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LA NUEVA HACIENDA PÚBLICA DISTRIBUTIVA EN MÉXICO, AÑO 2001, RECHAZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Julio César Rodríguez Valdez




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3.2.4. Cuarta convención nacional hacendaria 2004

Comisión Nacional de Gobernadores. Declaratoria a la nación y acuerdos de los trabajos de la primera convención nacional hacendaria. 17 de agosto de 2004. http://www.conago.org.mx/reuniones/2004-08-17.aspx. (03 de junio de 2009).

Construir una economía dinámica y competitiva, una red social capaz de ofrecer oportunidades a todos los mexicanos, y un estado de derecho efectivo y funcional, requiere de ajustes profundos e innovadores que respondan a las demandas de bienestar de la población, así como del compromiso de los tres órdenes de gobierno, de impulsar, en el ámbito de su competencia, cambios dirigidos a modernizar y a fortalecer integralmente el funcionamiento de sus administraciones públicas; el equilibrio de poderes; la representación siempre sujeta a rendición de cuentas; la distribución de facultades y recursos a los órdenes de gobierno acordes a la vocación y al potencial de cada uno de ellos; la promoción de la equidad y el desarrollo local y regional; la eficacia de la gestión pública, son todos ellos cambios que tienen que darse a través de la reforma del Estado para transformar el sistema federal. En la construcción de este federalismo renovado se impone la necesidad de llevar a cabo una reforma hacendaria que genere una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, que se traduzca en más y mejores servicios para los ciudadanos; una reforma hacendaria que conlleve al fortalecimiento de sus haciendas públicas y a la solidez financiera del país, condición necesaria para impulsar en forma sostenida el crecimiento económico, la inversión y el empleo, así como el desarrollo equilibrado de la nación; una reforma hacendaria que garantice la total transparencia en la ejecución de los recursos aportados por los contribuyentes. http://www.conago.org.mx/reuniones/2004-08-17.aspx. (03 de junio de 2009, p 2)

En este sentido, el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios acuerdan convocar conjuntamente la celebración de la Primera Convención Nacional Hacendaria, que condujera a una reforma hacendaria fundamentada en una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los órdenes de gobierno, orientada a incrementar la recaudación y la autonomía en esta materia.

En razón de ello, el 5 de febrero de 2004, en Juriquilla, Querétaro, se materializó el gran acuerdo nacional para llevar a cabo la Primera Convención Nacional Hacendaria, concebida como una reunión republicana, democrática y participativa, cuya convocatoria fue suscrita por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernadores constitucionales de los estados de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes de las organizaciones que conforman la Conferencia Nacional de Municipios de México; por el H. Congreso de la Unión, los presidentes de cada una de sus cámaras, así como los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de ambas, y el presidente del Consejo Directivo de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales. Ese mismo día se instalaron formalmente las mesas de análisis y propuestas, relativas a los siete temas de la Convención: http://www.conago.org.mx/reuniones/2004-08-17.aspx. (03 de junio de 2009, p 3).

• Gasto público

• Ingresos

• Deuda pública

• Patrimonio público

• Modernización y simplificación de la administración hacendaria

• Colaboración y coordinación intergubernamentales, y

• Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Se advierte que el tamaño de la carga fiscal del país, en relación con el tamaño de su economía, es de las más bajas entre los países de desarrollo similar al nuestro, lo cual limita la atención de las grandes necesidades de la población. Por otra parte, el esquema actual de federalismo fiscal genera que la mayoría de las entidades federativas dependan, para su gasto anual, en más del 90 por ciento de los recursos federales, con un comportamiento semejante en el caso de los municipios.

Otras repercusiones de la estructura tributaria actual han llevado a una dependencia extrema de las finanzas públicas nacionales sobre los recursos petroleros del país, generando que la carga tributaria cobrada a PEMEX sea de tal magnitud, que impacta en la disponibilidad de recursos para su reinversión, el crecimiento propio y el mejor aprovechamiento del recurso naturales. La excesiva dependencia genera un ingrediente de inestabilidad e incertidumbre a las finanzas nacionales derivado de dos elementos: uno, lo poco estable de los mercados de hidrocarburos; y, otro, que se trata de recursos no renovables. A la estructura tributaria nacional le caracteriza también el alto nivel de evasión y elusión fiscal, así como algunos elementos que hacen compleja la administración y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. No obstante que los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios han crecido de manera importante en los últimos cinco años, el diagnóstico arroja que dichos recursos son insuficientes para cumplir sus mandatos constitucionales de gasto. Esta situación se agravará al no tener contribuciones propias de peso recaudatorio relevante, lo que también hace mínima su corresponsabilidad fiscal.

