no puede ser más irónico: el mismo 'Estado benefactor', que se ha llenado la boca hablando de la 'justicia social', de los carenciados y sus derechos básicos y fundamentales resulta ser el primero y el más tenaz de los agentes que pretenden dejar en la calle, sin más ni más, a una cantidad de familias que no tienen ningún lugar en donde dormir durante la noche. En cambio, lo que el Estado artificial debería hacer es privatizar la cantidad enorme de propiedades que posee entregándola a los 'sin techo'. ¿A qué precio? Que las regale si fuera necesario, en cualquier caso, será un beneficio para la sociedad en su conjunto, porque significará una transferencia al sector no coactivo.

                   Esta es, pues, la gran ironía del Estado racionalista: promete bienestar a los más necesitados; luego, con esta excusa, le quita coactivamente recursos al mercado, empobreciendo a la sociedad en general pero particularmente a los más humildes, a los más débiles, para luego castigarlos sin miramientos por el hecho de ser pobres.

EL SISTEMA PREVISIONAL COERCITIVO

                   Muchos partidarios de la sociedad artificial argumentan que los aportes previsionales deben ser coactivos. Porque, supuestamente, las personas, en particular los jóvenes, no son lo suficientemente serios, responsables, como para hacerse cargo de su futuro. Y, en consecuencia, el Estado, finalmente si no 'prevé', tendrá que hacerse cargo de la vejez de estas personas. Vamos a ver. Los jóvenes pueden casarse, tener hijos, decidir su futuro profesional, pero ¿¡no pueden decidir su futuro económico!? Aunque lo cierto es que, coherentemente con esto, los racionalistas hace tiempo que están intentando coactivamente imponer límites a la cantidad de hijos. Algunos Estados hasta tienen un sistema previsional coercitivo propio. Pero dejemos de lado este caso porque, me parece, ya hemos hablado suficientemente acerca de la inevitable ineficiencia del sistema artificial. Concentrémonos en la simple obligatoriedad coaccionada de los aportes que deben realizar los trabajadores durante su vida laboral. Insisto en que, lo malo no es la 'obligatoriedad' en tanto provenga de una autoridad moral, sino que lo malo es que sea violenta, coercitiva. Las distintas organizaciones religiosas, por ejemplo, suelen recibir importantes donaciones hasta los hay quienes donan, no sólo toda su fortuna, sino todo su trabajo. Muchas veces esta es una obligación, pero que proviene de una autoridad moral. No existe, por caso, la 'policía protestante' que lo encarcela si el feligrés no paga el diezmo. Sí existe, en cambio, la policía del estatismo que lo encierra si Usted no paga impuestos.

                   Lo cierto es que, en principio, el sistema coactivo lo que va a conseguir es que haya menos aportantes, y que éstos reciban un peor servicio 6. Efectivamente, al hacer que los aportes sean coaccionados lo que están logrando es crear un mercado cautivo compartido por los diferentes oferentes del servicio que, consecuentemente, no tendrán que preocuparse por la pérdida de los clientes. Y, entonces, básicamente, su trabajo no consistirá en competir con mejores inversiones posibles -plazos fijos, acciones, propiedades, y demás- de modo de convencer a los potenciales clientes de que la suya es la mejor capitalización posible en el mercado general sino que, simplemente, intentarán que el Estado persiga a los evasores mientras se reparten las víctimas con el menor costo y la mayor ganancia que puedan. Luego, su lucro no será el resultado de su vocación, del mejor servicio a la sociedad, sino de su egocentrismo, de la corrupción del mercado.

                   El beneficio económico para los aportantes claramente será menor porque, al tener las empresas oferentes, el mercado asegurado sin tener que competir, harán un menor esfuerzo por ofrecer mejores servicios. Ahora, generalmente el beneficio económico mueve más a las personas que el miedo a quedar fuera de la ley estatal. En consecuencia, como éste será menor que el que tendrían de no existir la coercitividad, muchos potenciales aportantes -que hubieran aportado si el beneficio hubiera sido mayor- desafiaran la ley, la evadirán y no aportarán. De modo que, en principio, lo que realmente ocurrirá es que, con el sistema coercitivo, los aportantes serán menos. Y la sociedad quedará más desprotegida a la hora de la vejez. Y más desprotegidos, claro, los más pobres, los más débiles.

