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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS HABITACIONALES SIN COMPONENTES SOCIALES. EL ANÁLISIS DE UN CASO TESTIGO

Walter Fernando Brites




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3.4. Soluciones parciales otorgadas y nuevas demandas. Hacia el desarrollo incremental de las políticas

Con el correr del tiempo, pese a las soluciones “otorgadas”, en la medida en el conjunto de la población se incrementaba en los barrios, acumulativa y gradualmente las carencias urbanas comenzaban a manifestarse nuevamente (como si fuese un proceso cíclico), paralelamente los reclamos de los vecinos no tardaron en hacerse escuchar. La falta de escuelas, servicios regular de transporte urbano de pasajeros, la falta de agua potable, y el pedido de construcción de un hospital propio fueron demandas que desataron situaciones conflictivas.

La dotación de estos servicios en un primer momento, se vio trabada debido a que no se pudo establecer una correspondencia entre los recursos gubernamentales y las necesidades de los vecinos. El tipo de demandas no entro dentro de “aquellas cuestiones” oficialmente permitidas por el gobierno y, en ese sentido no fueron escuchadas ni atendidas. Las respuestas de los organismos públicos, entre otras cosas han consistido, en prometer futuras soluciones, en función de la disponibilidad presupuestaria y de negociación con la empresa de agua y transporte; promesas que por el momento no hacían más que privar a la población del acceso a servicios urbanos esenciales .

En general, el conjunto de estas postergadas demandas no eran de fácil solución, ya que implicaban un amplio proceso de negociación conflictiva con organismos que estarían directamente involucrado con el gobierno o supuestamente regulados por la burocracia municipal. La línea de colectivo que presta servicio en el complejo habitacional no cumplía con el horario estipulado por el municipio, a lo que se agrega, como problemático lo distanciado de los barrios de Itaembé Miní de otras zonas urbanizadas de la ciudad. Zonas hacia la que se desplazan diariamente sus habitantes para trabajar. Los centros de salud atendían a la población en horarios restringidos consignados en pocos días durante la semana, además dichos centros carecían de medicamentos e insumos, no brindando una atención de mayor complejidad. A este problema se suma la gran distancia que separa al nuevo lugar de residencia vecinal del hospital de la ciudad y, de la falta de dinero para viajar en colectivo.

En el caso del agua potable, la población sufre diariamente cortes regulares del servicio, o cuando disponen del mismo viene sin presión llegando a pocos sectores del asentamiento. Problema que se ha agudizado debido a la instalación masiva en los barrios de medidores de agua, debiendo las familias abonar mensualmente costosas tarifas (que en muchos casos no están en condiciones de afrontarlas) por un servicio deficiente e inexistente. Por otro lado, a la lista tradicional de demandas puntuales se fueron sumando propuestas cada vez más abarcadoras de solución de los problemas del complejo habitacional. Así recientemente se ha conformado la comisión Pro-Hospital para gestionar la construcción de un centro asistencial con mayores servicios, guardia permanente e internación en la zona.

En la actualidad el reclamo por un mejor sistema de cobertura médica, constituye el foco de interés y movilización de la mayoría de la población. Los cinco periféricos localizados en los diferentes barrios que comprende Itaembé Miní prestan atención deficitaria, debido a que en estos sólo se pueden realizar consultas médicas con un cupo diario, además no están dotados para realizar intervenciones quirúrgicas o partos. A partir de estos problemas, los vecinos argumentan que policía de la comisaría del barrio (seccional Novena) realiza al menos 12 traslados semanales al Hospital Madariaga, tanto de parturientas como de niños enfermos, que no pueden ser atendidos en la zona.

La comisión Pro-Hospital, conformada por representantes de organizaciones barriales y numerosos vecinos han venido manteniendo sucesivos reclamos ante funcionarios del Ministerio de Salud Pública y hasta eventualmente con el mismo ministro del área, para lograr la construcción del hospital en la zona. Pese a las insistentes demandas, la respuesta del ministro ha sido el anuncio de la habilitación de un centro de salud de mayor complejidad: un maxi-periférico . “no se pude tener un hospital en cada barrio. El objetivo es trabajar con los centros de salud y con los promotores”. (Respuesta del ministro de salud a los vecinos).

