POBREZA, DESARROLLO Y POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO

Hilario Barcelata Chávez

GUERRA FISCAL

Escribo este texto desde el pleno de la Cámara de Diputados en un día clave en el futuro del país. Hoy se discutirá el paquete fiscal que la Comisión de Hacienda de la cámara dictaminó el lunes 8. Las votaciones en la comisión alinearon, de un lado, al PAN (que preside la comisión) y a los diputados del PRI cercanos a la todavía coordinadora formal (EEG) con el apoyo de un diputado de Convergencia; del otro lado, los escasos miembros de esa comisión que están contra EEG, con los del PRD y el del PT. Muchas votaciones resultaron en una votación de 14 a 9. Esta correlación puede ser diferente en el pleno, lo que sabremos pronto. El paquete fiscal dictaminado es brutalmente regresivo.
En primer lugar introduce un nuevo impuesto (en la misma ley del IVA) a la "enajenación e importación" de 8 por ciento que gravaría a todos los bienes que, según la propia iniciativa, mantienen la tasa cero en IVA (alimentos, medicinas, libros, periódicos y revistas) en las transacciones previas a la venta final. En las discusiones en la comisión, Molinar Horcasitas, quien se ha convertido en el portavoz principal de los panistas, reconoció que el impacto en el precio de alimentos y otros bienes sería de alrededor de 6 por ciento. Un poco más, pues, que el famoso 5 por ciento al IVA en alimentos y medicinas, comienzo del fin del EEG. Aunque grava a los alimentos, medicinas y libros en menor medida que la iniciativa del Ejecutivo (10 por ciento), en la medida que mantiene la tasa de 15 por ciento a los rubros actualmente así gravados (13 por ciento de IVA y 2 por ciento en un nuevo impuesto "a las ventas y servicios al público" que administrarían los gobiernos estatales) tiene un impacto más alto en el poder adquisitivo de casi todos los estratos de ingresos que la iniciativa del Ejecutivo que disminuía la tasa general a 12 por ciento (10 por ciento más 2 por ciento). El impacto real de la iniciativa dictaminada es superior al 6 por ciento reconocido por Molinar, porque al mismo tiempo se elimina la tasa cero a todos los insumos y equipos agropecuarios y algunos pesqueros (que pasan a 15 por ciento), lo que elevará inevitablemente los costos de la producción de los alimentos, llevando a los agricultores a trasladar el precio a los consumidores (o a absorber la pérdida cuando la competencia internacional no permita el traslado). Mi estimación es que el incremento en el precio de los alimentos puede ser del orden de 8 o 9 por ciento.
En segundo lugar elimina la tasa cero del IVA para los siguientes elementos: ixtle, palma y lechuguilla; fertilizantes, plaguicidas y equipo agropecuario y pesquero; renta de equipo agrícola. Elimina el régimen exento a los siguientes bienes y servicios: vivienda nueva, transporte público terrestre de personas, espectáculos públicos, servicios médicos de todo tipo, y los derechos de autor (excepto los bienes y servicios subsidiados en más del 50 por ciento que se asimilan a los gratuitos, lo que salva del gravamen al metro y a los servicios médicos de la Ssa). Los panistas evitaron, a diferencia de la iniciativa gubernamental, eliminar la exención de los servicios educativos, lo que refleja sus ligas estrechas con muchas escuelas y universidades particulares de corte religioso. La gravedad de estos cambios es evidente, golpeando tanto a los pobres como a la clase media. Si la vivienda es ya inaccesible a los pobres y a la clase media, mucho más lo será ahora en que su precio aumentará sustancialmente. El transporte público representa una proporción importante del gasto de los pobres y pobres urbanos, a quienes afectará gravemente el aumento de sus precios.
