CAPÍTULO II. LA REFORMA FISCAL EN MÉXICO

La nueva política económica es parte fundamental de la discusión sobre la reforma democrática del Estado. La reforma fiscal integral es esencial para el apoyo a la infraestructura productiva. Un manejo adecuado de la política económica debe permitir el crecimiento sostenido del producto interno bruto (PIB) y la redistribución de la riqueza nacional como eje estratégico del combate a la pobreza, para fortalecer el federalismo y la democracia, instrumentar una adecuada fiscalización de los recursos públicos, avanzar hasta las últimas consecuencias en el combate a la corrupción, y eliminar el uso discrecional de los recursos públicos. En consecuencia, la política económica y la política fiscal no deben limitarse a la simple recaudación de impuestos; debe ser, ante todo, promotora del desarrollo económico y social.

La reforma fiscal se ha considerado como una prioridad de país, por la cual se ha hecho poco, o en la que se han tomado medias aisladas, es decir, no de fondo, para progresar en una reforma integral que conjugue las necesidades del país y las fuentes de los ingresos públicos. El fortalecimiento de los ingresos tributarios se ha privilegiado con deuda pública y recursos petroleros, propiciando con ello pérdida de tiempo y de oportunidades, a pesar de que los presidentes de México en esas décadas pasadas tenían mayoría aplastante en el poder legislativo para aprobar iniciativas importantes en materia fiscal.

Pero, ¿qué es la reforma fiscal? Son los cambios económicos que necesita el país en materia de ingresos públicos, para ser estos aplicados en beneficio de los ciudadanos como gasto social y desarrollo del país.

La política fiscal sigue siendo el tema, porque todos sabemos que la verdadera reforma fiscal integral está pendiente, y ésta tiene que realizarse. O hacemos la reforma, o muy pronto nos encontraremos con un país sin salidas, sin recursos, sin estabilidad económica, ni política.

Todos estamos de acuerdo en que debemos de realizar una verdadera reforma fiscal integral, que nos permita dejar atrás la incertidumbre de lo que ocurrirá de no ser adoptado un nuevo modelo de política fiscal.

En estos últimos años hemos escuchado que ya se tiene la reforma fiscal que se presentará ante la Cámara de Diputados en turno para su análisis y discusión. Después de los debates y heroicas posiciones, finalmente se aprueba una miscelánea fiscal que no tenía otro objetivo, sino el de obtener los recursos indispensables para el próximo ejercicio fiscal.

Partiendo del supuesto de que cuando pretendemos corregir y resolver determinada problemática, ya sea de una empresa, de una institución, o, incluso, personal, se debe partir de un estudio para tener la claridad de qué se debe hacer y poder alcanzar el objetivo que se persigue. Hasta el momento, podría sugerirse que la actual política fiscal es insuficiente, inequitativa y desalienta la inversión. Sobarzo (2003).

Un diagnóstico general de una reforma fiscal partiría, por lo menos, del reconocimiento de las siguientes debilidades de nuestro sistema tributario: Contamos con una reducida base de contribuyentes activos; debilidad de los instrumentos de recaudación hacendaria; complejidad en los procesos de pago; excesivo centralismo fiscal; alto costo de los procesos de recaudación; inseguridad jurídica para el contribuyente; excesiva dependencia de los ingresos fiscales del petróleo y sus productos; desigualdad en el trato fiscal, que se reduce a la inequidad; incapacidad para ampliar la base de contribuyentes y, finalmente, podríamos agregar la falta de incentivos fiscales que promuevan la creación de empleos, la reinversión, la actualización tecnológica, la nueva inversión productiva y la inversión en investigación. Kalifa, Pérez, Tijerina (2000).

Durante mucho tiempo el gobierno, en su propósito de evitar al máximo las posibilidades de evasión, ha ido incorporando año tras año trámites, requisitos, procedimientos, medidas y continuos agregados en las diversas disposiciones fiscales, lo que ha propiciado que se pierda el rumbo, hasta parecer, más que un sistema de recaudación, un conjunto de obstáculos que dificultan la obligación contribuir.

La reforma fiscal se tiene que ver como una visión moderna y de largo plazo, que envíe a nacionales y a extranjeros un claro mensaje de estabilidad y de seguridad jurídica. No podemos, no debemos, seguir enmendando la política fiscal, sino crearla desde su origen. Ya hemos probado con demasiados cambios parciales o misceláneas anuales.

México debe comenzar desde el principio; tomar en cuenta que existe gran experiencia acumulada y que se requiere la participación, tanto de contribuyentes, como de especialistas en la materia, para que aporten sus conocimientos y podamos contar con una política fiscal no solamente recaudatoria, sino que ésta también propicie la inversión.

Por otro lado, una reforma fiscal que implique e inspire: simplificación integral; confianza en el contribuyente, de equidad, de incentivar la actividad económica; de dar seguridad jurídica al contribuyente, y de considerar la competitividad tan necesaria hoy en día por el entorno internacional, sería la base fundamental para la creación de una política fiscal acorde a las necesidades del país.

Aunque teóricamente se han establecido las características que debe reunir un buen sistema tributario, la estructura tributaria en México está alejada de los principios de equidad, neutralidad, justicia, eficiencia, mínimos costos administrativos y facilidad para ejecutar la política fiscal. La violación de estos principios básicos de la tributación ha llevado al sistema tributario mexicano a problemas estructurales casi endémicos que se han reflejado en incrementos sustantivos de la evasión fiscal.

El principio de proporcionalidad y equidad con que deben cumplirse las leyes fiscales conforme a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política Mexicana, no deben confundirse, pues tiene naturalezas diversas, ya que el primer requisito significa que las contribuciones deben estar en proporción con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, mientras que la equidad consiste en que estos reciban un trato igual, lo que se traduce en que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

La neutralidad es un principio impositivo básico inspirador de las reformas fiscales. Un impuesto neutral es aquel que no altera el comportamiento de los agentes económicos, es decir, de los contribuyentes.

En el campo empresarial se exigiría que las decisiones sobre las fuentes de financiación, el nivel y la composición de la inversión, el lugar de localización, la combinación de factores, la forma jurídica o el tamaño de la empresa no estuviesen afectadas por factores fiscales.

El concepto de neutralidad en la elección de la forma jurídica y la dimensión empresarial, según el cual la forma jurídica o la dimensión de una empresa, no debería estar condicionado por razones fiscales.

En el año 2002 la Cámara de Diputados discutió y aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; quedó claro que la actual estructura y las partidas de ingresos tributarios eran insuficientes para cubrir las necesidades de gasto público que requiere nuestro país, y precisamente esta insuficiencia de ingresos públicos es una asignatura pendiente en la agenda económica del país.

A finales de la década de los 70, el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena (secretario de Hacienda con Adolfo López Mateos de 1958-1964 y con Gustavo Díaz Ordaz de 1964-1970, 12 años), actor principal del “desarrollo estabilizador” lo definió de la siguiente manera:

“El esquema de crecimiento que conjuga la creación de un ahorro voluntario creciente y la adecuada asignación de los recursos de inversión con el fin de reforzar los efectos estabilizadores de la expansión económica, en vez de los desestabilizadores que conducen a ciclos recurrentes de inflación-devaluación.”

“Donde se dispone que para encarar las responsabilidades del Estado, se deberá contar con una proporción más alta de los recursos totales de la comunidad.”