POBREZA, DESARROLLO Y POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO

Hilario Barcelata Chávez

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA IZQUIERDA

Los objetivos vigentes
Conviene distinguir dos clases de objetivos casi en cualquier actividad colectiva. Los objetivos explícitos y los implícitos. Los objetivos explícitos y los implícitos de la política económica vigente contrastan agudamente. Mientras en el discurso, y como saludo a la bandera, se enarbolan objetivos como el desarrollo humano o el bienestar, es fácil mostrar que, en los hechos, los objetivos dominantes son otros, de carácter implícito. Aunque la política económica vigente está abiertamente al servicio de la clase capitalista dominante (empresarial, le llama Fox), se presentan algunas contradicciones entre los objetivos de algunas instituciones públicas y los de la clase capitalista en su conjunto. Y entre la clase capitalista nacional y la extranjera.
Una manera de conocer cuáles son los objetivos realmente vigentes, realmente actuantes de una política pública, es observando qué es lo que evitan a toda costa. Los funcionarios económicos del régimen actual, por ejemplo, han llenado bibliotecas con el plan nacional y con programas sectoriales, que postulan objetivos con los que nadie puede estar en desacuerdo. Pero esos no son los objetivos que guían su acción. A la menor caída del precio del petróleo, y con la incertidumbre todavía muy amplia sobre lo que pasará en el resto del año, reaccionan como autómatas anunciando recortes al gasto público, reduciendo programas importantes para el bienestar de la población o para el crecimiento económico. En los hechos muestran que evitar el déficit público es el objetivo realmente vigente.
El absurdo de haberle asignado al Banco de México (B de M) como "objetivo prioritario", en el artículo 28 constitucional, el control de la inflación, lleva a que "legítimamente" Guillermo Ortiz pueda destruir la economía nacional en nombre de bajar la inflación al nivel de la estadounidense. En este caso el objetivo implícito y el explícito coinciden. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no tiene un objetivo unilateral presagiado en los textos legales, carga con una sombra muy pesada, la de la ya larga lista de secretarios de Hacienda que pasaron a desgracia como consecuencia de una crisis financiera brusca. Evitar un nuevo episodio de esta naturaleza se ha convertido, para los tres pasados secretarios de Hacienda, en el objetivo latente dominante, en contradicción con los objetivos explícitos de crecimiento económico, etcétera.

Objetivos desde la izquierda
Es necesario reiterar la necesidad de unificar la política económica y la social que están fragmentadas actualmente. Esta unificación se da, en primer lugar, por los objetivos. Debe haber un conjunto único de objetivos para esta política unificada que podemos llamar socioeconómica. Una política socioeconómica alternativa, formulada desde la izquierda, necesita un conjunto único y jerarquizado de objetivos en los cuales la dualidad implícito-explícita desaparezca. Cuando la izquierda está constituida como partido político, sin embargo, los intereses institucionales del partido pueden entrar en contradicción con los ideales progresistas que se refieren a los intereses de la nación y sus habitantes. Esto puede llevar fácilmente a la vigencia de objetivos implícitos distintos a los explícitos. No parece haber otra manera de evitarlo que mediante un autocontrol disciplinado de los propios intereses. Los objetivos deben además jerarquizarse, de tal manera que ante situaciones que puedan ir en contra de un objetivo pero favorezcan otro, sea factible tomar decisiones coherentes.
El bienestar de la población y su desarrollo personal y colectivo, que puede englobarse en el concepto de bienestar social o desarrollo social, aunque ha sido falsamente enarbolado por la política económica vigente, debe ser el objetivo guía en última instancia de la izquierda en nuestro tiempo. Un segundo objetivo, en mi opinión de menor jerarquía que el anterior, pero de enorme importancia, es el de autodeterminación nacional. Este debe ser entendido como el fortalecimiento de las capacidades nacionales para guiar autónomamente los destinos del país, lo que debe entenderse sin menoscabo de la dimensión internacional de la lucha de la izquierda, que va adquiriendo mayor importancia cada día. De este par de objetivos principales se derivarían algunos otros que podríamos llamar objetivos derivados. Estos serían determinados lógicamente por lo que se necesita para lograr los objetivos de bienestar social y autodeterminación nacional.