A pesar de algunos logros anunciados como la construcción de un centro de salud en el barrio, con cinco consultorios, un laboratorio, sector para internación y atención odontológica y, que funcionará de 6 a 18 Hs. La negativa a la construcción del hospital ha implicado gran descontento entre los vecinos, al punto que en el marco de una asamblea efectuada por la comisión Pro-Hospital se ha decidido continuar con los reclamos para la construcción del nosocomio propio:

“El ministro no nos dejo conforme y con los anuncios no cubrió nuestras expectativas”...“Seguiremos luchando por la construcción de un hospital porque un centro de salud no cubrirá las demandas que existen en el sector” (representante de la Comisión Pro-hospital). “El problema acá es grave, primero porque es una zona bastante marginal y donde hay gente de extrema pobreza, lo que hace muy difícil el traslado de los enfermos al hospital”.”Acá en la zona hay cinco periféricos que atiende casi exclusivamente de mañana y después no hay nada, por eso intentaremos por todos los canales la construcción de un hospital. (Notas de campo).

Pese a soluciones parciales obtenidas en materia sanitaria, paulatinamente en la medida en que nuevas familias comenzaron a habitar el complejo habitacional otras problemáticas empezaron a manifestarse en el plano barrial, los servicios existentes se tornaron deficitarios: la falta de espacios colectivos como plazas, espacios recreativos, deportivos, el arreglo de caminos, alumbrado público, evacuación de aguas servidas, equipamiento comunitario, recolección de residuos etc., conformaron otro conjunto de necesidades colectivas que empezaron a ser demandadas.

Este proceso de profundización y multiplicación de las carencias urbanas implican a su vez nuevas y complejas soluciones de las que se tiene que hacer cargo prioritariamente el municipio en tanto proveedor de servicios urbanos, generando nuevos desafíos a la administración gubernamental . En tanto el Iprodha, principal responsable del proyecto Itaembé Miní continuó limitándose únicamente a la construcción de nuevos conjuntos habitacionales, más allá de la ejecución de puntuales obras de infraestructura.

En Itaembé Miní, en reiteradas oportunidades frente a la inacción del gobierno municipal, en su papel de regulador y de gestor de servicios, los vecinos auto-organizados por medio de asambleas vecinales e inter-barriales han decidido efectuar sus demandas y negociaciones de cara a las empresas prestadoras de servicios u otras dependencias del Estado. En el caso del agua potable se realizaron demandas a la empresa de Samsa, (Servicio de Agua Misiones Sociedad Anónima) en reclamo del mejoramiento y abaratamiento del servicio, así como la reconexión a la red de agua de aquellos vecinos a los que la empresa cortó el suministro por falta de pago. Sin embargo, frente a su negativa, la estrategia vecinal ha sido la entrega de petitorios y recursos de amparo generalizados al Eprac (Ente Provincial Regulador de Agua Potable y Cloacas). Luego de varias reuniones de largas disputas y, sin acuerdo entre funcionarios, representantes de la empresa y vecinos, finalmente el corte de ruta frente al acceso del complejo habitacional en demanda de soluciones fue determinante. Los vecinos además del mejoramiento del servicio lograron ser beneficiados con un subsidio de consumo de agua hasta 9.000 litros mensuales por vivienda.

Desde las primeras oleadas de población relocalizada en Itaembé Miní la falta de escuelas ha sido otro problema frecuente. Durante los primeros tiempos en que se construyo el complejo habitacional no se previo la construcción de escuelas que pudiesen prestar servicios a nuevos residentes. La lejanía al centro de la ciudad y la falta de dinero para el trasporte implicó que muchas familias inscribieran a sus hijos en una pequeña escuela existente en la zona y, en la cual asistían niños provenientes de familias localizadas en zonas aledañas al complejo. No obstante la falta de vacantes emergió de inmediato. La principal dificultad que presentó la escuela del barrio se debe a que la adjudicación masiva saturó la capacidad de matriculación del establecimiento, de modo que la misma se fue tornando demasiada pequeña como para que puedan concurrir a estudiar todos los niños del barrio.

Los problemas y las demandas vecinales se hicieron sentir durante meses, a pesar de que las autoridades decidieron reorganizar la escuela y reajustar los horarios incorporando otro turno. Ello implicó la reducción de la jornada escolar de 5 horas a turnos de 3 horas, generando así un turno intermedio que de hecho posibilitaría el ingreso de más niños al establecimiento. Sin embargo, tal reacomodo de horarios no brindo una solución ni siquiera coyuntural al problema, ya que existió un generalizado abandono y deserción escolar durante los primeros tiempos, proceso que fue acompañado y agudizado de la mano de la radicación masiva de nuevas familias en Itaembé Miní.

Luego de varios años de demandas y movilizaciones generalizadas de vecinos, niños y docentes (que inclusive protagonizaron sucesivas protestas y cortes de rutas) y, sumado al incremento de familias con niños y jóvenes en edad escolar que comenzaron a residir en la zona, el gobierno ha decidido a mediados del año 1999 construir una “gran escuela” que tendría la suficiente capacidad como para que todos los niños del asentamiento puedan concurrir allí a estudiar . La anunciada escuela Nro. 806 tendría una superficie total de 3.800 metros cuadrados y albergaría una matrícula de 2.500 alumnos en los ciclos que contempla el sistema educativo EGB y el Polimodal.

