BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

REFORMAS CONSTITUCIONALES Y REVOLUCIÓN BOLIVIANA

Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra




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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y SU FUNCIÓN POLÍTICA

El proceso revolucionario de radicalización creciente de los movimientos sociales, COB, sindicatos y pueblo en general, contra el neoliberalismo (D.S. 21060) interrumpida y contenida con las elecciones del 2004 y la política de concertación social acordada entre la dirección del MAS y la oposición con el fin de contener la revolución boliviana, expresada en la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la ley y los contratos relativos a los Hidrocarburos, la elección de magistrados a la Corte Suprema, etc., está próxima a su fin. Como consecuencia de que el pueblo, particularmente sus sectores intelectuales y de avanzada, analiza y comprende que el gobierno no cumple con la oferta electoral que hizo, recogiendo el sentir nacional, antes de ser gobierno como: la abrogación del D. S. 21060 y el cambio del modelo neoliberal; la nacionalización del gas y su industrialización; la recuperación de las empresas capitalizadas; la creación de fuentes de trabajo; la elevación del nivel de vida de la población; la defensa del Estado y la patria en peligro de división (“Nación camba” promovida por la oligarquía y la burguesía ligada al capital financiero -FMI, BM, BID etc.- ), y la Asamblea Constituyente como instrumento de progreso, integración, unidad y consolidación del Estado Revolucionario emergente de la revolución de 1952 que fue el programa por el que votó la población radicalizada y antineoliberal.

La dolarización que establece al dólar como respaldo de la economía nacional; la libertad de precios que define que los productos (bienes y servicios) del mercado interno, en su precio, se encuentren sujetos a la ley del mercado (oferta y demanda); la flotación cambiaria que determina que el precio del dólar está definido por la ley de la oferta y la demanda ("bolsín" o bolsa de valores); la liberalización del comercio interno que transforma al mercado nacional en uno de consumo de productos extranjeros por que no existe protección al mercado y la producción nacional; la disciplina fiscal que busca controlar el déficit, tratando de mantener un equilibrio entre los ingresos y egresos por medio del ahorro y otras medidas, y el congelamiento de los sueldos y salarios como una forma de controlar los precios correspondientes al modelo neoliberal, aplicado hace mas de 20 años, se encuentran intactos y en plena ejecución. Al igual que el orden jurídico anticonstitucional (D. S. 21060, ley 843, Código Minero, Ley de Bancos, etc.) y la estructura administrativa estatal (viceministerios, superintendencias, etc.) política, y la social se mantienen casi intactos.

Sigue: el gas y el petróleo bajo el control administrativo, político, económico y accionario de las transnacionales (pagando impuestos mayores) no obstante la denominada “nacionalización de los hidrocarburos”. Y más aun, volvieron a ser entregados legalmente, a través de la aprobación de nuevos contratos que legitimaron el saqueo y el abuso de las transnacionales, por otros 20 años como contratos de producción (nefasto para el Estado) y no así de riesgo compartido; los salarios congelados y una inflación creciente que azota a la población nacional y está en vigencia y aplicación el fundamento ideológico (jurídico, político, económico y social) del capitalismo salvaje expresado en el D. S. 21060 que fue la Constitución Política aplicada por los gobiernos neoliberales que casi establecieron, por encima de la Constitución vigente, un Estado y una Constitución neoliberal afín a la política de la globalización sostenida por el gobierno norteamericano.

¿Entonces qué cambio?

Una Asamblea Constituyente derivada, sin función originaria o fundante, que busca cambiar el Estado revolucionario y su sustento ideológico (Constitución Política) emergente de la revolución de 1952 por un Estado plurinacional constituido por 36 “naciones” en concertación con las fuerzas antipatria que lograron reorganizarse y avanzar en su intención secesionista de dividir el Estado en “Oriental y Occidental”, gracias a los errores del gobierno, expresan el proceso beligerante que se aproxima. Defender el Estado revolucionario, la Nación y la integridad nacional es un imperativo planteado por el pueblo cuya expresión objetiva fue la movilización masiva de La Paz.


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