LAS INTERVENCIONES COERCITIVAS EN EL MERCADO LABORAL 

                   "Naturalmente, en la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), no nos podemos remitir a esta constatación de hechos. Nosotros tenemos que ocuparnos de la política y del sentimiento" 7, le escribió Albert Thomas, reconocido socialista y primer director de la organización que menciona, a Jacques Rueff. Mientras que, el 22 de junio de 1933, el Ministro de Trabajo del gobierno laborista británico se dirige a la Cámara de los Comunes refiriéndose a este francés "que ha calumniado grandemente a la clase obrera inglesa haciéndole creer que existe una relación entre el salario real y el desempleo"8 . ¿Pero cuál era el crimen que había cometido Rueff? Pues tuvo la audacia de escribir un artículo, publicado por 'The Times' de Londres, en donde hacía algunas observaciones acerca de la nefasta influencia que había tenido la intervención coercitiva del Gobierno y de los sindicatos, éstos con el aval del Estado, en la fijación de los salarios, seguros por desempleo y otras leyes laborales.

                   Antes de seguir, ya que mencioné a los sindicatos, me parece que corresponde una aclaración. Estas organizaciones, en muchos casos, tienen -o tenían- privilegios garantizados por la fuerza coercitiva estatal lo que, históricamente, se consolida a través de la prédica corporativista fascista. Como, por ejemplo, el monopolio de la representación gremial, la obligatoriedad de los trabajadores de afiliarse y, consecuentemente, de aportar a los fondos de la organización, el 'derecho' de huelga y demás. Estos privilegios, en definitiva, no significan otra cosa que una transferencia de la violencia estatal hacia estos sindicatos. Violencia que han ejercido, primero, contra los propios trabajadores y, luego, contra la sociedad en general. No se trata, entonces, de prohibir la actividad sindical ni de las organizaciones intermedias, sino todo lo contrario 9. Se trata de permitir que existan todos las instituciones que los obreros libremente decidan formar, si es que deciden formarlas, y de que los trabajadores, en una sociedad natural, se manifiesten, sin utilizar la violencia, del modo que les venga en gana. No es cuestión de obligar coactivamente a nadie a trabajar, pero tampoco conviene limitar coercitivamente la libertad de contratación, imponiendo costosísimos requisitos para el despido de una persona. Porque esto atenta directamente contra los trabajadores visto que las empresas tendrán mucho cuidado en contratar personas si saben que, luego, no las podrán despedir 10. Y esto hace a un principio básico del orden natural que es que, una empresa, debe emplear a una persona en la medida en que su trabajo sea útil para sí, para la sociedad y para la organización. En un mercado natural, en donde la desocupación no es un problema y las empresas están dedicadas a servir, mantener un trabajador que no es necesario implica un disfavor, primero para el trabajador que no podrá realizarse como persona.
1                    Pero volvamos al artículo de la polémica. Rueff había encontrado que los datos estadísticos, tomados en Inglaterra entre 1919 y 1925, coincidían con su teoría de que existía una relación directa entre el número de desocupados de una parte y el coeficiente, entre el nivel de salarios y el nivel general de precios, de la otra. Es decir que, cuanto mayor era el coeficiente entre salarios y precios, menor era la demanda de mano de obra y, en consecuencia, mayor era la desocupación. La curva que estableció11 muestra que, si los salarios en relación a los precios hubieran bajado lo suficiente, la desocupación hubiera desaparecido. En definitiva, afirmaba que la curva de oferta y demanda se cumplía taxativamente en el mercado laboral. De donde se deduce que, cualquier intervención artificial del Estado en la fijación de los salarios lo único que conseguía era distorsionar al mercado, perjudicando a los interesados, es decir, a los asalariados. Es ingenuo pensar que la fijación coercitiva de un salario mínimo, por ejemplo, por parte del Estado, obligará a aumentar los sueldos. A lo único que obligará a los empresarios, que deben respetar celosamente la curva de oferta y demanda so pena de quebrar, es a despedir o a no tomar a quienes deberían, según el mercado, pagarles un salario menor al mínimo impuesto, suponiendo que no trabajen por fuera de la ley y, consecuentemente, que no los mantengan por debajo del mínimo legal. Visto que no les pueden pagar lo que pide el Estado, que es más que lo que el mercado indica que debe abonarse ya que, una empresa sana, debe conjugar muchos elementos, de manera que resulte eficiente para la sociedad en su conjunto. Insisto, quedarán desempleados los que cobran menos. Es decir que, éste salario mínimo sólo perjudica a los que menos ganan, a los más débiles, en definitiva.

