Prólogo

Diálogo entre los diferentes saberes en la construcción de la ciudadanía democrática

Este libro aporta una reflexión crítica sobre la construcción de la ciudadanía democrática. Las palabras iniciales son del célebre brasileño Milton Santos porque creemos con él, que el mundo se ve mejor cuantas más y más personas dialogan, cooperan, construyen e intercambian conocimientos. Este gran geógrafo y estadista afirmaba que el espacio de lo cotidiano, es el espacio de todas las personas e incluye las contradicciones, los conflictos y también la voluntad o la realización de la cooperación y del acuerdo, que además es un espacio heredado de generación en generación, “rugoso, marcado por las características materiales y sociales, específicas, producto de la historia de cada lugar” (Santos, 2000a: 20) y es ahí donde debemos construir y reconstruir la ciudadanía democrática.

Las diferentes connotaciones que adquirió la palabra ciudadanía a lo largo de los siglos nos permite entenderla dentro de un proceso que construye, desde la década de los noventa (siglo XX) un inusitado protagonismo de las ciencias sociales y humanas. Se instala también en la vida cotidiana, pero además se convierte en una noción revolucionaria y en un motor de transformación social, dice la filósofa Adela Cortina (1997). Construir ciudadanía no depende solamente de las instituciones democráticas, depende también de la acción ciudadana grupal e individual, de una vida cívica y política rica y compleja como defiende Edgar Morin (1994: 182).

De hecho, el protagonismo creciente del concepto ciudadanía se debe tanto a razones de la vida cotidiana como filosóficas: En la vida cotidiana entender el modo de vida del pueblo con el que trabajamos, el cual tiene un espacio políticamente y subjetivamente delimitado, el crecimiento de la migración que traspasa legal o ilegalmente las fronteras de esos espacios regionales y nacionales, las identidades políticas compartidas e interétnicas, la evidencia paralela del peso de lo local, folk o arraigo –a veces ciudadanía excluyente- y de una ciudadanía cosmopolita mundial, multinacional y transnacional.

Las razones filosóficas que avalan esos procesos confluyentes o a veces contrapuestos que van construyendo las ciudadanías, están estrechamente ligadas a la vida cotidiana, que congrega los esfuerzos tanto de liberales como comunitarios en construir (construcción que depende de los intereses, dominio y poder de los agentes que en este proceso se involucran) la teoría de la justicia, de la ética, de los valores, de los derechos, de la pertenencia a una comunidad y de la convivencia política (Cortina, 1997).

Construir la ciudadanía democrática supone reconstruir la idea de pertenencia a una comunidad (política, social, cultural) que se autogobierna, porque esto permite al pueblo entenderse como partícipes de un cuerpo político formado por miembros con derecho a participar como iguales (directamente o por representación) en la toma de las decisiones públicas, elementos que tornan la población (ciudadanos) copartícipes en pie de igualdad en la elaboración, conducción y adopción de las políticas públicas necesarias a la consolidación de la ciudadanía democrática (Cortina, 1992 y 1997; Brinckmann, 2007).

En este sentido y como lo destaca Milton Santos (1987; 2000 a, 2000 b y 2000 c) la idea de ciudadanía como pertenencia a una comunidad política que se autogobierna parece tener una vinculación inmediata con la noción de soberanía (comunidad política generadora de todas las normas de las que son destinatarios). Y ello parece sugerir que el locus de la ciudadanía democrática habría de ser una comunidad política soberana. De tal modo que, el siglo XXI apunta que son fundamentales otras formas democráticas, donde cada ciudadano sea sujeto y agente protagonista de su propia historia, de un plan de futuro socialmente construido, donde la participación no se restrinja al acto de votar y tan poco implique en una transferencia a terceros del derecho de decidir acerca de su futuro, pero que sea una acción cultural, por lo tanto tarea cotidiana, con derecho à participación protagónica directa en los procesos socio-espaciales (Santos, 2000b: 66).

Pensar la ciudadanía democrática según Sánchez (2002) supone construir la democracia participativa como un objetivo estratégico, realizando una praxis que haga la mediación entre los mecanismos directos de participación y formas representativas legitimadas por ese proceso construido desde abajo. Estos son los retos que se presentan cuando se intenta la deconstrución de los valores culturales hegemónicos y la concomitante constitución, como proceso socialmente construido, de valores alternativos y de una cultura política también alternativa.

