SISTEMAS CONTABLES, FISCALES EN LAS SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL, SOCIEDADES UNIPERSONALES, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PYMES.

Rafael Espinosa Mosqueda
Emigdio Archundia Fernández
Ricardo Contreras Soto

LOS FINANCIAMIENTOS GUBERNAMENTALES Y SU IMPACTO EN LAS PYMES DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MÉXICO: UN EJEMPLO QUE SE PUEDE APLICAR EN LATINOAMÉRICA

Mtra. Judith Banda Guzmán
Universidad de Guanajuato
Tel. (461) 156 32 82
judithbanda_guzman@hotmail.com
Dr. Rafael Regalado Hernández
Universidad de Guanajuato
Tel. 598 5922
eldoez@msn.com
Dr. Rafael Espinosa Mosqueda
Universidad de Guanajuato
Tel. 598 5922
asesorneg@yahoo.com.mx

Resumen

El campo mexicano es un sector con poco acceso al sistema financiero, y esto no es  reciente, es un problema histórico. Aunado a ello, las condiciones que enfrenta hoy el sector agropecuario con la apertura comercial y el retiro de los apoyos gubernamentales plantean nuevos retos y ofrecen nuevas ventanas de oportunidades.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPYME), que constituyen la práctica totalidad del universo empresarial en la región y fuera de ella, no tienen el volumen de negocio, grado de formalidad y respaldo patrimonial que genere el adecuado interés del sistema bancario para considerarlas sujetos de crédito.
Aceptando los límites naturales de la producción primaria, ya sea en su capacidad para llevar al país a un estado de desarrollo superior, como en su capacidad de mantener a los actuales participantes del sector, hay que tener la motivación y el ingenio necesario para crecer hacia afuera, diversificando su producción, creando servicios y/o avanzando hacia delante en la cadena comercial.Esta investigación trata de establecer una relación, si el sector agrícola utiliza adecuadamente los subsidios y programas que ofrece el gobierno al sector agrícola, a través de sus instancias estatales y municipales, creando valor a su producción primaria, se lograría aumentar el empleo en la región.

Antecedentes

A principios de los años noventa, el modelo económico aplicado en México, basado en la sustitución de importaciones, comenzó a experimentar graves desequilibrios que llevaron a cabo un cambio en la política económica.
La nueva política económica se caracterizó por una mayor orientación al mercado, un régimen comercial más libre, la privatización de empresas públicas, una menor intervención del estado en las actividades productivas y en esfuerzos de desregulación de la economía, principalmente.
La estrategia de la política agrícola se fundamentó en la disminución de los subsidios a la producción, la eliminación del régimen de precios de garantía, el retiro del estado en el proceso de comercialización, y el abandono de su papel como administrador de empresas directamente vinculadas al proceso productivo, todo esto en un marco de apertura comercial e integración a la economía mundial.
El esquema seguido por décadas basado en una economía protegida, un régimen de precios establecidos por el estado, subsidios importantes a la producción y una profunda intervención y regulación del mismo, alejaron a los productores del contexto internacional, los cuales, frente a un escenario de apertura comercial vieron afectados sus ingresos, por las caídas de precios provocadas por la saturación del mercado en épocas de cosecha.
En este contexto, se hizo apremiante la instrumentación de programas de producción y de comercialización, que permitieran encaminar al sector hacia un desarrollo económico y social más homogéneo, en el que la premisa fundamental fuera la rentabilidad.
Los diversos actores que convergen en la actividad agropecuaria se enfrentaban al libre juego de la oferta y la demanda con fronteras abiertas a la competencia de productos de otros países, con mayores apoyos y mejor infraestructura productiva y de servicios; pero sobre todo, a serios problemas con los diferenciales de precios (Claridades Agropecuarias Aserca, 2011)
La gran contribución que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) realizan a la economía de un país es su capacidad de generar empleo, pero esa capacidad va acompañada de una arraigada creencia de que su condición de pequeña o mediana escala las coloca en inferioridad de condiciones para competir (Botta, 2001).
Por lo tanto, este trabajo de investigación  busca demostrar que el uso adecuado de los subsidios de gobierno, en los productores de hortalizas del estado de Querétaro, México permite darle un valor agregado a sus productos, y por consecuencia generar mayores empleos.

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