                   Así, todas las intervenciones artificiales del Estado en el mercado laboral, la violencia que introduce, tienden a provocar desocupación y una clara degeneración de la naturaleza en las relaciones laborales. Así, Milton y Rose Friedman, años atrás, ya anticipaban que "Estos proyectos se defienden como un medio para ayudar a las personas con ingresos bajos. De hecho perjudican a estos sectores de la población..." puesto que... "la ley sobre salario mínimo (por ejemplo) exige que los empresarios discriminen frente a las personas con poca especialización" 12. Es así que, por caso, los datos estadísticos proporcionados por el Estado argentino, señalaban que la desocupación alcanzaba, en 1996, al 18 por ciento de la población activa, pero era de sólo el 12,8 por ciento entre los hogares no pobres, mientras que llegaba al 37,5 por ciento entre los hogares pobres. Por otro lado, Henry Hazlitt opinaba que "Un estudio hecho por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, encontró que el incremento de los beneficios por desempleo conduce a un incremento en la duración del desempleo" 13, sencillamente porque la gente no está dispuesta a trabajar por menos de lo que puede obtener del Estado sin hacer nada. Además, las leyes laborales artificiales le significan, tanto al empleado como al empleador, un aumento en los costos derivado del aumento en la burocracia que debe lidiar con estas reglamentaciones, tanto por parte del privado como por la parte estatal.
1                    Desde el punto de vista de la moral el salario es aquello que le permite a la persona vivir dignamente. Y, como la moral es algo real y efectivo y anterior a las leyes económicas -de hecho guían a la economía en el mercado natural- el salario es aquello que proviene del servicio a la comunidad, a la naturaleza humana, que protagonizan las empresas y organizaciones sanas. Habíamos visto que la moral es la adecuación del comportamiento humano al orden natural. También que, en el mercado natural, la eficiencia es la adecuación del trabajo al orden natural. Consecuentemente, si el trabajo es parte del comportamiento humano la eficiencia será de suyo moral, y la inversa.

                   Ahora desde el punto de vista del cálculo económico, el salario –precio- cumple, entonces, con la curva de oferta y demanda14 del mismo modo que cualquier otro servicio. Esto implica que, en tanto no exista intervención coercitiva institucional, los empresarios serán tan agresivos -o más, seguramente, si tenemos en cuenta que el capital humano es el más importante- a la hora de contratar empleados, ofreciéndoles mejores condiciones, como lo son a la hora de vender sus productos o comprar insumos. Sencillamente porque, en un mercado que opera naturalmente, cada empleado le significa una ganancia a la empresa -de otro modo no lo contrataría- y cuanto mejor sea el empleado, más gana la compañía. De modo que, en principio, al contrario de lo que ocurre en los mercados distorsionados por la maraña de regulaciones coercitivas, a las empresas les conviene tener la mayor cantidad posible de empleados y que éstos sean los mejores, para lo que deberán tentarlos ofreciéndoles mejores condiciones y formando a los que ya tienen. Hoy existe la muy errada idea de que el mercado menosprecia a los trabajadores -porque, en rigor, ocurre así en los mercados artificiales- cuando está claro que, para el orden natural, el ser humano es lo primero, lo más valioso. De modo que, en tanto se respete a la naturaleza de las cosas, el mercado espontáneamente preferirá en forma decidida a la persona por sobre cualquier variable económica. Si hoy el 'mercado capitalista' menosprecia, muchas veces grandemente, el trabajo humano se debe a que la violencia que introdujo el Estado coercitivo degeneró notablemente las relaciones laborales y la esencia empresaria.
1                    Pero volvamos a la curva de OD. A un aumento de la oferta de mano de obra, el salario tiende a disminuir y viceversa. De donde la desocupación en un mercado natural es imposible e independiente del capital y la inversión. De otra forma: si la oferta de mano de obra aumenta más que la demanda, el mercado regula la plena ocupación disminuyendo el salario –precio- y viceversa. Para ver esto claramente, pongámoslo en un ejemplo extremo. Supongamos que la oferta de trabajadores es tan grande que el salario mínimo baja a un dólar mensual. En este caso, nadie quedaría desempleado porque, por esa cifra, cada uno de nosotros contrataría a varios empleados, hasta para que nos abaniquen. De aquí que, si fijamos un salario mínimo artificialmente, se producirá desocupación en la medida en que éste sea superior al establecido por el mercado. Por otro lado, la particularidad más importante del capital consiste en que, siendo 'capacidad de producción', necesariamente tiende a absorber mano de obra aumentando la demanda de ésta y, de este modo, presionando de modo que aumente el salario15 . Otra característica es que facilita la producción de bienes, incrementando la oferta y, en consecuencia, disminuyendo su precio. De donde, la única manera real de aumentar el salario con respecto a los precios y tarifas, es a través de una capitalización del mercado. Es decir, que el capital, la inversión, no garantiza la plena ocupación -la plena ocupación quedará regulada por la curva de oferta y demanda en función del nivel salarial- lo que garantiza es un aumento en la demanda de trabajo, lo que presionará en la dirección de un aumento en el nivel salarial a ocupación plena si el mercado no es intervenido artificialmente y, también, un aumento en la oferta de bienes lo que presionará en el sentido de la baja de los precios.