Las restricciones
Tomar en cuenta las restricciones es una condición necesaria para hacer planteamientos viables. Qué se concibe como restricción puede resultar definitivo en el planteamiento. Mientras las políticas vigentes tienden a concebir casi todo como restricción, en el otro extremo se ubicaría una visión utópica en la cual no existen restricciones. En una postura intermedia estaría la izquierda. Qué se concibe como restricción y qué se concibe como variable que puede ser determinada, dentro de ciertos límites, por la política socioeconómica, define el carácter de las políticas. Por ejemplo, si se definen los ingresos públicos como una restricción, se cae inevitablemente en muchos de los rasgos inmovilistas y dependientes de la política económica vigente. Como se piensa que los ingresos públicos son insuficientes, las tareas del desarrollo deben ser realizadas por el capital, y como se piensa que el capital nacional es muy débil, se cae en una dependencia casi total de la inversión extranjera. En cambio, si se conciben los ingresos públicos como una variable de política, las tareas que el sector público puede acometer se visualizan como mayores. Por ejemplo, se piensa que puede seguir ampliando las capacidades nacionales de producción energética, ampliando y conservando la infraestructura básica, que puede ejercer un liderazgo en el desarrollo nacional.
Convendría clasificar las restricciones en grados según sus posibilidades de ser transformadas o removidas parcial o totalmente: 1. fácilmente removibles o removibles a corto plazo; 2. difícilmente removibles o removibles a mediano plazo; 3. muy difíciles de remover o removibles a largo plazo. También pueden verse las restricciones en términos del grado de poder requerido para removerlas. Algunas requerirían mayoría absoluta en el Legislativo, mientras en otras podría avanzar mediante alianzas.
También hay diferencias entre lo que la izquierda y la derecha consideran restricciones que están determinadas por los objetivos vigentes o si se quiere por la ideología. Mientras la derecha concibe el carácter no privatizable de la electricidad y del petróleo, y la Ley Federal del Trabajo (LFT), como restricciones, según sus declaraciones de un mayor crecimiento económico, en realidad del aumento adicional de la ganancia capitalista global, pero no conciben como restricción la disposición constitucional que otorga al B de M como objetivo único el control de la inflación; la izquierda ve en el artículo 27 constitucional y en la LFT logros históricos que es preciso defender, mientras concibe las disposiciones vigentes sobre el B de M como una restricción.
En síntesis, una definición cuidadosa de las restricciones y su clasificación en grados de dificultad para ser removidos, constituyen un ejercicio de gran importancia para cualquier planteamiento de política alternativa desde la izquierda, complementario de la definición de objetivos. Por falta de espacio no desarrollaré algunos otros elementos de la política (plazos, metas, instrumentos, criterios de evaluación, etcétera)

Tipos de restricciones
Las restricciones se pueden clasificar en tres grupos: 1) de recursos; 2) derivadas del marco legal, y 3) las subjetivas. Los ingresos públicos, el ahorro nacional, la disponibilidad de divisas, son ejemplos de posibles restricciones de recursos. La norma constitucional sobre el B de M, los diversos tratados de libre comercio suscritos por el país, las reglas internacionales vigentes, son ejemplos de posibles restricciones del segundo tipo.
Los agentes económicos poderosos o sus asesores, por ejemplo los agentes de bolsa, esperan que los gobiernos lleven a cabo ciertas políticas. Si lo que esperan no se cumple, o creen que no se cumple, pueden tomar medidas para protegerse que pueden dañar la economía nacional, como retirar sus capitales del país. Desde luego, para un modelo económico que lleva al país a una dependencia casi total del capital extranjero, estas restricciones subjetivas son muy importantes. La política económica termina siendo un cumplimiento obsequioso de lo que estos agentes esperan. El poder público termina siendo un rehén de los agentes económicos, aunque éstos sean rehenes, a su vez, de las ideas económicas neoliberales. El "consenso del mercado" y el "consenso de Washington" gobiernan. En un modelo de desarrollo autodeterminado, en el cual la inversión extranjera juega un papel mucho menor, las restricciones subjetivas tienen también una menor importancia, aunque no pueden olvidarse del todo, entre otras razones porque el capital nacional también tiene algún grado de movilidad internacional.