Rodrigues (2005) y Vera-Zavala (2005) basándose en Milton Santos, afirman que a medida que la globalización ha ido implantando su nueva reglamentación del mundo, la democracia ha tenido que ceder, pero a la vez han surgido condiciones nuevas para la resistencia, para movimientos democráticos y para más experimentos de desarrollo e incremento de la participación social. Abunda información sobre hechos que nos permite señalar que en todo el mundo se están desarrollando hoy movimientos sociales por la democrati-zación real que organizan sus acción en todas las escalas incluso en la global.

“Como consecuencia del creciente déficit democrático a nivel global e incluso a nivel local, ha brotado un movimiento por la democracia, que es un movimiento de luchas concretas, de organización y movilización. Si bien es cierto que estas luchas, en su inmensa mayoría, se desarrollan a nivel local, no es menos cierto que se articulan con el nivel global. En su conjunto, todas ellas se enfrentan a la globalización neoliberal y donde más palpables resultan es en el movimiento global por la justicia, con su gran diversidad de resistencias y alternativas” (Vera-Zavala, 2005: 10).

Así también se expresa Gadotti, sociólogo brasileño seguidor de Freire, respeto a ese fenómeno global: de hecho, en una época en que el pluralismo político aparece como un valor universal, asistimos tanto a la creciente globalización de la economía como a la emergencia de los poderes locales, que se expresa en los sistemas educativos de muchos países de una forma inédita. Pero se trata de dos tendencias complementarias más que antagónicas (Gadotti 2000a; 2003 y 2006).

Decía Milton Santos (1987) en su libro O espaço do cidadão que en los procesos de participación se debe tener en cuenta la necesidad de que las comunidades se vuelquen hacia el mundo social y político como su ámbito colectivo de experiencia y aprendizaje. Aspectos ya trabajados por Paulo Freire (1980) cuando decía, en carta a sus estudiantes en el exilio, que la ciudadanía democrática se construye a través de la puesta en práctica de la “Palavração” . Siguiendo las máximas de Freire y Santos, en la década de los 90 Borja (1998) señalaba que una mirada genuina en el mundo real sólo se logra a partir de la participación en las comunidades, de compartir sus imaginarios sociales, culturales y políticos. Así que, el nuevo siglo, el siglo de la sociedad de la información, o mejor aún del conocimiento (Bunge 2008), impone a las instituciones, comunidades locales y mundiales, escuelas, universidades, partidos políticos, empresas, asociaciones, etc., antes que nada, llamar al pueblo para participar colectivamente en la construcción de un saber, que va más allá del saber hecho de pura experiencia, que toma en cuenta sus necesidades y lo vuelve instrumento de lucha, posibilitándole transformarse en sujeto de su propia historia (Freire, 1995: 19ss). La participación popular en la creación de cultura y de conocimiento rompe con la tradición de que sólo la elite es competente y sabe cuáles son las necesidades e intereses de toda la sociedad (Brinckmann, 2007: 12ss).

Por consiguiente, como lo señalan aquellos que actúan en consonancia con estos conocimientos, sólo existirán espacios de participación sí existe la capacidad de, institucionalmente, promover la descentralización y democratización de los espacios públicos locales, construyendo políticas nacionales a partir de un movimiento desde la base. Tal proceso implica necesariamente la concientización de los sujetos respecto de su función social en el contexto local, regional y nacional: requiere ciudadanía. En palabras de Paulo Freire, toda práctica social está sometida a límites de todo orden: sociales, políticos, económicos, ideológicos, históricos que, siendo de tal naturaleza, ocurren en una determinada estructura social. Aunque, tratándose de un espacio histórico, nos encontramos en un espacio político, un espacio contradictorio, por lo tanto, generador de posibilidades. Así que, la posibilidad de construir territorios participativos pasa por la construcción del conocimiento, la materia prima para la participación activa de la ciudadanía y la realización de prácticas sociales y políticas realmente transformadoras (Freire, 1980 y 1997).

Los debates de orientación multidisciplinar que emprendemos en este libro están referidos a una noción de territorio que supone considerarlo como “un cuadro de vida” (Santos, 1994), o sea, un espacio geográfico en el cual se articulan las diversas relaciones sociales y de lugar “donde la historia se da” (Santos, 1994: 23) con sus múltiples e imbricadas relaciones de poder sustentadas en la posesión de distintos capitales pero sobre todo en el despliegue de distintas estrategias basadas en diferentes racionalidades y/o cosmovisiones. Nuestro análisis estará centrado en la tensión resultante de la puesta en acción de distintas intencionalidades de los diversos actores (estado, mercado y productores empresariales, iglesias o filiaciones, instituciones legislativas y de justicia, empresas, comunidades campesinas e indígenas, instituciones de enseñanza, la familia con sus redes, alianzas y atributos, etc.) que subyacen en un mismo espacio geográfico en el intento de construir la ciudadanía democrática.

