- La legitimidad actual de la administración pública

Sistema político y administración pública: Legitimidad y estabilidad: En Ciencia Política hay consenso sobre el hecho de que la estabilidad de los sistemas políticos depende de su legitimidad. Respecto de la Administración Pública cabe hacerse dos preguntas:

• ¿Necesita legitimarse la Administración Pública?

• ¿Qué relación hay entre la legitimidad del sistema político y la de la Administración Pública?

La justificación de la dominación, según Weber: Weber sostiene que quien ejerce la dominación siente la necesidad de auto justificarse, y de que los dominados acepten esa justificación (“legitimación”). Establece la existencia de tres tipos ideales de dominación legítima, cada una con su “cuadro administrativo” dependiente. Al tipo ideal de “dominación legal” le corresponde la “estructura administrativa burocrática”. Este tipo puro permite comprender los alcances de la legitimidad de la administración pública en el Estado liberal.

En este modelo, la administración pública depende del sistema político, y este del orden legal. La necesidad de legitimación de la administración pública es, pues, reducida y dependiente. La separación que la ideología liberal plantea entre política y administración, trae como consecuencia que un sistema político es legítimo si cuenta, entre otras cosas, con una administración pública legítima, en cuanto ajustada al modelo burocrático.

Legitimación del Estado de Bienestar y de su administración. Los fallos del mercado y la intervención del Estado: La explicación weberiana de la legitimidad no resulta suficiente para el Estado de Bienestar, con su actividad ampliada. Hay que recurrir a motivos económicos para justificar su intervención. En general, se acepta que la competencia en el mercado genera eficiencia e innovación. Se reconoce que es un mecanismo muy eficiente para crear riqueza, no así para distribuirla con un mínimo de equidad. Hay casos, pues, que plantean “fallos de mercado”, que justifican la intervención del Estado en la economía. Se trata de casos tales como fallas de la competencia, mercados incompletos, fallas de información, desocupación, inflación desequilibrios de oferta y demanda, bienes públicos, etc. Si no hubiera esos fallos, si el mercado fuera completamente eficiente, el Estado solo debería intervenir para modificar la distribución de la renta, por ejemplo mediante una política fiscal progresiva.

Ante esas fallas del mercado, el Estado generalmente responde mediante regulaciones, difusión de información, macro planificaciones, establecimiento de precios máximos, o gestión directa de bienes o servicios. El Estado, como el mercado, también presenta fallos. Los fallos del mercado legitiman las intervenciones económicas del Estado y le dan un encuadre ético.

Las relaciones entre Ética y Administración Pública son siempre problemáticas, a causa del conflicto siempre latente entre el interés privado y el bien público. Clarificar la situación ética de la Administración Pública y de los funcionarios no impide el buen funcionamiento de la organización. Por el contrario, ayuda a evitar los daños que producen muchas patologías habituales en este ámbito.

Los fines de la Administración Pública: Todo el proceso administrativo está dirigido hacia una misma finalidad: el bien público. El proceso administrativo recibe su orientación y sentido de la autoridad política, cuyos fines deben ser concebidos como medidas o disposiciones tendientes a garantizar el bien público.

Esa vinculación de medios y fines supone la participación compartida en creencias y valores, que son hechos de conciencia que van más allá de la jerarquía de las autoridades y de las normas legales. Esa participación en valores es necesaria para asegurar la correcta actuación de los funcionarios, ya que los controles externos son necesarios pero insuficientes para tal fin.

Actuación pública y discrecionalidad: Éticamente no hay una separación absoluta entre Administración y Política, como lo han pretendido algunas ideologías políticas liberales. La Administración Pública no es únicamente un “fiel ejecutor” de las asignaciones autorizadas de valores que realiza el poder político, porque en su actuación siempre tiene cierto margen de discrecionalidad. De allí la importancia del control, y más allá del mismo, del autocontrol ético.

Esa aceptación de los valores vigentes en la sociedad debe estar acompañada de idoneidad técnica. No basta que los funcionarios participen de las creencias básicas de los ciudadanos. Es necesario que también los vinculen con las exigencias de sus profesiones y sepan aplicar con idoneidad técnica los principios éticos generales a los casos particulares.

Ética de la responsabilidad y fines de la Administración Pública: Dado que los controles y normativas de carácter externo no bastan para determinar de un modo completo los actos de la Administración, es necesaria una ética de la responsabilidad individual por la gestión, la cual, al menos en parte, es motivada por el mismo agente. Esa responsabilidad opera como un freno ante el riesgo siempre presente de la corrupción, que en esencia consiste en el reemplazo total o parcial de los fines de bien público por fines de interés privado, bajo muy variadas formas.

Las formas de la corrupción en la Administración Pública: La preocupación por la ética de la Administración Pública deriva en parte de la existencia, más o menos frecuente, de casos de corrupción de diverso tipo, que se dan pese a tratarse de una actividad reglamentada y, al menos en teoría, estrechamente controlada. La corrupción siempre aparece en situaciones de conflicto de intereses entre lo público y lo privado:

El soborno es aceptar dinero u otros valores a cambio de favores otorgados mediante las funciones y atribuciones de un cargo en la Administración.El tráfico de influencias se refiere a presiones indebidas para que se tomen decisiones destinadas a favorecer a alguien que tiene una vinculación de intereses con el empleado público que ejerce dichas presiones. El tráfico de información es la entrega indebida de información pública reservada, que crea una situación de privilegio o ventaja competitiva para alguien frente a la Administración Pública. El control individual de decisiones públicas puede crear situaciones de las que el empleado o funcionario saque provecho personal. La aceptación de regalos, cuando exceden los limites protocolares y las relaciones públicas y están destinados a generar actitudes favorables hacia intereses privados. El desempeño de empleos o actividades incompatibles con la condición de funcionario de la Administración Pública. El nepotismo, que consiste en nombrar para un puesto o cargo a alguien por ser pariente de quien lo nombra, sin las garantías del concurso público, generalmente bajo la excusa de necesitar una “persona de confianza” en ese puesto.

En conclusión, el objetivo ético de la Administración Pública es la atención del bien público, que no es una idea abstracta sino un concepto práctico, que se manifiesta en decisiones y acciones que efectivamente contribuyen al bien general de la comunidad administrada por el Estado.

Los funcionarios deben orientar su conducta hacia ese fin público, para lograr objetivos concretos, cuya sumatoria incremente ese bien social para el que existe la Administración Pública. Toda otra actitud es síntoma, al menos, de falta de idoneidad y ocasionalmente, de corrupción.