                   Pero veamos el siguiente párrafo de Rueff: "En un país de Europa oriental las señales del ferrocarril son normalmente maniobradas. Un simple cálculo basta para mostrar que en razón del débil precio de la mano de obra y de la elevada tasa de interés en ese momento, el costo anual de la mano de obra necesaria para maniobrar las señales es muy inferior al monto de los intereses del capital que sería necesario invertir para mecanizar las señales. La mano de obra era abundante y el capital escaso. De cualquier manera, si un salario mínimo se fijara a un nivel ligeramente superior al nivel practicado, las señales mecánicas hubieran sido seguramente instaladas y los obreros despedidos"16 . Los intereses son el precio que se paga por el uso del capital ajeno. Supongamos que se produce un ahorro suficiente en este mercado. El precio del capital, es decir, el interés disminuye convirtiéndose en más rentable la mecanización; pero al mismo tiempo esta capitalización produce nuevas fuentes de trabajo -que podrían ser las fábricas de señales mecánicas o las agencias importadoras de las mismas o cualquier otra- por cuanto, ante el abaratamiento del capital, los empresarios emprenderán nuevas actividades.

                   Nuevamente, la oferta y demanda de capital y trabajo se equilibran a través del natural juego de los precios en el mercado con el resultado práctico de, no sólo evitar la desocupación, sino de aumentar sobre bases reales los salarios con respecto a los precios y tarifas. Y este es, por su parte, el resultado real del avance tecnológico, nunca el aumento de la desocupación, o la disminución en el monto de los salarios, sino todo lo contrario. Si la tecnología produjera desempleo, los Estados Unidos deberían ser hoy el país con el índice más elevado, y, sin embargo, históricamente ha tenido baja desocupación justamente debido a la relativa falta de 'regulación' coactiva en el mercado laboral. La tecnología permite el desarrollo de nuevas actividades que antes no podían ser realizadas, provocando un fuerte aumento real en la demanda de empleo. Sencillamente porque tiene la capacidad de potenciar notablemente la 'capacidad de producción' que es propia del capital. Recordemos que, en realidad, el mayor capital de una empresa es su capital humano, incluido el conocimiento. Hoy, muchísimas empresas, tienen posibilidad de existir gracias a las computadoras y demás desarrollos tecnológicos. Está clarísimo que, cien años atrás, había muy poco para hacer además de la agricultura y labores artesanales. Hoy, la mayor parte de la mano de obra ha sido absorbida por la tecnología: fábricas de automóviles, de lavarropas, empresas de telefonía, petroleras, fabricantes de televisores, vendedores de computadoras, distribuidores de gas natural y tantas otras. El aumento de la demanda laboral presiona los salarios hacia arriba, tiende a producir más horas dedicadas al ocio, aumento de robotización y, como consecuencia, aumento de la inversión en tecnología y educación. Es el circulo virtuoso, propio del orden natural, que permite que el hombre haga uso de la naturaleza para estar, cada vez -aunque siempre infinitamente lejos- más cerca de la perfección.

