LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LA CRISIS ECONÓMICA (I)

La crisis estructural provocada por la contradicción que existe entre las fuerzas productivas - constituidas por los nuevos inventos, instrumentos y medios de producción, el desarrollo del conocimiento, la técnica, la ciencia, la cibernética - y las relaciones de producción correspondientes al modo de producción moderno plantea la necesidad de cambiar la forma de organización de la sociedad contemporánea por otra distinta que establezca la correspondencia armónica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción alcanzadas por la humanidad de manera que, la economía se encuentre al servicio del ser humano y no a la inversa como históricamente el hombre organizó y desarrolló primero la sociedad esclavista y luego la feudal y la capitalista.

Una manifestación objetiva de la contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas del modo de producción moderno lo constituye la crisis económica, generada por la falta de mercado con poder adquisitivo, resultante de la aplicación de la ideología neoliberal en la economía del sistema de libre mercado que produjo: la crisis de la banca, del sistema financiero y de la política interior y mundial de los EE UU; la elevación de los precios de los alimentos de primera necesidad; la reducción del mercado de consumo y la contracción del valor adquisitivo de los sueldos y salarios; factores que tuvieron su incidencia en la elevación de los niveles de pobreza, atraso, desocupación y la dependencia de los Estados nacionales, productores de materias primas sin valor agregado como el nuestro, particularmente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La economía boliviana que forma parte del sistema capitalista o de libre mercado también sufre las consecuencias de la crisis económica mundial.

Por ejemplo: la elevación permanente del precio de los bienes relativos a los servicios internos (repuestos, vehículos, maquinas, etc.) o de los insumos - por lo general importados – necesarios a la producción influyen en los costos de producción y el precio de los productos nacionales haciendo casi imposible competir con los precios de los productos provenientes del mercado externo; los ingresos percibidos por el Estado a consecuencia de la exportación del gas, los minerales, los productos agrícolas y otros cada vez son menores a consecuencia de la dependencia de los precios del mercado mundial controlados por las transnacionales y el imperialismo situación que agudiza el atraso y la pobreza del Estado y la población nacional; y finalmente la pérdida constante del valor adquisitivo de los sueldos y salarios a consecuencia de la elevación de los precios de los artículos de necesidad vital (arroz, azúcar, etc.) que contraen el mercado con valor adquisitivo.

Las movilizaciones, huelgas y pronunciamientos de los sectores laborales y representantes de la policía por el aumento general de sueldos y salarios; la resolución relativa a la expulsión del secretario general y otros dirigentes de la COB, sometidos al control del gobierno, por el ampliado de los fabriles de la Paz; los bloqueos de caminos en Caranavi, San Cristóbal; el paro cívico en Puerto Suarez; junto al voto en favor de los candidatos no oficialistas en las elecciones últimas en La Paz, El Alto, Achacachi, Potosí y Oruro expresan la conciencia política elevada que alcanzó el pueblo producto de la experiencia de la revolución de 1952 y las movilizaciones insurgentes del 2003 (Agenda de Octubre) y 2005. Porque al mismo tiempo que apoyan al gobierno se movilizan por sus intereses sectoriales.

La objetividad con la que actúa el movimiento obrero, particularmente el minero, provocó una crisis política profunda en las direcciones de los movimientos sociales, la COB; organizaciones indigenistas, gremiales, estudiantiles y sindicatos campesinos, mineros, etc., que se encuentran bajo el control del gobierno, a consecuencia de la discusión que realizan en el seno de sus organizaciones respecto a su organización y las formas de presionar al gobierno con el fin de obligarlo a desarrollar la industria y diversificar la economía, usando nuestros recursos naturales, como forma de disminuir la desocupación, la pobreza y el atraso de las mayorías nacionales.

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LAS REIVINDICACIONES SECTORIALES

El paro cívico de Puerto Suarez, las movilizaciones en Caranavi y las efectuadas por maestros y fabriles; las resoluciones de los ampliados locales y nacionales particularmente de los trabajadores fabriles de La Paz, que solicitaron la expulsión del secretario general y otros dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB); las marchas del 1 de Mayo y los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los sindicatos expresan la diferencia que existe entre los objetivos prioritarios de carácter reivindicativo (hospitales, caminos, salarios, ítems para salud y educación, etc.) que tienen las regiones, los sectores laborales, la clase media y la población empobrecida que exigen soluciones inmediatas y las del gobierno que se refieren, contrariamente, a objetivos políticos mediatos ligados a la “construcción del Estado Plurinacional” que no responden inmediatamente a las necesidades vitales de la Nación boliviana (incluida las etnias).

La población insurgente dirigida por la COB, que provocó la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, al aprobar la Agenda de Octubre (2003) estableció un mandato popular de realizaciones inmediatas, ratificado en las movilizaciones del 2005 (caída del gobierno de Carlos Mesa), al que se comprometió en cumplir el MAS-IPSP antes de las elecciones del 2005 pero, una vez en el gobierno, ocurre que ignora la política nacionalista revolucionaria contenida en la Agenda de Octubre y adecúa su política general aplicada a la neoliberal, contenida en el DS 21060, encubierta con discursos antiimperialistas y pro “socialistas”. Al grado que el Estado “Plurinacional” al incrementar las exportaciones del gas, los minerales y otras materias primas sin valor agregado - cumpliendo las directrices del FMI y el BID con la esperanza de lograr créditos del Banco Mundial dirigidos “al desarrollo industrial del Estado” (sic) -, acentuó su dependencia del capital financiero, las transnacionales y el mercado internacional económica y políticamente que le impuso el congelamiento de sueldos y salarios.

La diferencia entre los objetivos que se propone el gobierno y la población nacional tiene su origen en el momento en que el (MAS-IPSP), una vez constituido en gobierno, desvirtúa el mandato popular contenido en la Agenda de Octubre (abrogación del DS 21060, nacionalización e industrialización del gas, etc.), presentando en forma encubierta la compra de algunas acciones de propiedad de las empresas transnacionales (sumadas a las que pertenecen al pueblo, producto de la ley de capitalización, alcanzan al 51% en favor del Estado), como la nacionalización de los hidrocarburos. Repitiendo la misma operación, con la distribuidora ELFEC de Cochabamba, las generadoras de energía eléctrica de Corani, Guaracachi, Valle Hermoso y la fundición de Vinto.

La dirección de la COB, frente al problema salarial (5%) y otros, al emitir las resoluciones relativas al paro de 24 horas y la huelga general indefinida busca: preparar las condiciones necesarias para su reelección en el próximo Congreso con el fin de contener las próximas movilizaciones a realizar por los sectores laborales, estudiantiles, etc. impulsados, por la necesidad de resolver sus reivindicaciones sectoriales; y al mismo tiempo restituir su autoridad que la perdió, al infringir el principio de independencia sindical (Estatutos de la COB) desarrollando una política seguidista y sometida a los intereses del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) en función de gobierno.

El gobierno al negar la existencia del proletariado y la experiencia anticapitalistas y antiimperialistas adquirida por el pueblo con la revolución de 1952, que se mantiene latente en su conciencia social y acción, comete errores políticos (reformas constitucionales) que le restan fuerzas sociales en las que se apoya y estimula la confrontación en vez de consolidarse generando, fuentes de empleo e industrializando los recursos naturales para constituir una Nación única y un Estado soberano, sustentado en una diversificación y desarrollo económico planificado que proteja la industria nacional, el mercado interno; y eleve las condiciones de vida de las mayorías nacionales, la población y el Estado que se encuentran sujetas a la pobreza y el atraso.