Estos acontecimientos señalan que algunas políticas implementadas, se desarrollaron a posteriori para actuar sobre problemas ya gestados y materializados y, no como intervenciones preventivamente planificadas. Es decir se implementaron nuevas políticas en función de la construcción de la demanda, o de la definición de la cuestión de la propia población. Como concretamente ha manifestado el titular del Iprodha:

“Las obras que se están realizando a veces generan otras demandas, el Iprodha sabe todas las cosas que quedaron por hacer porque se trabajo en base a un proyecto general, el problema fue la falta de recursos, por eso se ejecutan las obras a medida que se manifiestan las necesidades” (declaración realizada por el presidente del Iprodha al diario el territorio, 28 de mayo de 1999).

Otro caso problemático, constituyó las deficiencias del servicio transporte urbano de pasajeros, los vecinos habían realizado durante años sucesivas demandas y reclamos (con cierto altibajo en términos de logros) al municipio y a la empresa Don Casimiro por el mejoramiento y regularización del servicio sin obtener soluciones concretas. No obstante, la recolección de firmas para gestionar la incorporación de otra empresa de colectivo que prestara servicio en el asentamiento ha implicado en buena medida el mejoramiento de las frecuencias y recorridos con el que actualmente cuenta el barrio (se han incorporado más ramales y unidades de trasportes). Sin embargo, a pesar de que algunas necesidades se solucionaban, (al menos momentáneamente) otras nuevas afloraban, en un contexto en que el complejo habitacional día a día adquiría grandes dimensiones con la entrega de nuevas viviendas y la llegada de más pobladores. Las problemáticas se multiplicaban y las soluciones se realizaban a medias o se postergaban.

En este sentido, en el marco de un panorama poco alentador para la “solución definitiva” de las postergadas demandas, sumada al incremento y agudización de nuevos problemas barriales y, la falta de respuestas de las autoridades gubernamentales, comenzaron gestarse prácticas y movimientos organizativos de carácter inéditos que, han desembocado en una pluralidad de acciones: reuniones, auto-organización en asambleas vecinales, firmas de petitorios, instalación de carpas, etc., abriendo así un amplio procesos participativo de base, tendientes a buscar alternativas de solución . Cuando las demandas fueron cuestiones de urgencias como la falta de agua potable, las barricadas, piquetes y continuos cortes en la ruta Nro. 12 (frente del acceso al complejo habitacional) aparecieron como movimientos que trataron de replantear nuevas formas de luchas y de organización cuando las tradicionales se han paralizado o fracasado como forma de reivindicar e introducir sus demandas en la agenda gubernamental. En este sentido, la dotación (al menos parcial) en los barrios de cada uno de los servicios demandados, ha significado en muchos casos movilización y lucha.

“Cuando no nos dan importancia a lo que pedimos o necesitamos a veces tenemos que hacer algo que llame la atención, por eso como de forma extrema cortamos la ruta 12 frente al Baliña (Hospital Psiquiátrico) eso parece que preocupa porque viene la policía y la prensa y se difunde lo que pedimos, para que nos escuchen. Cortando la ruta hemos conseguido muchos logros para el barrio: agua potable, escuelas medicamentos y atención... A veces hasta vienen los políticos para dar la cara o al menos prometer” (Notas de campo).

Sin embargo, en muchas ocasiones, desde la perspectiva del conflicto, las acciones e intervenciones que se plantearon desde las organizaciones gubernamentales no constituyeron en esencia un conjunto de respuestas orientadas a solucionar de fondo (y de una vez por todas) los problemas barriales, sino precisamente un método para controlar lo que parecía ser una amenaza para la sustentabilidad de los programas propuestos, en términos de continuidad del paquete de políticas de viviendas implementadas. De allí que las soluciones otorgadas se han dado no solo acumulativamente, sino parcialmente. Así en el marco de los conflictos emergentes la respuesta (por lo general) es siempre conservadora y defensiva. Es decir se implementaron intervenciones que contribuyeron a disminuir el antagonismo, ante un colectivo barrial cada vez más organizado y unificado.

La identidad y el comportamiento colectivo en los barrios consolidados en el complejo habitacional, se definen en términos de “organización”, ya que la gestión reivindicativa-demandante es canalizada por medio de las asociaciones de vecinos. En este sentido es importante señalar, las características del comportamiento colectivo que asumieron los vecinos en tanto luchas reivindicativas por el mejoramiento de la dotación o incorporación de los servicios colectivos. Estos movimientos reivindicativos se produjeron en forma predominante en la fase de consolidación de los barrios y, una vez logrado el objetivo de su constitución se convirtieron en prácticas colectivas recurrentes.