                  Otra injerencia nefasta del institucionalismo coactivo en el mercado laboral son, por ejemplo, las supuestas leyes de seguridad e higiene en el trabajo. Ocurrió, poco tiempo atrás, en un país no muy lejano, que el gobierno cerró preventivamente una planta aduciendo que los trabajadores, muchos extranjeros, que allí se desempeñaban no estaban trabajando bajo las condiciones que, supuestamente, exige la ley nacional. Y esta quizás haya sido una buena intención. Pero lo que no se mostró fue la otra cara de la moneda. Esto es que, no por casualidad, los obreros estaban trabajando allí. Y que, si así lo hacían, era simplemente porque, dadas las circunstancias -el mercado capitalista coercitivo- les convenía17 . Y, al cerrárseles ésta posibilidad, lo que ocurrirá, al contrario de la supuesta intención del Estado, es que tendrán que irse a trabajar a donde estaban antes. Es decir, con peores condiciones, si es que consiguen empleo. Esto es, insisto, lo que siempre ocurre cuando se imponen coactivamente reglas laborales: se logra que los que están por debajo de estas normas mínimas que, precisamente, son los más necesitados, se queden sin trabajo o tengan que ir a trabajar a lugares con peores condiciones en donde nadie se ocupe de dejarlos sin trabajo.

1 Sólo por citar un ejemplo, a pesar de estar lejos de un mercado perfectamente natural resulta sintomático que, durante el siglo pasado en la ciudad de Londres, cuando la ayuda gubernamental contra la pobreza era prácticamente inexistente (en 1870, con una población de 3 millones, había llegado a sólo 1,5 millones de libras contra los cerca de 7 millones en caridad privada; ver Gertrude Himmelfarb, 'The De-moralization of Society', IEA, London 1995, p. 138), la pobreza venía bajando del 6,2 por ciento de la población total de Inglaterra en 1849, al 4,7 por ciento en 1869 y a sólo el 3 por ciento en 1879. Y esto gracias, no solamente a la caridad privada, sino a las asociaciones de ayuda mutua, como las organizadas por los sindicatos libres (ver David G. Green, 'Community Without Politics', IEA, London 1996, p. 131). Otra anécdota sintomática: frente a la incuestionable superioridad de la caridad privada, algún partido político de primera línea, había sugerido que Caritas Argentina, importante organización de la Iglesia Católica, se convirtiera en "ministerio", haciéndose cargo de la asistencia social del país, a lo que la institución religiosa se negó. A pesar de que, refiriéndose a la 'caridad' estatal, aseguró que "sólo un 20 por ciento del dinero destinado al gasto social llega a quienes verdaderamente lo necesitan", ver 'Negativa de la Iglesia', Crónica (edición de la mañana), Buenos Aires, 26 de agosto de 1998, p. 4.