La Convención Nacional Hacendaria surge como un mecanismo privilegiado de diálogo y acuerdo, no sólo entre los poderes ejecutivos federales, estatales y municipales, sino también entre éstos, el H. Congreso de la Unión, los poderes legislativos de los estados y la sociedad civil. La CNH tiene como antecedente tres convenciones fiscales realizadas durante el siglo XX (1925, 1943, 1947). Sin embargo, a diferencia de sus predecesoras, la CNH tiene un objetivo más amplio en tanto que plantea que los tres órdenes de gobierno analicen el ingreso público (tema nodal en las tres convenciones fiscales previas), pero también aspectos vinculados con el gasto, el manejo de la deuda y el patrimonio públicos, los mecanismos tendientes a la modernización y simplificación administrativa de sus haciendas y procedimientos, la coordinación y la colaboración intergubernamentales, así como los mecanismos que refuercen la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones de gobierno. http://www.conago.org.mx/reuniones/2004-08-17.aspx. (03 de junio de 2009, p 11)

La “Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los Trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria”, es un documento extenso; sin embargo, a manera de resumen, se pueden determinar las siguientes propuestas finales.

Gasto público

Reformular la distribución competencial de las principales funciones del gasto público entre ámbitos de gobierno, con el propósito de fortalecer el federalismo hacendario integral e identificar los mecanismos para su financiamiento, mejorando los procesos de asignación de recursos, así como la calidad y la eficiencia de los procesos de su realización, fortaleciendo la equidad, la transparencia y una mejor rendición de cuentas.

Ingresos

Dar solución a los siguientes resultados obtenidos del diagnóstico elaborado: insuficiencia de los ingresos fiscales del país; dependencia excesiva de los derechos de hidrocarburos y sobrecarga fiscal a PEMEX; centralización de la política fiscal; limitación extraconstitucional de las facultades de las entidades federativas; evasión y elusión importantes; y sistema fiscal con elementos innecesariamente complejos y costosos.

Deuda pública

Mejorar el marco legal de la deuda pública, ampliar las fuentes de financiamiento disponibles a estados y municipios, y plantear soluciones definitivas a la problemática de los sistemas de pensiones de los servidores públicos.

Patrimonio público

Proponer estrategias y acciones con el objetivo de:

Optimizar el aprovechamiento del patrimonio público en beneficio de la sociedad mexicana en general; identificar y establecer criterios para el aprovechamiento, uso y disposición del patrimonio público, así como generar criterios técnico- jurídicos que posibiliten la uniformidad en el control patrimonial y el mejoramiento del régimen jurídico del patrimonio público, tanto federal, como estatal y municipal.

Modernización y simplificación de la administración hacendaria

Proponer estrategias y acciones con el objetivo de:

Modernizar y simplificar los sistemas y procesos para administrar los ingresos, el gasto, la deuda y el patrimonio públicos, bajo condiciones de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia.

Colaboración y coordinación intergubernamentales

Proponer estrategias y acciones con el objetivo de:

Construir un nuevo modelo de colaboración y coordinación intergubernamental en el marco del renovado federalismo, que incluya los campos del ingreso, gasto, deuda y patrimonio; que coadyuve a las sinergias en los procesos de presupuesto, operación y ejecución de los programas federales con incidencia en las entidades federativas y municipios; a reducir los costos de transacción en el sistema de la hacienda pública en su conjunto, además de elevar la calidad del ejercicio del gasto público que permita maximizar el impacto económico y social.

Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas

Proponer estrategias y acciones con el objetivo de:

Configurar un Sistema Nacional de Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas. Impulsar la homologación y armonización de la información hacendaria, así como también de los respectivos marcos jurídicos. http://www.conago.org.mx/reuniones/2004-08-17.aspx. (03 de junio de 2009, p 20-27)

Como conclusión de este capitulo, la Nueva Hacienda Pública distributiva, en su exposición de motivos, no contempla el tema del federalismo; debería ser una prioridad de país asignar a los gobiernos locales un incremento del fondo de participaciones, transfiriendo mayores responsabilidades recaudatorias para fortalecer la independencia financiera, además hacer notar que las convenciones nacionales hacendarias de los años 1925, 1933 y 1947, trajeron como consecuencia la creación un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que los estados están en condiciones de firmar convenios con la Federación para comprometerse a limitar sus potestades fiscales a favor de la Federación a cambio de obtener ingresos fiscales de orden federal.


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