“Acá los vecinos del barrio nos conocemos todos, pero con lo de otros barrios casi no nos conocíamos tanto. Después que participamos en las reuniones por el tema del agua, la escuela y los todo los reclamos que hacíamos frente al Baliña (cortes de rutas) ya no empezamos a dar más. Ahora nos estamos juntando todos para conseguir el hospital para el barrio aunque de reuniones en reunión todavía no conseguimos nada” (Notas de campo).

No obstante, más allá de los intentos frustrados de solución a sus demandas, hay resultados muy importantes que no hemos señalado: unificación del barrio (o del colectivo en cuestión) concientización de sus habitantes, fortalecimientos de las asociaciones de vecinos, resultados reales aunque los objetivos de las demandas eventualmente no se hayan conseguido. Las organizaciones de vecinos Pro- hospital, por ejemplo, surgen como forma posible para cumplir aquel cometido, a saber: “la cohesión del colectivo y su práctica reivindicativa”. Como señalan muchos autores (Fernández, 1996; Ramos, 1988) “la estructuración de las organizaciones populares autónomas tienen dos momentos importantes: las luchas reivindicativas (demandas al Estado de los servicios básicos) y la organización permanente que traspasa lo reivindicativo y busca elementos de reflexión y problematización de su realidad”. En otras palabras, la organización posibilita la construcción colectiva de la demanda a través de la estructuración de espacios locales deliberativos.

En el fondo el conjunto de las experiencias organizativas y luchas reivindicativas desatadas en el complejo habitacional, más allá de plantear serios cuestionamientos y demandas a la falta de servicios urbanos básicos, posibilitó develar los procesos de incidencias en las políticas que el conjunto de la población organizada ha desarrollado activamente. De acuerdo a varios autores (Bombal; 2000; Garay; 2000) la propuesta de incidencia en las políticas supone una interpretación procesual de las políticas sociales, en la que se considera a cada programa/política como un proceso compuesto por diferentes etapas o fases que esta atraviesa; y que comprenden desde la construcción de un problema público, su incorporación en la agenda gubernamental, el diseño de la política, su implementación y la evaluación del conjunto de acciones llevadas adelante.

En el caso de Itaembé Miní el proceso de incidencia en las políticas (sea redefiniendo o proponiendo nuevas políticas en términos de soluciones a problemas), ha implicado la construcción de estrategias y mecanismos organizativos perfilados hacia tales fines. El reclamo por ejemplo, de agua potable, más seguridad, construcción de centros de salud, equipamiento comunitario etc., ha desatado en muchas ocasiones procesos de congregación barrial a través de asambleas y reuniones con el objeto de evaluar la situación y buscar soluciones por medio de reivindicaciones y demandas de cara a las autoridades gubernamentales. En general, las estrategias de canalización de las demandas llevadas adelante por las organizaciones socio-comunitarias se traducen en repertorios de acciones cuyo desarrollo presenta vinculación con las prácticas de acción vigentes en un área específica de las políticas (salud, educación, saneamiento ambiental, etc.); y con las fases de los programas sobre los que se actúa . El conjunto de demandas y reivindicaciones, así como las estrategias de negociaciones desarrolladas por las organizaciones socio-comunitarias variaron de un momento a otro, conforme avanzó la ejecución del proyecto Itaembé Miní (construcción y asignación de más viviendas) y, en función de la naturaleza de las políticas en disputas.

Las situaciones analizadas, señalan que el conjunto de demandas efectuadas, más allá de reproducir políticas de corte asistencialista y, mecanismo de reproducción de la tradicional forma de relación entre el Estado y los sectores populares, ha generado estrategias organizativas inéditas cuya función fue dotar de servicios urbanos y mejorar la calidad del vida de los pobladores. Desde las organizaciones barriales se gestaron no sólo movimientos organizativos, sino prácticas y luchas reivindicativas orientadas a intentar captar las agencias más sensibles a las presiones, empresas prestadoras de servicios, dependencias del Estado, gobierno municipal, funcionarios, etc.

En este sentido la capacidad de incidir en los circuitos decisionales de las políticas, estuvo relacionada con la capacidad de crear espacios participativos y movimientos organizativos en el que articuladamente se relacionaron vecinos y dirigentes representativos con el objetivo de lograr su intervención en la producción y redefinición de nuevos programas. En este juego de presiones y discusiones las políticas, una vez más, estuvieron insertas en una arena de conflicto, en el que la salida siempre fue la negociación y por ende la corrección y modificación de los programas propuestos e implementados para derivar en políticas socio-habitacionales que pretender ser más sustentables al incorporar la dimensión del habitar.


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