Este "bolsear a los pobres" que resulta como consecuencia de estos dos cambios a los impuestos al consumo, se traduciría en el aumento de la pobreza en un monto similar a lo que ocurriría con la iniciativa gubernamental (3 millones más de pobres alimentarios y 5 más de pobres patrimoniales, por usar las categorías del moribundo método oficial de medición de la pobreza1). Esto se agrava, como veremos, al considerar las reformas al impuesto sobre la renta (ISR). En materia de técnica tributaria, que tanto parece importarles en la retórica a los impulsores del dictamen y a la SHCP, que alegan que la simplificación y la homologación son la base para evitar la evasión fiscal, el país pasaría de un solo impuesto al consumo, el IVA (sin tomar en cuenta el IEPS que afecta a rubros como refrescos y gasolinas) a tres, al añadirse el de 8 por ciento a alimentos y otros, y el de 2 por ciento a estados. Por tanto, algunas empresas tendrán que presentar tres declaraciones y la inmensa mayoría dos. En vez de simplificar, por tanto, se establece una maraña burocrática que, según sus propios argumentos, aumentaría la evasión.
En materia del ISR, el dictamen de la comisión de hacienda tiene tres rasgos fundamentales: 1) Disminuye las tasas de ISR para personas morales (empresas) como la tasa marginal máxima a personas físicas2, de 32 por ciento que se preveía alcanzar con la ley vigente en 2005, a 30 por ciento de manera gradual, llegando a ese nivel en 2006. En personas físicas, el dictamen se propone gravar, desde 2004, con una tasa marginal de 25 por ciento a la inmensa mayoría de los contribuyentes, desde los que perciben 76 mil pesos al año (6 mil 333) hasta los que perciben 5 millones, pagarían la misma tasa marginal de 25 por ciento. El impuesto al que se aplica la tasa es el que resulta de restar del ingreso anual 76 mil pesos (o 6 mil 333 pesos del mensual) y, por tanto, la tasa efectiva que pagarían los de más bajos ingresos empieza en cero y se mantiene a ese nivel hasta 6 mil 333 pesos mensuales, para después empezar a subir rápidamente, la progresividad de la tasa efectiva desaparece con rapidez y pagan prácticamente la misma tasa los que perciben un ingreso anual de 500 mil pesos que los que perciben 5 millones.3 Los perjudicados por esta tarifa (en comparación con la prevaleciente) son los trabajadores que perciben entre 10 y 25 mil pesos: la clase trabajadora organizada y los profesionales (la clase media). Los beneficiados son los ejecutivos de las empresas, los que sirven de cerca de los empresarios poderosos y los funcionarios públicos de alto nivel. Por tanto, la propuesta fiscal del PAN, apoyada por EEG y sus seguidores, beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 2) Simplifica el cálculo de la tarifa de las personas físicas, al eliminar una de las tres tablas (que se conoce como la de subsidio acreditable) actuales, y mandar a una extraña sección de disposiciones de vigencia temporal, la del crédito al salario (al que se le llama ahora subsidio al empleo). 3) Esta simplificación, deseable en sí misma, va asociada, sin embargo, a la gravación de las prestaciones (jubilaciones, horas extras, gratificaciones, primas vacacionales y dominicales, cuotas laborales al IMSS pagadas por el patrón, etcétera), incluyendo las de previsión social (vales, fondos de ahorro, despensas). El costo de esta gravación lo paga-rían los trabajadores del sector formal de la economía, particularmente los trabajadores organizados, agravando el efecto de la tarifa que ya golpea a este grupo. Por tanto, el dictamen favorece a los ricos y afecta a la clase media y a los pobres.
Tratando de suavizar el impacto de tan agresivo, tan derechista dictamen, y percibiendo el rechazo de la opinión pública, el grupo ligado a EEG circuló el día de ayer en la Cámara un documento llamado Compromiso para el crecimiento y el empleo, en el cual proponen una tasa de 7 por ciento, en vez de 8 por ciento, al impuesto a la enajenación y la importación (IEI), no gravar las prestaciones, mantener la tasa cero a los insumos y maquinaria agropecuarios, y mantener el régimen exento a transporte y vivienda nueva. Se trata de un intento de limpiarse un poco la cara ensuciada por la traición a la propia plataforma de campaña que los llevó a tener el grupo parlamentario en la Cámara. Para defender el dictamen, el orador del grupo elbista, abucheado por la fracción disidente del PRI que está en contra de la reforma, ratificó los anuncios del documento elbista. El lector puede apreciar que esta contrapropuesta, si bien suaviza algunos efectos negativos, no corrige el efecto que proviene del IEI a los alimentos, medicinas, libros, revistas y periódicos.
