BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

LOS PROBLEMAS ACTUALES EN CIENCIAS JURÍDICAS

Angela Gómez Pérez




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2- Principios limitadores de la potestad sancionadora de la Administración

Pareciera, sin embargo, que en el campo del Derecho Administrativo Sancionador el legislador y la doctrina hayan aceptado como plausible la fórmula inversa del sistema garantista jurídico penal, pues la potestad administrativa ha sido justamente concebida «para limitar los derechos de los ciudadanos en función de la convivencia y el bienestar social», sin tener en cuenta limites propios.

Para justificar el problema, no puede esgrimirse que la potestad administrativa de sancionar sea una creación reciente, dado que su génesis (como antes referimos) se encuentra en el Derecho de Policía desarrollado durante los siglos XVII y XVIII en las monarquías centroeuropeas, donde como apunta Fritz Fleiner:

“[...]la policía o materia gubernativa aparecía en contraste con la justicia. «Se presentaban como asuntos de justicia» aquellos que habían de ser juzgados conforme a derecho, y que estaban por lo tanto, dentro de las atribuciones de los Tribunales. En cambio, «como asuntos de policía» o gubernativos, se consideraban los asuntos públicos, que se gestionaban discrecionalmente y representaban, por lo tanto, la misión propia del Gobierno”

Es obvio que por razones que no podemos detenernos a analizar en este trabajo, el mismo vicio que marcó el nacimiento de esta potestad discrecional y arbitraria del gobierno, lo ha acompañado en su tracto por las formas de organización del Estado Moderno, donde el ejercicio de la potestad de sancionar de la Administración, en general ha estado precedida por criterios de oportunidad, utilidad y libre arbitrio.

Creo oportuno antes de adentrarnos en el tema, hacer alusión a una reflexión realizada por Alejandro Nieto cuando valora la utilidad de los principios generales del Derecho para la conformación y funcionamiento del ordenamiento jurídico: “[...] El Ordenamiento Jurídico no se agota en las normas, que comprenden también los principios (de Derecho o de organización)[...]”. y acepta que los principios generales inspiran las normas, pero a su vez, sirven para orientar el modo de cubrir las lagunas del Derecho de forma hermenéutica; no obstante, cuando se refiere a los principios que prescriptivamente están recogidos en el Ordenamiento Jurídico, es bueno atender al modo en que este autor acota su reflexión: “El principio, aunque sea prescriptivo, no es norma, porque le faltan los elementos de concreción, inequivocidad, y decisión [...] el principio sólo resulta operativo, a través de la norma jurídica”

Sin embargo, como señalan la mayoría de los autores españoles que han abordado el tema, (Carbonel Mateu, Parada Vázquez, García de Enterría, Carretero Pérez, etc) lo cierto es que existen muchos puntos de contacto entre el Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador.

-Ambas pertenecen al Derecho Público.

-Ambas contienen normas con estructuras y funciones similares.

-Ambas tienen como consecuencia jurídica ante su infracción, medidas restrictivas sobre los bienes del infractor.

Por tal razón, es que los operadores de la Administración Pública, a quienes ha correspondido hacer uso de la potestad sancionadora, han acudido durante más de un siglo a los principios del Derecho Penal para aplicar la legislación que rige en materia de Derecho Administrativo Sancionador; aunque las justificaciones han sido muy variadas.

Siendo el Derecho Penal una rama del Ordenamiento Jurídico que goza de sistematicidad e institucionalización para la aplicación de sus normas, ha logrado desarrollar tanto desde el referente legislativo, como desde la óptica valorativa de la justicia y la doctrina, un conjunto de principios que entrañan axiomas que se dirigen a cubrir los intereses del individuo y la sociedad ante el temible uso de la “potestad punitiva del Estado”, y se manifiestan como limites de esa potestad.

Pero es un hecho, que no menos temible que la potestad punitiva del Estado, puede ser el uso de la potestad administrativa sancionadora, por lo que sus límites son un problema importante para la ciencia del Derecho.


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