Visiones dinámicas y estáticas
La discusión sobre las restricciones, o si se quiere la discusión sobre lo que es posible e imposible, tiene que ver con las visiones estáticas o dinámicas de la realidad económica. Por ejemplo, la visión estática e imposibilita, sostiene que el sector informal de la economía es tan grande que las posibilidades de aumentar la recaudación fiscal del impuesto sobre la renta y la afiliación al IMSS, por poner sólo dos ejemplos, están prácticamente cerradas. Por eso sus impulsores buscan la salida en los impuestos indirectos (como el IVA a los alimentos). Conciben el desarrollo del sector informal como un proceso espontáneo (casi natural) y piensan que lo mejor que se puede hacer es no perturbarlo. Creen que el sector informal es sinónimo de precariedad y, por tanto, que cualquier intervención vigorosa aplicando la legislación fiscal y de seguridad social, llevaría a estos productores a la bancarrota.
Una visión alternativa, dinámica, del sector informal, sostendría que buena parte de su crecimiento se explica por la tolerancia pública misma. En esta visión, la falta de presión pública para el cumplimiento de las leyes ha propiciado la informalización de un numeroso grupo de empresas y ha fomentado el desarrollo de nuevos tipos de empresas capitalistas con cara de informales. Empresas que producen bienes con trabajo domiciliario (una forma de trabajo asalariado a destajo) y los distribuyen por medio de vendedores ambulantes o de puestos en la calle que operan como comisionistas (otra forma de trabajo asalariado a destajo). Pueden ser conglomerados grandes, aunque con instalaciones pequeñas, que acumulan enormes ganancias pero que operan sin registro fiscal o que se ostentan como contribuyentes menores. No se conoce la importancia cuantitativa de estas formas de producción dentro del sector informal. Mientras más importantes sean, mayores serán las posibilidades de ampliar la recaudación y la población asegurada. Otra manera en la cual la informalización tiene lugar es la de empresas que sólo registran, fiscalmente y en la seguridad social, a una pequeña proporción de su personal y sólo pagan impuestos sobre una parte muy pequeña de sus ingresos. Tampoco se conoce la magnitud de este fenómeno. El conocimiento de la magnitud del sector formal que se disfraza de informal adquiere el carácter de prioridad nacional.
De ambas visiones se derivan perspectivas muy diferentes. La visión alternativa, por ejemplo, vería en la crisis financiera del IMSS, recientemente dada a conocer, una consecuencia en parte de estas nuevas formas de evasión, que explicarían que en los pasados 10 años la cobertura de la seguridad social en el país se haya estancado, periodo en el cual la presión de los inspectores del IMSS parece haberse relajado.

 

El PRD y las alianzas
Para el PRD, cuyas perspectivas inmediatas son las de seguir siendo un partido minoritario, es inevitable pensar en las alianzas al interior del Poder Legislativo para resistir ciertos cambios y para impulsar otros. Con frecuencia, sin embargo, los legisladores pierden el rumbo, lo que puede atribuirse en gran medida a la falta de una propuesta de política socioeconómica alternativa.
El PRD necesita como instrumento central de conducción de sus actividades, un planteamiento sólido de política socioeconómica con las características antes señaladas, que forme parte de su plataforma ideológica. El documento tiene que ser un instrumento vivo, que se actualice continuamente, que tiene que ir mucho más allá de las declaraciones generales si ha de convertirse en un instrumento para la acción política, legislativa y de gobierno. Parte central de la identidad del PRD estaría reflejada en él. Serviría para el reclutamiento de militantes, como guía para las campañas electorales, daría unidad discursiva y de acción al PRD. Iría mucho más al detalle que los documentos vigentes en el partido y, a mi juicio, debería reunir las características antes apuntadas.

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