Para aprender a vivir juntos debemos ante todo aprender a comprender al otro y sus representaciones espaciales, en este sentido, el territorio, el “cuadro de vida”, lo analizamos a partir de una concepción holística o sistémica que debe poder integrar cada una de estas dimensiones de la vida social, dado que la primacía de un orden sobre otro supondría generar inequidades o formas de exclusión (Santos, 1994 y 2000c; Brinckmann, 2007).

Considerando lo dicho, la clave de la ciudadanía democrática es un estado democrático que congrega ciudadanos de distintas etnias y culturas en torno a un contrato social incluyente. Aunque, como lo señala Adela Cortina (1997: 3) esta afirmación deja “abierto un problema: el de cómo acomodar la diversidad de modo que sea posible la convivencia”. Contestamos a la pregunta con las palabras de la propia autora: “la clave se encuentra, en articular las distintas dimensiones de la ciudadanía, de modo que la diversidad, que puede ser enriquecedora, no genere un trato desigual y, por tanto, injusto”.

Por consiguiente la ciudadanía democrática tal vez seria “un principio articulador que afecta las diferentes posiciones de sujeto del agente social al tiempo que permite una pluralidad de lealtades específicas y el respeto de la libertad individual” (Mouffe, 1992: 46-49). Según Mouffe, el objetivo de una ciudadanía democrática debe ser la construcción de una identidad política común que habría de crear las condiciones para el establecimiento de una nueva hegemonía articulada mediante nuevas relaciones, prácticas e instituciones sociales igualitarias. Esto no puede ser conseguido sin la transformación de las posiciones de sujeto existentes.

Lamus Canavate sostiene apoyada en Mouffe (1992, 1999 y 2001) que no basta el diálogo entre diferentes grupos oprimidos para que sus demandas ciudadanas sean construidas alrededor de un “principio de equivalencia democrática (cadena de equivalencias mediante articulaciones entre posiciones de sujetos diversos), tienen que crearse nuevas identidades, mediante un proceso político de articulación hegemónica (Gramsci), y no de simple comunicación libre y sin distorsiones (Habermas)” (citado en Lamus Canavate ).

La ciudadanía democrática se dará entonces cuando los ciudadanos se reconozcan libres e iguales en el ejercicio de la participación y deliberación en la toma de decisiones en la vida pública; las formas en que esto se lleve a cabo serán diversas según escalas de actuación, tradiciones e ideologías. Estos elementos nos permiten el análisis y evaluación del papel y condición del ciudadano, porque no basta con establecer un enfoque de ciudadanía (liberal, republicano, comunitarista, feminista, etc.) ni con reconocer algunas de las principales dimensiones de la vida del ciudadano. Evaluar, valorar y trabajar con los alcances de la libertad son condiciones sine qua non para pasar de un ciudadano pasivo a un ciudadano activo, como agente racional y sujeto de su historia cuyos valores, juicios y libertades son importantes para ello mismo y para el grupo social en que vive (Urquijo Angarita, 2007 ).

Para Amartya Sen (2005, p. 38) la ciudadanía democrática tiene relevancia por varias razones diferentes que pueden ayudar a los individuos a comportarse de forma más responsable. “Puede proveer razones para un comportamiento respetuoso del medio ambiente y, generalmente, más ético. La idea de ciudadanía saca a la luz la necesidad de considerar a las personas como agentes racionales, no meramente como seres cuyas necesidades tienen que ser atendidas o cuyos niveles de vida deben de ser preservados. Además, identifica la importancia de la participación pública, no simplemente por su efectividad social, sino también por el valor de ese proceso en sí mismo” (Sen 2005, p. 38).

Basándose en Sassen (2001), Castells (1998) y Tambini (2001), Eduardo Térren (2002 a) señala que en la transición del siglo al XX al XXI, una serie de fenómenos ligados tanto a la globalización económica y los movimientos de población como a las exigencias identitarias de muy diversos grupos están abriendo un nuevo horizonte de ciudadanía postnacional que obliga a reflexionar sobre la necesidad de forjar una “nueva concepción de la ciudadanía capaz de suministrar un nuevo proyecto de derechos, participación y pertenencia” (Térren, 2002 a: 1) que para Giddens (1996: 119-122) es la democracia dialogante como forma de democratizar la democracia a través del desarrollo de la capacidad de reflexión en las actividades cotidianas.