BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

GOBIERNO ELECTRÓNICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Reucher Correa Morocho y Pedro Antonio Criollo Gonzáles




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1.4. Lineamientos fundamentales de gobierno electrónico

De acuerdo a las convenciones reconocidas internacionales, los lineamientos fundamentales de Gobierno electrónico están clasificados en 4 categorías:

 Los portales de instituciones Gubernamentales (Govemment to Citizen – G2C, Gobierno a ciudadano); que permitirán a los ciudadanos acceder a la información y a los servicios, sin la necesidad de concurrir geográficamente a las dependencias estatales, sino que podrán hacerlo a través de los portales de las diferentes instituciones del Estado.

 Los portales de compras y contrataciones públicas (Govemment to Business-G2B, Gobierno a Empresa o e-procurement); que facilitan la libre competencia y la transparencia en las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, trasladando los procesos de contratación pública hacia Internet, eliminando los engorrosos procesos de compras, que en muchos casos requieren ser aprobados por varias instituciones del estado. Además toda la ciudadanía se convertiría en contraloría civil del Estado, porque podría revisar las bases de cada licitación pública, seguir en línea todas las etapas de la licitación, hasta su culminación.

 La conectividad del sector público (Government to Government – G2G Gobierno a Gobierno); permitirá conectar al gobierno central, con sus dependencias, con los gobiernos seccionales, con el Congreso Nacional y el poder judicial. Como primer paso del gobierno, debería implementar una Intranet, que permita manejar la comunicación, con los diferentes ministerios, documentos como los acuerdos ministeriales, agendas, emails, etc.

 El plan de Desarrollo informático en un determinado período, recoge estos principios y los plasma de acuerdo a las necesidades y prioridades establecidas por la comunidad Informática de la Administración Pública

1.5. Reforma y Modernización: Fantasías vs. Realidades

Tomando lo mencionado por NOVICK, (1988), BANEGAS, (2000) y MARSAL, (2001), Los términos “reforma” y “modernización” connotan la incorporación de concepciones, técnicas e instrumentos para que el Estado sirva más y mejor a la Sociedad.

Dado que es usual distinguir entre “reforma del Estado” y “modernización administrativa”, delinearemos ambos conceptos:

a) La “reforma del Estado” (o “reforma estructural” o de “primera generación”) se dirige a lograr un Estado más eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones “genuinas”, operándose comúnmente a través de recetas jurídicas y financieras para recortar competencias y funciones, así como para privatizar, desregular o descentralizar servicios.

b) La “modernización administrativa” (o reforma de “segunda generación”), se dirige a ubicar al usuario (“beneficiario”, “ciudadano” o “cliente”) como centro de la gestión pública, procurando inducir lógicas gerenciales a través de recetas socio-tecnológicas para racionalizar, reestructurar, reingenierizar, reinventar, realinear y reconceptualizar prestaciones.

Con prescindencia de la referida distinción, en adelante hablaremos de “reforma y modernización” (RyM) para referirnos a procesos relativamente orgánicos dirigidos a aumentar la eficacia, eficiencia, calidad y controlabilidad de:

a) las competencias y funciones del Estado y sus instituciones,

b) las estructuras organizativas,

c) los sistemas de planeamiento, programación, presupuesto, control y evaluación,

d) la gestión de la capacidad y del potencial de los agentes estatales,

e) la gestión de información,

f) la gestión financiera,

g) los procesos y prestaciones,

h) la atención a usuarios,

i) las compras y contrataciones, y

j) los marcos normativos, regulatorios y reglamentarios

Así mismo, ORREGO (2004), Una mirada retrospectiva de la trayectoria de la RyM, en varios de nuestros países, permite inferir que la mayor parte de las iniciativas tuvieron el propósito implícito de sortear entornos turbulentos dentro de la inercia político-administrativa. En general, su volátil ejecución no implicó confrontaciones significativas entre: a) la “racionalidad técnica”, fundada en valores como eficacia, eficiencia, equidad, calidad, responsabilidad, control, transparencia; y b) la “racionalidad política” que, afín a las motivaciones del poder, suele priorizar la preservación de espacios de privilegio, arbitrariedad, opacidad, prebendismo y clientelismo

Por otra parte, los sucesivos ciclos de RyM transcurrieron sin tan siquiera insinuar problemas sistémicos de fondo, tales como: a) el constante deterioro de la probidad pública, b) la continua pérdida del valor cívico de la función pública, y c) la creciente indiferencia, resignación o tolerancia ciudadana respecto de los vicios de la gestión pública.

Dado el profundo arraigo de la denominada “racionalidad política” en los elencos gubernamentales, con la anuencia de vastos sectores sociales de nuestros países, los intentos reformistas y modernizadores tendieron a diluirse una vez logrados ciertos efectos escénicos resaltadores de cambios cosméticos (comúnmente de alto costo) y encubridores de ineficacia, ineficiencia y arbitrariedad.

En los referidos escenarios se insertaron -hace ya una década- las fantasías y las primeras aplicaciones de e-Gob, como panacea para:

a) mejorar la información, la comunicación y la prestación de servicios a través de las TICs y su convergencia (Internet, telefonía fija y móvil, fax, correo postal, radio y TV).

b) proveer más y mejores prestaciones a los ciudadanos,

c) adicionar productividad, calidad y valor a los servicios,

d) reducir el costo (en dinero, tiempo y ánimo) de tramitaciones del público,

e) resolver trámites, consultas, reclamos y sugerencias “en línea”,

f) aumentar la transparencia de la gestión pública,

g) aumentar la participación ciudadana, y

h) aumentar la calidad y reducir el costo de las transacciones dentro del Estado.

La evidencia empírica, en varios de nuestros países, permite inferir que las iniciativas de e-Gob tampoco habrían afectado la inercia administrativa, manteniéndose incólumes –tras nuevos efectos escénicos- amplios espacios de ineficiencia, opacidad y arbitrariedad.


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