3.2.3. Principios Teóricos de la Nueva Gestión Pública (NGP)

La segunda cuestión para desarrollar una perspectiva del Gobierno Electrónico desde la aproximación analítica de la Nueva Gestión Pública (NGP) consiste en analizar los fundamentos intelectuales que caracterizan el movimiento desde su perspectiva teórica. Se trataría de entender la relevancia de esos principios para el diagnóstico sobre el origen de las propuestas vinculadas a los procesos de emergencia del Gobierno Electrónico.

Varios autores han afirmado la existencia de unos presupuestos teóricos implícitos en el esquema analítico propuesto por la NGP. El argumento es que la NGP no es una mera enumeración de técnicas o herramientas sin ningún tipo de conexión entre sí, que intentarían guiar o analizar de forma casi casual las reformas en la gestión de las Administraciones Públicas. Más bien al contrario, la mayoría de los autores que se han aproximado al estudio de la NGP consideran que en su origen existen dos presupuestos teóricos, que darían cierta coherencia interna y consistencia analítica a la NGP, no sin evitar tensiones, contradicciones o paradojas entre tales.

Los autores han identificado tales presupuestos implícitos a la NGP de formas distintas, aunque con resultados muy similares. Consideran que si las bases teóricas de la Administración pública tradicional fueron la teoría de la burocracia y la teoría de la separación entre política y administración, economía y gestión privada lo son de la NGP. Desde este punto de vista, la economía se basa en los prejuicios sobre la racionalidad humana y la elaboración de modelos explicativos predictivos de carácter deductivo para generar abstracciones mayores. La gestión privada está fundamentada en la idea de que aunque el sector público es diferente al sector privado debido a su naturaleza política, eso no significa que todos los actos sean políticos o que todas las políticas deban ser puestas en práctica por políticos. En ese sentido, se entiende que los planteamientos económicos y gerencialistas habrían determinado la dirección de las reformas de NGP implantadas, sobre todo, en los países anglo-americanos, en los que tales principios ya estaban muy asentados en muchos ámbitos de la vida política, social y económica.

La Nueva Economía Institucional (NEI) habría servido para ayudar a generar un grupo de doctrinas de reforma administrativa construido sobre las ideas de elección del usuario, transparencia, y cerrada atención a las estructuras de incentivos. Tales doctrinas son claramente diferentes de las tesis de buena administración del modelo burocrático weberiano.

Si nos detenemos en el análisis del Gobierno Electrónico podríamos entender esta nueva realidad a la luz de los componentes intelectuales asociados a la NGP. Como se ha visto, por un lado, la NEI, que se compone de la Teoría de la Elección Pública, la Teoría de los Costes de Transacción y la Teoría de la Agencia, y por otro, el Gerencialismo, que bebe en las fuentes del gerencialismo clásico y se revestiría de los ropajes compuestos para el momento presente por las obras de los últimos gurús de la gestión empresarial, tales como Ciampi y Hammer ; Drucker (1993), Peters y Waterman, y de los que han hecho una adaptación casi mimética de tales postulados para el sector público, siendo el caso paradigmático el de Osborne y Gaebler (1992), Osborne y Plastrik (1997), son los dos referentes analíticos en los que se han asentado importantes transformaciones en el sector público. La incorporación de tales filosofías administrativas para entender el Gobierno Electrónico supone asumir la existencia de tensiones subyacentes a la relación entre ambas. La clave reside en conocer si los diseños organizativos asociados al Gobierno Electrónico propuestos en diferentes países, niveles de gobierno, y entornos para la reforma del Gobierno representativo y de la Administración pública promueven o no el acomodo entre las tensiones y contradicciones implícitas.

La incorporación de los dos postulados teóricos de la NGP en el diseño del Gobierno Electrónico estaría sujeta a posibles contradicciones. En ese sentido, existen paradojas entre ambos componentes que perfectamente pueden producir múltiples tensiones. Sobre todo, los principios para el diseño institucional y los estilos de gestión van en direcciones opuestas. La Teoría de la Elección Pública promueve la centralización, la coordinación y el control; mientras que el Gerencialismo aboga por la descentralización, la desregulación y la delegación. Entonces, la clave residiría en conocer hasta qué punto la organización de la acción unida al Gobierno Electrónico permite que un gobierno se mueva hacia un extremo u otro de ese continuo definido por esos tres pares de conceptos, de forma que dependiendo de cuál sea el caso analizado los movimientos serían en una u otra dirección.

En otras palabras, los componentes intelectuales de la NGP proporcionan una guía sobre los patrones de acción no explicitados en las reformas de las Administraciones Públicas. La operacionalización del Gobierno Electrónico habría de ser consciente de tales principios para evitar las contradicciones internas asociadas a ellos. Sobre todo, se debería reducir el impacto de tres tipos de problemas:

- La fricción entre la necesidad de centralización del poder de la burocracia en manos del ejecutivo, y el punto de vista según el cual la gestión operativa debe quedar libre de reglas y normas, por tanto descentralizada, en manos de los gestores operativos.

- La disfunción entre la necesidad de los políticos de hacer valer su papel de principal, como representantes electos de los ciudadanos, sobre los gestores operativos, que actuarían como agentes de aquellos, y por tanto, del público en general, y la perspectiva según la cual los gestores operativos garantizan la implementación de las políticas públicas, de manera que necesitan que ciertos instrumentos de desregulación les concedan autonomía suficiente para desmarcarse de procedimientos de coordinación inadecuados para la gestión de las organizaciones.

- La contradicción entre la preocupación por los mecanismos que permiten a los ciudadanos ostentar una mayor influencia sobre la determinación de las políticas públicas, es decir, la primacía de los representantes electos en las decisiones públicas, disminuyendo las capacidades de los grupos con intereses particulares para, así, poder dominar el proceso de elaboración de las políticas públicas, y la idea de máxima prioridad de la capacidad de respuesta (responsabilidad) de los burócratas frente a su público o sus usuarios o la recomendación a los gerentes de que estén cerca de sus clientes para, así, poder reconocer el valor de las ideas y las sugerencias que emanan de los propios clientes.

En todo caso, más allá de los planteamientos implícitos a la NGP, la reflexión sobre el Gobierno Electrónico también debe tener en consideración la realidad concreta de cada situación a través de las características específicas que se hallan en su implementación, si es que se desea ir más lejos en el análisis.