BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA TEORÍA Y ESTRATEGIA DE LA TRANSICIÓN SOCIALISTA LATINOAMERICANA Y MUNDIAL

Antonio Romero Reyes



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Breve recuento del conflicto.

En mayo-agosto 2008 la protesta indígena concentró sus fuerzas contra los decretos legislativos (DL) 1015 y 1073 los cuales, sin embargo, hacían parte de todo un paquete legislativo de más de 100 decretos producidos por el gobierno, abusando de las facultades que generosamente le fueron concedidas por el Congreso, y preanunciados en los famosos artículos del “perro del hortelano” del presidente García. La carta bajo la manga consistía en trastocar todo el ordenamiento jurídico del país, especialmente en materia económica y social, para “adecuarlo” al TLC suscrito con los EEUU.

En el 2009 el conflicto fue aguzado por la dación del DL 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sin haber sido consultado con los afectados, tal como lo recomienda el articulado del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Estado peruano el 5 de diciembre de 1993. A fines de abril 2009 se llegó a una situación de tensión con la toma pacífica de dos estaciones de distribución de Petroperú, en Loreto y Amazonas; acción que un mes después fue completada con el bloqueo de varios tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry, y la toma del puente Corral Quemado que da ingreso a la ciudad de Bagua Chica. El clímax lo vino a constituir la materialización de la “crónica de una masacre anunciada”, en la madrugada (5 am) del 5 de junio (Día Internacional del Medio Ambiente), y la consagración de Alan García como un presidente genocida, por la matanza ocurrida en su primer gobierno de senderistas y otros presos en los penales (19 de junio 1986); y por la reciente matanza de nativos e indígenas awajun, wampis, aguarunas, huambisas y pobladores amazónicos (5 de junio 2009).

Previamente a esa fecha, el 9 de mayo, el gobierno de García decretó el “Estado de Emergencia” por 60 días en distritos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas. El clima ideológico de los días previos al 5 de junio, mediante declaraciones del mismo presidente García, de sus partidarios más adeptos y algunos de sus ministros, ya insinuaba que habría represión; actitud oficial que fue camuflada con el manido argumento de “restablecer el orden”, exigencia que era agitada asimismo por los diarios adictos a la sacrosanta economía de mercado y la propiedad privada.

El escenario de violencia de hace pocos días ocurrió -en simultáneo- en tres ciudades de dos regiones amazónicas: Jaén (Cajamarca), Bagua Grande y Bagua Chica (Amazonas). El mayor número de caídos en ambos lados se habría producido en la provincia de Bagua, teniendo como lugar de inicio la zona conocida como “Curva del Diablo”, en uno de los tramos de la carretera Fernando Belaunde. [10]

El arte y baile del “hueveo”.

El mismo fin distractivo de la verdadera respuesta que iba a dar el régimen lo cumplieron las reuniones de la “mesa de diálogo” y las sesiones plenarias del Congreso.

El 19 de mayo la Comisión de Constitución del Congreso había aprobado por mayoría (apenas 1 voto de diferencia a favor) declarar mediante un dictamen la inconstitucionalidad del DL 1090. Sin embargo, dos días después, la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva impidieron, mediante argucias reglamentarias, que el pedido de derogatoria de dicho DL ingresara a la agenda legislativa del pleno del Congreso, en la sesión del 21 de mayo, postergando su discusión hasta la siguiente semana. En el pleno del 28 de mayo una intervención del congresista nacionalista Werner Cabrera fue interpretada como “ofensiva” y aprovechada por la mayoría gobiernista (APRA-Fujimoristas-Unidad Nacional) para levantar la sesión, postergando así la votación de la derogatoria del DL 1090. El 4 de junio (1 día antes de la ofensiva policial en Bagua) una nueva maniobra (otro “peloteo”) bajo la figura de “cuestión previa”, interpuesta por el congresista oficialista Mulder, propuso suspender el debate hasta conocer el informe de la Comisión Multisectorial, formada por el Ejecutivo para “pelotear” a Pizango y la AIDESEP de un lado a otro, como parte del alargue de tiempo mientras se preparaba y consumaba la respuesta armada del régimen. La “cuestión previa” se sometió rápidamente a votación, sin esperar la presencia de todos los integrantes del Partido Nacionalista (había solamente 8 de un total de 33), consumando de este modo otra dilación que -a la luz de los acontecimientos- estaba perfectamente coordinada con los preparativos de la represión, la campaña de desinformación sobre los caídos, el ocultamiento/ desaparición de cadáveres y la satanización-persecución-enjuiciamiento contra Pizango.

El Perú es un Estado desterritorializado y transnacionalizado.

