LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LOS ERRORES POLÍTICOS DEL GOBIERNO

La organización de las direcciones de los comités cívicos como dirección nacional de oposición al gobierno del MAS, con autoridad política y capacidad de movilización expresada objetivamente en el paro realizado en seis departamentos del territorio nacional, el planteamiento de la renuncia del Presidente de la República, los sucesos producidos en Sucre por el problema de la capitalidad plena, etc. muestran el grado de organización, beligerancia y ofensiva en la que se encuentra la burguesía ligada a la embajada norteamericana, las transnacionales y al capital financiero cuyo objetivo es avanzar en la secesión del Estado boliviano con el fin de organizar un Estado confederado (“nación camba”) con capacidad autónoma regional para adoptar decisiones políticas, económicas y sociales (AUTONOMÍA).

El gobierno hizo concesiones políticas expresadas: en la promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (Art. 14) que garantizó, a la derecha, que el MAS no concentraría una representación mayor a los dos tercios de votos (170) del total de los miembros que conformaron la Asamblea Constituyente (255 constituyentes); en presentar, ante la opinión pública nacional, a la Constituyente como si fuera de carácter originario o fundante, siendo derivada; y aceptar y establecer, en el Reglamento de la Constituyente, a la Asamblea como originaria, siendo derivada, en concertación con PODEMOS (maniobra política útil a sus objetivos), y otras fuerzas afines al neoliberalismo que sirvieron de catapulta, para la organización y recuperación de las fuerzas sociales opositoras al gobierno, ayer diezmadas, hoy vigorosas para tomar la iniciativa en la lucha y la ofensiva por recuperar el poder gracias a la estrategia política que aplicaron al usar la Constituyente como un medio de lucha, que les dio el barniz democrático, de respeto a la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico que nunca respetaron (DS. 21060, ley de capitalización, etc.).

Errores que favorecieron la política neoliberal y reformista aplicada por el gobierno, que debilita, paraliza y provoca el desaliento en los sectores combativos de la población que sienten que la lucha contra el neoliberalismo, como forma de impulsar la revolución nacional, nuevamente fue contenida e interrumpida por un gobierno que se comprometió en aplicar la Agenda de Octubre, cuyo contenido expresa una política nacionalista revolucionaria, consistente en: recuperar las empresas capitalizadas; abrogar el DS 21060 que es el fundamento jurídico, político y económico del neoliberalismo; nacionalizar los hidrocarburos e industrializar el gas.

El gobierno al propagandizar la nueva Constitución Política (que debe ser elaborada por los Constituyentes) como una solución a los problemas de integración e inclusión social que permitirá la participación de las 36 etnias denominadas naciones, de los sectores sociales marginados, y la inclusión de los valores culturales y costumbres de cada grupo étnico a la cultura nacional, sobredimensiona la función de la Constituyente, creando expectativas falsas, porque esos problemas son de carácter estrictamente político que se resuelven elevando las condiciones de vida de la población por medio de un desarrollo industrial y una diversificación económica y no por una Asamblea derivada que por su carácter limitado no puede cambiar totalmente la Constitución Política y menos CREAR UN NUEVO ESTADO, porque no tiene la potestad para hacer posible esa finalidad. Su función es solo reformadora de la organización, funcionamiento y estructura del Estado y de la Constitución vigente, sin tocar la ideología liberal que la sustenta. Y más aun, ignora que la normatividad relativa a la fundación del Estado y a la aprobación de la Constitución Bolivariana, son el resultado de la historia de la lucha por mantener la integridad del territorio, la unidad de la población que constituyó la Nación boliviana; los valores, costumbres, hábitos, tradiciones, luchas sociales antifeudales y antiimperialista sostenidas y efectuadas por obreros, estudiantes, campesinos, grupos étnicos, clases sociales y todo el pueblo, en más de 180 años de existencia.

Los constituyentes y el gobierno al propugnar la sustitución del Estado Revolucionario por otro de carácter indigenista, denominado “Plurinacional”, desconocen la historia y la lucha permanente de nuestro pueblo, contra toda forma de atraso y explotación, que debe ser impulsada consolidando el Estado revolucionario a través de un desarrollo industrial y diversificación económica usando los recursos naturales y evitando venderlos sin valor agregado tal como se estableció en la Agenda de octubre.