2 Juan XXIII, asegura que "Todo ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios indispensables para un nivel de vida digno, especialmente en cuanto se refiere a la alimentación, al vestido, a la habitación, al descanso, a la atención médica, a los servicios sociales necesarios. De aquí el derecho a la seguridad en caso de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez, de paro y de cualquier otra eventualidad de pérdida de medios de subsistencia...", Encíclica 'Pacem in Terris', Roma 1963, Primera Parte, 10. Por su parte, José Miguel Ibáñez Langlois, escribió que "El bien común de una determinada sociedad actual comprende los recursos materiales y el territorio; el ingreso global y el salario justo; la difusión de la propiedad privada; la previsión social; los servicios esenciales: caminos, transportes, comercio, agua potable, electricidad, vivienda, salud, etc.; la preservación del medio ambiente; la red de comunicaciones; el recto funcionamiento de los medios de comunicación social; la tranquilidad pública y la estabilidad social; la armonía de las clases y estamentos; los medios de descanso y diversión; el idioma, la cultura y las propiedades característicos de la nación; la educación laboral, social, moral y religiosa; la moralidad pública y las facilidades para el culto y la práctica religiosa; el desarrollo de las artes, letras y ciencias; la justicia de la legislación; la correcta organización de los poderes del Estado; la adecuada exigencia del cumplimiento de los deberes cívicos, y la defensa de la libertad y de los derechos fundamentales de la persona humana", 'Doctrina Social de la Iglesia', Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile 1988, p. 86. Y estos derechos, claramente, sólo pueden ser garantizados por la ausencia de la violencia institucional, es decir, la vigencia efectiva del orden natural. El mismo Ibáñez Langlois lo deja muy bien aclarado "... porque Dios es objetivamente, para la persona y la sociedad, 'causa primera y fundamento último,... fuente de la sociedad familiar, de la sociedad de los pueblos y de las naciones' (Pio XII, Navidad de 1942). Un supuesto 'bien común' privado de esta dimensión del Bien primero y absoluto es más bien un 'anti-bien común', que incluso podríamos llamar un 'mal común' de la sociedad", op. cit. pp. 87-88. Y ya que he mencionado a la Doctrina Social de la Iglesia, baste agregar, en cuanto al principio de subsidiariedad, que, ciertamente, el Estado, no sólo tiene el derecho, sino la obligación de realizar todas aquellas actividades que, sirviendo para el bien común, otros no puedan realizar mejor; siempre, claro está, que el principio de organización social y estatal no sea la coerción física, porque esto significaría un contrasentido con el bien común. Finalmente quiero aclarar que, algunos autores católicos han querido, en alguna medida, soslayar el imperativo moral del bien común. Efectivamente, ante la evidencia de que el Estado racionalista era a tal punto ineficiente (y para justificarlo), que es en absoluto incapaz de garantizar los derechos naturales, ensayaron un 'alivianamiento' de la responsabilidad social. Argumentando algo así como que 'aun cuando el bien común es un imperativo moral social, dada la incapacidad actual para resolver todos los problemas, es aceptable que algunos puedan quedar momentáneamente rezagados'. Esto es falso. Para que quede claro, todos los derechos naturales, incluidos los enumerados anteriormente, la Justicia Social, son un imperativo moral (algunos negativos y otros positivos) sin ninguna clase de atenuantes. Esto no significa pretender que la sociedad sea perfecta (que nunca lo será), sino dejar bien claro que, en la medida en que respetemos al orden natural (que sí 'es perfecto'), en la medida en que seamos morales (lo que es imperativo y moralmente obligatorio, sin excepción), los derechos naturales quedarán, todos y sin excepción ni atenuantes, de suyo garantizados.

3 "Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Efectivamente, parece que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado", S.S. Juan Pablo II, Encíclica 'Centesimus Annus', 48, Roma 1991.

4 Lo cierto es que no existen ni razones de seguridad, ni ambientales o ecológicas, ni de estética, ni ningún otro motivo que justifique la intervención coercitiva institucional en la planificación urbana o rural. Bueno sería, que la responsabilidad real de cuidar estos asuntos, quedara en manos de la entidad, violenta, más irresponsable y de peor gusto que existe. Sólo a modo de rápido ejemplo, veamos el tema del tránsito de automóviles. Es creencia muy difundida que el caos y desorden, que suele imperar en el tráfico dentro de las ciudades, es producto del 'progreso'. Así de distorsionada está nuestra 'cultura', de otro modo ¿cómo es posible que, una situación que significa la pérdida diaria de millones de dólares en horas hombre (a causa de las demoras por el caos imperante en el tránsito), en desgaste de material de transporte y demás, pueda ser considerada como una consecuencia del progreso? ¿Cómo es que algo negativo pueda ser el resultado del progreso? (!!). Digamos las cosas como son: el caos en el tránsito se debe, pura y exclusivamente, al ineficiente diseño, manejo, regulación y control de las vías de comunicación por parte de la burocracia estatal racionalista.

5 Los barrios privados (o 'barrios cerrados'), en donde suelen ser privadas las avenidas, calles, parques, seguridad, cloacas, gas, luz, y demás, son un modo de 'privatización inverso' y, quizás, más genuino. Efectivamente, la explosión demográfica que están teniendo estas urbanizaciones, claramente significa una huida de la gente de lo estatal hacia lo privado. Si se profundizara esta tendencia, las ciudades estatales quedarían vacías y las privadas tendrán cada vez más atribuciones.

6 En rigor de verdad, ya lo sabemos, la autoridad moral, aunque cueste creerlo, convoca más adhesiones que la coerción. Ahora, la eficiencia surge del hecho de que, cuando la obligatoriedad es moral, aquellos (normalmente los más débiles) que no pueden cumplir, no se ven forzados a hacerlo. Y, de este modo, los recursos son dirigidos hacia donde realmente se necesitan. Cuando la obligatoriedad es coercitiva, por el contrario, lo más débiles no pueden escapar y sí, en cambio, lo pueden hacer los más fuertes. El resultado es una mala asignación de los recursos.