El verdadero fondo de la cuestión consiste en que a través del Paro Amazónico los indígenas y sus aliados se enfrentan a la transnacionalización del Estado peruano, que como proceso histórico viene ocurriendo desde la década de los 90, el cual comenzó con la oleada de privatizaciones y venta de empresas públicas, continuó con la “flexibilización” del mercado laboral y la “desregulación” generalizada de los principales mercados (servicios financieros, servicios públicos, comercio exterior); todo ello en los 90. En la primera década del s. XXI se ingresa a un contexto donde destacan la economía estabilizada mediante el control (monetario) de la inflación y la “puesta en orden” de las finanzas públicas; el sometimiento de toda forma de protesta y resistencia de los trabajadores a la racionalidad tecnocrática del manejo económico “responsable”; el establecimiento de un consenso social y político que se apoya fuertemente en los postulados neoliberales, consenso neoliberal materializado en las orientaciones generales del Acuerdo Nacional. Bajo este contexto interno, el proceso de transnacionalización económica ha venido operando mediante grandes inversiones en sectores extractivos, afectando a poblaciones y territorios extensos cuyos recursos son incorporados a los circuitos internacionales de acumulación de esas inversiones, y experimentando los territorios afectados un proceso de desterritorialización en el sentido de su desarticulación o desacoplamiento de los procesos locales de desarrollo, proceso que es deliberadamente reforzado, además, por la débil presencia estatal. En no pocas áreas extractivas y territorios colindantes, el verdadero poder local es la empresa minera, petrolera o de otra índole (hidroeléctrica, de servicio público, etc.).

Todo aquello es justificado con el argumento fantasioso de que esas inversiones generarán empleo y progreso “a todos los peruanos y peruanas”. Fantasioso porque su fundamento es la teoría -igualmente fantasiosa- de los mecanismos automáticos del mercado abstracto.

Los decretos legislativos emitidos tras los artículos denigrantes del “perro del hortelano” están inscritos en esa línea directriz -la transnacionalización de espacios y territorios- que constituye la orientación última, el fin supremo de las aspiraciones delirantes del presidente García que desea fervientemente, a toda costa y a cualquier costo, pasar a la inmortalidad como premio a su servilismo y obsecuencia con los intereses de los grandes capitalistas internacionales y sus aliados incondicionales (los potentados criollos). En la coyuntura actual el problema -no los delirios de García sino el otro- adopta el siguiente interrogante: ¿puede la derogatoria de los decretos legislativos, impugnados por los indígenas, eliminar la amenaza que se cierne sobre tierras, ecosistemas, otros recursos naturales, bosques y biodiversidad, existentes todavía en sus territorios?

Sostenemos que la eventual derogatoria, anulación o reformulación legislativa de esos decretos por el Congreso y aun “en diálogo” con las poblaciones afectadas, en el mejor de los casos, postergaría por un tiempo el conflicto de los indígenas con el Estado peruano, detrás del cual se escudan las transnacionales, pero no elimina el problema: el imperialismo por desposesión de las grandes empresas y corporaciones, cuyo poder de apropiación y desposesión está amparado, reforzado y legitimado por acuerdos de “libre comercio”.

Mientras el capitalismo salvaje los aceche cual animal depredador sobre su presa, los indígenas, etnias y comunidades verán que sus territorios y recursos -del suelo y subsuelo- siempre estarán bajo la presión y amenaza del capital y su infinita sed de ganancias, que pretende volatilizar dichos territorios y recursos en mercancías para el mercado mundial. Lo demuestra el hecho que la amazonía peruana ha sido convertida en un inmenso “mapa petrolero” y de otras concesiones (ver imagen), donde el 68% de la extensión de bosques amazónicos “ya está lotizada” y 4 millones de has están “en proceso de venta” para la producción de biocombustible (Rumrrill 2009).

La lucha de fondo es contra un patrón de acumulación mundializado y el patrón global de poder, colonial y eurocéntrico, que lo acompaña. Es una lucha al mismo tiempo civilizatoria, ya que está también amenazado un modo de vida que ha permitido la convivencia pacífica con la naturaleza, su conservación y manejo realmente sustentables, lo cual ha alimentado un acervo de conocimientos invalorables que el capital se los pretende igualmente arrancar.

En el plano interno, desde que empezó la protesta y movilización indígenas contra los decretos legislativos, atentatorios de sus condiciones y modos de vida, Pizango y los demás dirigentes de AIDESEP debieron saber que no enfrentaban solamente a un régimen “entreguista” y a un político como García, quien en el pasado fue capaz de decisiones abominables (ordenó la matanza de los rendidos en los penales). Debieron también tener en cuenta que el Estado peruano está organizado en torno al poder colonialista y despótico de sus elites, expoliador de riquezas en lo económico y segregador de etnias, razas, género o condición social. Ese mismo poder -desde la colonia- siempre ejerció su dominación con brutalidad y barbarie sobre los reclamos de justicia de “los de abajo”, y más aun si, agotada la vía pacífica sin obtener nada, esos reclamos daban lugar a manifestaciones de rebeldía o de insurgencia popular. Los ejemplos en la historia del Perú abundan y están llenos de tragedia.


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