Con anterioridad, desde 1950, los gobiernos han formulado planes de desarrollo, económicos y sociales, que incorporan los ofrecimientos hechos al país durante las campañas presidenciales correspondientes.
A pesar que desde 1991 la Constitución Nacional ordena la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo, ninguno ha podido cumplir su objetivo por falta de continuidad, por cuanto los planes siguen siendo gubernamentales. Esto se hace evidente por las siguientes fallas protuberantes:
Los plazos de los planes son insuficientes para alcanzar los objetivos finales que deben ser: cubrir el déficit en la capacidad para atender, plenamente, las necesidades básicas de la población y, solucionar en forma definitiva los problemas de la Nación o por lo menos reducir sus niveles al mínimo posible. Además, no existe compromiso de los gobiernos sucesivos para el cumplimiento de dichos objetivos..
La investigación que sirve de base para la elaboración de los planes de desarrollo es incompleta, porque carece de los recursos que le permiten conocer la verdadera magnitud y las características de las necesidades básicas de la población y de los problemas de la Nación. Los candidatos a la presidencia, a las gobernaciones y a las alcaldías no disponen de los fondos y de la información estatal, suficientes, para efectuar los estudios que requiere un plan de desarrollo. El candidato que resulta elegido comienza a efectuar los estudios de su plan de desarrollo cuando se posesiona del cargo, pero las presiones de la ciudadanía para que cumpla con lo prometido le impiden profundizar como es debido y termina improvisando soluciones que resultan insuficientes.
La falta de concertación de los planes gubernamentales de largo plazo, con los trabajadores, los gremios económicos y la comunidad en general, hace que los gobiernos se vean abocados a huelgas, paros y manifestaciones violentas, cuyos arreglos causan trastornos en el desarrollo de las políticas económicas y sociales.
A pesar de existir leyes que establecen claramente los diferentes tipos de control para combatir la corrupción, la negligencia y la falta de eficiencia de los funcionarios, que invade a todas las ramas del poder público, aparentemente las meras leyes no son suficientes. Es necesario rescatar la credibilidad de la ciudadanía en los organismos de control del Estado, eliminando las causas de su falta de eficacia, para que puedan presentar resultados concretos en su labor.
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