7 Jacques Rueff, 'Autobiographie', Ed. Plon, Paris 1977, p. 88.

8 Ibíd., p. 90.

9 "Añádase que cuanto León XIII tan acertadamente explicó y tan decididamente sostuvo acerca del derecho natural de asociación, con facilidad comenzó a aplicarse a otras agrupaciones no obreras; por lo cual debe atribuirse a la misma encíclica de León XIII, en no pequeña parte, el que aun entre los campesinos y gentes de condición media hayan florecido y aumenten de día en día estas utilísimas agrupaciones, y otras muchas instituciones, que felizmente unen a las ventajas económicas el cuidado de las almas", Pio XI, Encíclica 'Quadragesimo Anno', Roma 1931, I, 3 b. Ver la referencia a los sindicatos libres en la nota 129 anterior.

10 Por ejemplo, con respecto a la indemnización por despido (que es un modo directo de inhibir el despido y aumentar el costo empresario por cada trabajador), podemos citar que "Una estimación del costo de este sistema... aceptado ampliamente en la literatura de economía laboral ... nos muestra que el costo de estas reglamentaciones..." significa "...que el empleo disminuye el 2 por ciento en términos del empleo total", conferencia pronunciada por Jim Heckman en Buenos Aires el 20 de mayo de 1997, durante la convención de ADEBA.

11 Jacques Rueff, 'Autobiographie', Ed. Plon, Paris 1977, p. 101.

12 'Libertad de Elegir', Ed. Grijalbo, Barcelona 1980.

13 'The Road not taken', The Freeman, Ed. The FEE, Irivngton-on-Hudson, New York, February 1979.

14 "... además de alquilar sus pertenencias y las cosas que alguien le dio para alquilar, uno puede también contratar a sí mismo para brindar un servicio a otro,..., enseñando, defendiendo gente en la corte o para muchas otras funciones y servicios", Luis de Molina, escolástico español, 'De Iustitia et Iure' (Moguntiae, 1614), disp. 486, col. 1064 (citado por Alejandro A. Chafuén, 'Christians For Freedom', Ignatius Press, San Francisco, USA, 1986, p. 123). Queda claro, pues, que una cosa es el salario como valor (moral) y otra el salario como precio. El primero está relacionado con el segundo, pero sólo indirectamente. Efectivamente, el 'salario valor' (que le permite vivir dignamente), además de la fuerte carga subjetiva, tiene que ver con el 'salario precio', pero también con su relación con los otros precios. Es decir, si el precio de la comida, de la habitación, de la salud y demás es muy bajo un 'salario precio' bajo puede ser un 'salario valor' alto. Las cuestiones subjetivas son fundamentales: si tiene que mantener una familia o no, y otras muchas cuestiones.

15 "El uso más productivo de la propiedad permite que se optimicen las tasas de capitalización, lo cual a su turno -como una consecuencia no buscada- hace que los salarios e ingresos en términos reales se eleven. Esta externalidad positiva se observa en todos los casos: a medida que crece la inversión per cápita el rendimiento del trabajo aumenta. El traslado de trabajadores desde países con estructuras de capital relativamente débiles hacia aquellos que cuentan con mayores inversiones hace que sus salarios se vean incrementados. Esto ocurre debido a que los instrumentos de producción de mayor rendimiento permiten productividades per cápita más elevadas. Asimismo, a medida que las tasas de capitalización aumentan se libera trabajo humano para encarar otras tareas hasta el momento inconcebibles debido, precisamente, a que estaban esterilizadas en las áreas que ahora abarcan las nuevas tecnologías. Con este proceso no sólo aumenta la cantidad disponible de bienes y servicios sino que el trabajo humano tiende a reubicarse en tareas propiamente humanas y menos mecánicas", Alberto Benegas Lynch (h), 'Socialismo de Mercado', Libertas no. 27, ESEADE, Buenos Aires, Octubre de 1997, p. 166.

16 'Autobiographie', Ed. Plon, Paris, 1977.

17 "Y cuando ellos dicen que el salario está por debajo del mínimo justo, parece que no podemos creerles, porque si pudieran encontrar otro que les pague más, irían a trabajar con él", Henrique de Villalobos, escolástico español, 'Summa de la Theologia Moral y Canónica', Barcelona 1632, p. 407 (citado por Alejandro A. Chafuén, 'Christians For Freedom', Ignatius Press, San Francisco, USA, 1986, p. 127).