Los que impulsan este dictamen están cavando su propia tumba política. Los que nos oponemos, podríamos caer en la tentación de dejar que se suiciden políticamente. Sin embargo, el daño en el nivel de vida de la población sería muy grave. El margen que separa el nivel de alimentación que lleva a un menor a la desnutrición irreversible del que lo salva es muy tenue. Un aumento de 6 a 9 por ciento en los precios de los alimentos significaría para muchos la caída en la desnutrición irreversible. Lo mismo puede decirse de los aumentos al costo de las medicinas y a los servicios de salud porque el margen económico entre atender un malestar o enfermedad o no hacerlo, entre poder comprar el medicamento y pagar la consulta, es muy pequeño y el dictamen, de constituirse en ley, haría que muchos más (a los que viven ese drama ahora) perdieran la vida por no poder superar la barrera económica que enfrentan.
El debate continua en el pleno. Terminados los posicionamientos iniciales, en los cuales un orador por cada partido subió a la tribuna (salvo el PVEM que decidió, misteriosamente, guardar silencio), ocho oradores se inscribieron para hablar en contra del dictamen. El ambiente parece presagiar el rechazo del primer dictamen sometido a debate y votación, el del IVA. Sin embargo, el pleno está lleno de rumores. De rechazarse este dictamen, es probable que la sesión se interrumpiera, puesto que el paquete fiscal aprobado se desmoronaría si no se aprueba 8 por ciento a alimentos, medicinas, libros, periódicos y revistas, donde está el efecto recaudatorio del paquete. Por esa razón, el gobierno federal no incluyó ninguna modificación al ISR en su iniciativa fiscal, puesto que sabía que si no se aprobaba la generalización del IVA no podría reducirle el ISR a los ricos (en sus personas y sus empresas) porque se caería la recaudación. El costo de las reformas al ISR es de 40 mil millones de pesos según la SHCP. Por eso, si pierden la primera votación, es probable que retiren las demás propuestas. El paquete fiscal tendría que rediseñarse de nuevo, con grandes oportunidades de lograr un cambio.
Después de escuchar un pronóstico pesimista sobre el resultado de la votación, prefiero cortar aquí mi texto y enviarlo para su publicación para no teñirlo de la profunda tristeza que me embargará si perdemos. Prefiero que quede con un tono de incertidumbre. Si hubiese júbilo, habrá oportunidades para compartirlo.
1 Con la aprobación en el Senado, de la Ley de Desarrollo Social, que ha sido turnada al Ejecutivo para su promulgación, quedan "derogados" el método oficial de medición de la pobreza y el comité técnico deja de tener función alguna, ya que la ley crea el Consejo Nacional de Evaluación y le atribuye la función de definir el método de medición de la pobreza. Además, el texto de la ley establece una lista de indicadores que deben tomarse en cuenta en la medición de la pobreza, lo que obliga a aplicar un método multidimensional y no unidimensional, como es el método oficial, ya que sólo toma en cuenta una dimensión: los ingresos de los hogares.
2 La Ley del ISR establece una tasa única para gravar a las empresas. En cambio, establece tasas progresivamente más altas para las personas físicas a medida que aumenta su ingreso. La tasa que va aumentando es la tasa marginal (esto es que se aplica sólo sobre el ingreso que supere el límite al que se aplica la tasa previa).
3 En términos matemáticos, la curva que asocia el ingreso del contribuyente con la tasa efectiva pagada es asintótica a 25 por ciento en el tramo entre alrededor de 500 mil y 5 millones de pesos.

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