3. SITUACIÓN EN LA REGIÓN

En Sur América, también se pueden encontrar varios precedentes, no obstante, para las finalidades de nuestro análisis, interesa comentar el caso específico de los países integrantes del MERCOSUR y de los países integrantes de la Comunidad Andina.

3.1. Análisis de los países del MERCOSUR

La Constitución Argentina, reformada en 1994, en su Artículo 75, inciso 24, entre las atribuciones asignadas al Congreso, contempla “ Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presente de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

La Constitución del Brasil, reformada en 1988, en su Artículo 4, expresa: “La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones”.

La Constitución del Paraguay, reformada en 1992, en su Artículo 145 expresa: “La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural”.

La Constitución del Uruguay, reformada en 1967 – la más antigua de las cuatro - en su Artículo 6 expresa: que “ La República propiciará la integración social y económica de los Estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas”

Como se observa, en el ámbito del MERCOSUR, surge una situación despareja en el alcance constitucional en esta materia, siendo factible efectuar una clasificación en dos grupos. El primero integrado por Argentina y Paraguay, cuyas leyes fundamentales reformadas son más recientes, y el segundo integrado por Brasil y Uruguay.

Las Constituciones de Argentina y Paraguay, reconocen las disposiciones que emanen de entidades supranacionales creadas por tratados de integración a las que se les delegue competencias, sujetas a ciertos requisitos principistas. En la Argentina a la reciprocidad, igualdad y el respeto a los derechos humanos y, en Paraguay, a las condiciones de igualdad, garantías de respeto de los derechos humanos, la paz, la justicia, la cooperación y el desarrollo en los campos político, económico, social y cultural.

En el caso de Brasil y Uruguay, con constituciones más antiguas, las únicas expresiones constitucionales son escuetas declaraciones de respaldo y promoción a la integración latinoamericana. En ninguna de ellas se consignan disposiciones relativas a la primacía de los tratados ni a la delegación de competencias a órganos comunitarios a través de tratados de integración. Es más, en el caso del Brasil, por vía jurisprudencial, es uniforme la interpretación que otorga a los tratados internacionales la jerarquía similar a las leyes federales, sujetándolos, por tanto, al control de constitucionalidad.

Esta desarmonía constitucional en el caso de los países del MERCOSUR, según algunos analistas, constituye uno de los escollos más importantes en la profundización del proceso de integración.